El Gobierno defiende que la investigación a la pareja de Ayuso siguió el camino habitual de los casos de fraude fiscal

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), ha defendido este miércoles que la inspección fiscal de la Agencia Tributaria contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha seguido los trámites habituales de este tipo de procesos. Fuentes de la Fiscalía insisten en la misma línea al referirse, igualmente, a la posterior denuncia que ha presentado el ministerio público contra Alberto González Amador, novio de la dirigente popular, por defraudar 350.951 euros al erario público.

Ayuso ha cargado este miércoles contra varias instituciones y en una rueda de prensa se ha presentado como víctima de un complot “de todos los poderes del Estado” contra su pareja. A sus palabras ha respondido después, durante una entrevista en la Cadena SER, la ministra de Hacienda: “Es una mentira. Lo primero que quiero es desmentir absolutamente y defender la profesionalidad de todos los empleados de la Agencia Tributaria, que hacen un trabajo riguroso persiguiendo el fraude fiscal como es su obligación. Porque, para tener un sistema tributario justo, todo el mundo tiene que aportar según su capacidad”. La vicepresidenta ha remachado: “[Las declaraciones de Ayuso] me han recordado a la excusa permanente de la teoría de la conspiración, a la que el PP nos tiene acostumbrados. Una excusa les lleva siempre a ser la víctima y a no asumir la responsabilidad”.

Una vez finalizado el proceso inspector de Hacienda, el caso llegó a la Fiscalía de Madrid. Y, una vez allí, el caso de la pareja de Ayuso recorrió el camino habitual que siguen este tipo de procedimientos, según fuentes del ministerio público. En estos casos, la Agencia Tributaria remite toda la documentación e información a la Fiscalía Provincial de Madrid, que automáticamente la reenvía a los especialistas de su sección de delitos económicos. Este departamento es, por ejemplo, el que ha llevado la acusación contra Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid y a quien se atribuyen también dos delitos fiscales por defraudar al erario público más de un millón de euros en 2014 y 2015.

Según detallan estas mismas fuentes, tras llegar al área de delitos económicos, se asigna a un fiscal para el caso. Este elabora un informe y, posteriormente, se redacta una denuncia. Un escrito que la decana del departamento visa primero; antes de que, después, haga lo propio la fiscal jefe provincial de Madrid. A continuación, se remite a los tribunales para que se proceda al reparto y se decida a qué juzgado le corresponde analizar la causa.

Pese a todo este procedimiento, donde intervienen numerosos funcionarios, Ayuso ha decidido presentarse como víctima de “una persecución política” para tapar el caso Koldo, que afecta al antiguo asesor del exministro socialista José Luis Ábalos. Ya este martes, tras conocerse el contenido de la denuncia contra el novio de la presidenta de la Comunidad, la jefa del Gobierno regional optó por colocar la diana sobre la Fiscalía de Madrid: “La Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue directora general en el Ministerio de Justicia con [José Luis Rodríguez] Zapatero”, escribió en su cuenta de X (la red social antes llamada Twitter). Lo cierto es que la actual fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, no es la fiscal que firma la denuncia contra su novio y, además, durante su mandato, la Fiscalía de Madrid se ha pronunciado en diferentes ocasiones a favor de los intereses de su Ejecutivo y del PP: por ejemplo, no vio “relevancia penal” en denuncias por las muertes por covid en las residencias; y mantuvo la petición de que se absolviera al partido en el juicio sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores que usaba Luis Bárcenas, extesorero popular condenado por corrupción.

Tras la arremetida de Ayuso, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) salió en defensa de la labor de los compañeros de la Fiscalía de Madrid: “UPF quiere manifestar su más absoluta disconformidad con el cuestionamiento de la profesionalidad de la fiscal jefe de Madrid en base a su anterior trayectoria en puestos de responsabilidad en organismos públicos. Recordamos a todos los políticos que la legalidad e imparcialidad son las guías de actuación de cualquier fiscal en España. Es necesario subrayar que son la justicia y la democracia las auténticamente perjudicadas por la falta absoluta de rigor en la crítica pública”.