Reporteros sin Fronteras exige a Ayuso que frene los “ataques y bulos” contra periodistas de EL PAÍS

La ONG de referencia mundial en la defensa de los periodistas, Reporteros Sin Fronteras (RSF), se ha declarado “profundamente alarmada por las graves imputaciones contra periodistas” que ha dirigido el equipo de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, contra periodistas de EL PAÍS y eldiario.es. RSF ha exigido a la líder popular que detenga los “ataques propios de las dictaduras”, después de que el Gobierno Regional acusara, sin pruebas, a dos periodistas de este medio de intimidar a los vecinos de Ayuso, incluidos menores, cuando investigaban unas obras ejecutadas, presuntamente sin permiso, en el piso de la pareja de la dirigente. Las acusaciones de la mandataria se enmarcan dentro de la revelación de un presunto fraude fiscal cometido por su pareja, Alberto González Amador.

Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF España y miembro del Consejo de Administración de RSF Internacional, ha señalado: “Estamos escandalizados con las imputaciones de delitos falsos, las maniobras de difamación, el esparcimiento de informaciones falsas y la vulneración de la protección de datos que procede, según denuncian los medios afectados, desde la Comunidad de Madrid contra periodistas cuyas investigaciones les resultan molestas”.

La Asociación de Periodistas de Investigación también ha manifestado su solidaridad con los comunicadores. Ha publicado en la red social X que esta mañana está siendo “muy dura para el periodismo”, en alusión a los “bulos sobre la redacción de eldiario.es” y la intención de “intimidar a dos periodistas de EL PAÍS”. En la misma línea, Paloma López, secretaria general de Comisiones Obreras, ha considerado “intolerable” que “se amenace a los y las trabajadoras de un medio de comunicación con cerrarles su empresa y quitarles sus puestos de trabajo”. López ha acusado al Gobierno regional de “difundir noticias falsas” para coartar “el derecho fundamental a la libertad de información”.

Para la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) “es intolerable que se intente amedrentar a los profesionales de la información en el ejercicio de su labor”. Como muestra de solidaridad, la organización ha ofrecido sus servicios jurídicos a “los periodistas y medios de comunicación agraviados, para emprender cuantas acciones legales consideren oportunas en la vulneración de sus derechos”. Días atrás y en relación con los mensajes de recibidos por eldiario.es, la FAPE y la Asociación de Prensa de Madrid (APM) ya publicaron un comunicado conjunto que señalaba al gabinete de Ayuso de ejercer una “presión intolerable que coarta la libertad de prensa”.

Más Madrid, el partido que lidera la oposición al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado a cuatro cargos autonómicos que comparezcan en la Asamblea regional para aclarar si conocían qué mandos de la Comunidad de Madrid difundieron o ayudaron a difundir el nombre, la foto y un bulo sobre dos reporteros de EL PAÍS.

Los redactores de EL PAIS se habían limitado a consultar con vecinos y comerciantes, “siempre en la calle e identificados como periodistas del medio”, relata RSF, sobre la posible realización de obras en la vivienda que la presidenta de la Comunidad de Madrid comparte con su pareja, investigada por la fiscalía por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros. RSF ha resaltado que “identificarse como periodista de un medio y preguntar a vecinos y comerciantes para elaborar una información es una práctica absolutamente habitual y acorde con cualquier código deontológico de la profesión”.

Mientras los periodistas hacían su labor, fueron abordados por un hombre que se identificó como policía nacional. Les pidió la acreditación de prensa e identificación. El agente vestido de civil anotó los datos personales que fueron comunicados al director general de seguridad de la Comunidad de Madrid, según una fuente gubernamental, y luego fueron difundidos a los medios de comunicación por el equipo de la presidenta regional, que además acusó falsamente a los reporteros de acoso a menores.

Los datos de cualquier persona identificada por las fuerzas de seguridad son confidenciales y, por tanto, no pueden ser facilitados a terceros ni, por supuesto, divulgados a la prensa. Uno de los medios de comunicación que se hizo eco del bulo, publicándolo sin contrastar su veracidad, ni contactar con los afectados, incluso publicó una fotografía de los informadores.

RSF ya había condenado el 18 de mayo lo que denominó “intolerables amenazas del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso a eldiario.es”, después de que Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso, escribiera por WhatsApp a la periodista Esther Palomera: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”.

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