El PP no condena el acoso a la prensa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, perdió este jueves la oportunidad de defender el derecho constitucional a la información y de censurar el hostigamiento al que su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, sometió el martes a dos periodistas de EL PAÍS. Bien al contrario, volvió a presentarse como víctima para así evitar asumir la responsabilidad política que le corresponde.

En apenas una semana, un problema privado del empresario Alberto González Amador con Hacienda, que le denuncia por un fraude fiscal que él mismo reconoce, ha derivado, de manos de su pareja, la presidenta madrileña, en una acusación contra “todos los poderes del Estado” de conspirar contra él y, ahora, en un ataque inaudito contra la prensa que lo investiga.

El interés público de las actividades empresariales de González es indiscutible, pues compró su vivienda tras multiplicar sus ingresos gracias a los contratos investigados por Hacienda. Esa vivienda es la actual residencia de Ayuso, la primera autoridad de Madrid. El martes, dos reporteros de EL PAÍS acudieron a la zona donde se encuentra el edificio a preguntar detalles sobre unas obras en esa vivienda a los vecinos en la vía pública. Al ser interpelados por un agente del servicio de vigilancia de la presidenta, se identificaron. La interacción fue profesional y respetuosa. Esa noche, el jefe de gabinete de Ayuso difundió sus nombres, apellidos y fotografías, acusándolos de “acosar” a los vecinos, incluidos menores. A pesar de la presencia policial, no consta ningún informe que afirme nada parecido. Si así fuera, sería de esperar una denuncia judicial y no el ejercicio de intimidación pública puesto en marcha por Rodríguez, cargo público, contra los reporteros. El bulo fue repetido por libelos afines y amplificado en las redes sociales hasta derivar en amenazas. A la mentira y la revelación de datos personales se suma el señalamiento de periodistas.

Este jueves, Isabel Díaz Ayuso repitió de nuevo el bulo, palabra por palabra en sede parlamentaria, en el pleno de la Asamblea de Madrid. Asume así el comportamiento de Rodríguez y confirma, por tanto, como política oficial de la Comunidad que preside el acoso de su jefe de gabinete a la prensa.

Asociaciones integradas por profesionales de los más diversos medios, líneas editoriales y tendencias ideológicas como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la Asociación de la Prensa de Madrid, Reporteros Sin Fronteras y la Agrupación de Periodistas condenaron el miércoles esa estrategia de intimidación. Como demuestra esa respuesta mayoritaria, y contra lo que pretenden la presidenta madrileña y su equipo, esta no es una polémica entre su Gobierno y uno o dos medios de comunicación, sino un ataque desde cargos públicos a la libertad de prensa, un derecho recogido en la Constitución.

La responsabilidad de que no se normalice este intento de amedrentar a profesionales pasa también por el PP. Su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, se mostró este jueves comprensivo con Rodríguez y evitó toda crítica a su actuación. La versión madrileña del trumpismo venía cumpliendo con todos los capítulos del manual del populismo: el victimismo ante las críticas, el negacionismo de los consensos más elementales y una gran habilidad para secuestrar el debate público con declaraciones estruendosas. En ese patrón faltaba, hasta ahora, el señalamiento contra la prensa incómoda, incluidos nombres, apellidos y fotografías de reporteros arrojados a los fanáticos. No podemos permitir que algo así empiece a considerarse normal en una democracia como la española.