La investidura de la amnistía

Dos claves marcaban a priori la expectación ante la primera jornada de la sesión de investidura, celebrada este miércoles. La primera era la esperadísima explicación del candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la ley de amnistía pactada con el independentismo catalán. La segunda, hasta dónde podía llegar en el hemiciclo el clima de deslegitimación institucional que se está viviendo estos días en España ante la pasividad, cuando no el estímulo, de la oposición de las derechas. El líder ultra, Santiago Abascal, llegó a comparar este miércoles a Sánchez con Hitler, afirmó que el líder socialista está dando un golpe de Estado, y exigió a su socio autonómico y municipal, el PP, la insubordinación del Senado y que use su mayoría en la Cámara alta para no tramitar las medidas de gracia. También le instó a promover la ilegalización de ERC y Junts.

El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, golpeó en las contradicciones del candidato, lo acusó de corrupción política y fraude electoral, pero dijo por fin y en el Parlamento: “Esta es una mayoría de investidura legítima”. Aunque la sinfonía de voces en el PP es hoy múltiple y el discurso general sigue instalado en una peligrosa hipérbole en competición con Vox, las palabras del presidente del partido fueron una tranquilizadora novedad durante un debate durísimo, encarnizado, pero de absoluta normalidad democrática en un Congreso de los Diputados blindado por las fuerzas de seguridad.

Aunque el candidato socialista inició su intervención con una expresión de respeto a quienes estos días se manifiestan pacíficamente contra sus pactos, tardó una hora y 25 minutos en pronunciar la palabra amnistía. Sánchez enhebró un discurso de investidura concebido para explicar por qué los dificilísimos acuerdos que han conseguido hilar —incluida las medidas de gracia que negaba hace solo unos meses— se justifican para revalidar un Gobierno de coalición progresista que frene a la ultraderecha y a la derecha dispuesta a pactar con ella.

Así, Sánchez trazó un panorama global marcado por retos como las guerras en Ucrania y Oriente Próximo, la emergencia climática, la desigualdad entre hombres y mujeres o la inequidad económica y laboral acentuada por el desarrollo de la inteligencia artificial. Si la democracia no da respuesta a la inseguridad, recalcó, esta se convertirá en rabia hasta socavar la propia democracia. La rabia, añadió, es el alimento de la extrema derecha. Ante ella presentó como muro de contención las políticas de su Gobierno en los últimos cinco años, y las futuras del que se dispone a reeditar, frente a la retahíla de medidas “retrógradas” que la alianza PP-Vox está tomando ya en municipios y en comunidades autónomas españolas y que afectan sobre todo a las grandes obsesiones de los ultras: la batalla climática, las medidas para la igualdad de género, la defensa del colectivo LGTBI y la inmigración.

Aunque la mayoría de los ejemplos eran locales, no faltaron referencias internacionales —citó a Javier Milei, el candidato ultra en Argentina— a la batalla entre las políticas progresistas y las reaccionarias que se da en Europa y en todo el planeta. Fue una descripción polarizada del mundo, en la que se echó de menos un llamamiento a los españoles que no le votan para sumarlos al proyecto común, esa mayoría sociológica que él mismo evocó como defensora y beneficiaria de los avances que defiende su Gobierno, aunque en las últimas elecciones apoyaran opciones conservadoras.

El relato pretendía llegar cargado de estas razones al precio más controvertido de su investidura: la ley de amnistía. No se produjo en el discurso de Sánchez la explicación razonada de su cambio de opinión y hubo que esperar al debate, horas después, para que reconociera que fue el resultado de las elecciones del 23 de julio el que generó la oportunidad de proponer las medidas de gracia: o se mantenían inamovibles los planteamientos de partida y se iba a una repetición electoral o se apostaba por una negociación “sincera y honesta” con Junts, transformando “las vicisitudes en oportunidades” y enfrentándose de cara a los problemas. La falta de novedades en la explicación de la amnistía y el clima de crispación que la rodea convierten esta medida en la apuesta más arriesgada del candidato.

Más allá de Cataluña, los planes para la legislatura responden a las prioridades de la socialdemocracia clásica adaptada a los retos del mundo presente. Su socio por la izquierda, Sumar, le pidió más ambición en política fiscal, industrial y de vivienda. Sánchez ofreció reformar la financiación autonómica, agilizar los trámites en la Administración, acelerar el acceso a las ayudas a la dependencia y promover un pacto sobre la salud mental, una ley de representación paritaria y otra de agricultura familiar. También anunció la gratuidad del transporte público para menores, jóvenes y parados, reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales y prolongar la vigencia del bono cultural y la bajada del IVA de los alimentos.

Si la votación de hoy no arroja sorpresas y Sánchez es investido presidente, la primera tarea de su Gobierno será la elaboración y aprobado de los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo, donde deberá combinar esta amplia oferta social con la disciplina fiscal que impone la vuelta de las reglas suspendidas en Bruselas desde la pandemia.

Pese a su aspereza, la pulcritud del debate celebrado este miércoles remite a una democracia que se enfrenta a sus problemas —incluso los más graves— en el marco que la Constitución establece.