No es el delito, es la mentira

La Fiscalía provincial de Madrid ha denunciado al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de presunto fraude fiscal. La cantidad defraudada asciende a 350.951 euros en el impuesto de sociedades de la empresa de González entre los ejercicios 2020 y 2021. González se dedica a la intermediación en contratos de servicios sanitarios y durante la pandemia su empresa multiplicó por seis la facturación gracias a facilitar la compraventa de mascarillas y otro material sanitario. Según la Agencia Tributaria, intentó camuflar esos ingresos extra con un entramado de facturas falsas para no pagar impuestos. Él niega que tuviera esa intención, pero admite que la apreciación de delito es correcta. La investigación está judicializada de oficio porque las cantidades defraudadas superan los 120.000 euros.

El caso supone un problema de imagen para la presidenta. Si bien se trata de una cuestión privada de González, como máxima responsable de la Administración madrileña, Ayuso no puede permitirse ignorar una cuestión como esta. Lo primero que necesitan los ciudadanos es saber que ella no tenía conocimiento del presunto delito cometido por su pareja o, en su defecto, que haga una defensa creíble de su ignorancia. Tres días después de saltar la noticia, aún no lo ha hecho.

En la investigación de Hacienda contra González no constan por el momento indicios de tráfico de influencias, tampoco de contratación directa con la comunidad autónoma que preside Ayuso. González se dedica a la consultoría del negocio sanitario desde hace más de dos décadas. De lo que sí es responsable la líder madrileña es de su actuación política. El miércoles respondió a la Fiscalía con una agresión inaceptable para cualquier cargo público. Afirmó que González “sufre” una “inspección salvaje y sacada de quicio”. Más aún, añadió que está siendo “asediado” por “todos los poderes del Estado”. Horas más tarde, trascendió que la defensa de González admitió el 2 de febrero los delitos, como parte de una estrategia legítima para rebajar en dos grados las penas y así evitar la cárcel. Las palabras de Ayuso transitan así de la bravuconada a la falsedad.

En 2022, la Agencia Tributaria inició casi 1,9 millones de actuaciones o comprobaciones fiscales y logró recuperar más de 15.000 millones de euros. Entre ellas, 39.000 fueron inspecciones a grandes empresas y patrimonios. Que Ayuso considere una conspiración la inspección a su pareja resulta sonrojante, un ataque sin fundamento al trabajo de los funcionarios del Estado, propio del populismo victimista.

Descalificar primero a la inspección de Hacienda, después a la Fiscalía y finalmente a los medios de comunicación que lo cuentan no es una novedad en la reciente historia de España; baste recordar al Jordi Pujol investigado por el caso de Banca Catalana. Hay una larga tradición de comportamientos poco institucionales e irrespetuosos con la división de poderes —la justicia es solo justa cuando resuelve a favor, pero injusta y partidista cuando lo hace en contra—, pero es el partido de Ayuso el que más ha descollado en tales prácticas.

La presidenta ve una conspiración política contra ella en una actuación administrativa de manual. Con ello se implica de lleno y se juega su credibilidad como cargo público en un asunto sobre el que, hasta el miércoles, no tenía más responsabilidad que la de lidiar con la incomodidad ética de vivir en un piso presuntamente comprado con el resultado de un delito tributario. Si no se produce una rectificación urgente, es cuestión de días que un problema del ciudadano González con Hacienda empiece a ser un problema de todo el Partido Popular.