Las protestas ante las sedes del PSOE dividen al PP y Vox

Desde que la semana pasada se hizo público que el Gobierno iba adelante con la aprobación de una ley de amnistía para los independentistas catalanes, el PP y Vox se han lanzado a una competición a cara de perro para liderar la reacción en las calles. Populares y ultras llevan semanas convocando manifestaciones y actos públicos contra la medida de gracia, hasta que esta semana esa estrategia de agitación de la calle ha subido de nivel y se ha dirigido contra las sedes del PSOE. El PP, que a diferencia de Vox, no ha patrocinado estas últimas protestas ―el líder ultra, Santiago Abascal, ha participado en una de ellas―, se unió en un primer momento a la extrema derecha para cuestionar la actuación de la policía ante la primera noche de tensión en Ferraz. Después de la deriva cada vez más violenta de las concentraciones, que se han descontrolado con disturbios provocados por grupos neonazis y de ultraderecha, el PP y Vox se han dividido. Los populares, incluidos los presidentes autonómicos que comparten gobiernos con Vox, han pasado a condenar de forma explícita la violencia, mientras los ultras han cargado contra ellos por “criminalizar” las manifestaciones. Abascal se ha lanzado a descalificar al PP por “pusilánime”, aumentando la tensión entre los dos aliados.

El PP viró el miércoles su discurso y condenó de forma explícita la violencia, después de haberse resistido desde el lunes por la tarde a hacerlo, a pesar de que ese día la protesta en Ferraz ya terminó con cargas policiales y tres detenidos. La consigna de la dirección, que el día anterior había tratado de navegar en la ambigüedad cargando las tintas contra la actuación policial, cambió el miércoles por completo a una desautorización expresa de los incidentes violentos. En cambio, Vox responsabilizó de los disturbios al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien imputa ordenar “acciones absolutamente desproporcionadas” y “manifiestamente ilegales”. “La violencia es responsabilidad de Marlaska”, ha defendido Abascal.

Alberto Núñez Feijóo y todos sus barones, incluida Isabel Díaz Ayuso ―que, de hecho, se adelantó al líder― condenaron los disturbios durante el día. “La violencia no tiene cabida en democracia y debe rechazarse siempre. Ya sea por ultras de extrema izquierda o de derecha. La violencia no tiene cabida en democracia y su impunidad, tampoco”, dijo Feijóo a mediodía, aunque señaló a Pedro Sánchez como responsable. Por la tarde, el líder de Vox cargó contra el PP. “Otra vez Génova y sus satélites despistados”, dijo Abascal a los suyos mediante la red social X, antes Twitter. “El mayor favor que se le puede hacer a los golpistas es criminalizar las protestas contra el golpe. En eso están los pusilánimes y los interesados. Los que aspiran a ser una oposición blandita, para que los golpistas no los insulten. Los que ofrecen pactos a Sánchez o incluso a Junts. Los que aspiran a heredar las ruinas. Ni caso. Nosotros, junto a los españoles que están dispuestos a hacer frente a los que pretenden liquidar la Ley y la Nación”.

El problema del PP en este choque con Vox son sus cinco gobiernos autonómicos conjuntos ―Castilla y León, Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón―, que se tensionan con las discrepancias entre los aliados. Junto a Feijóo, los presidentes autonómicos del PP salieron en cascada contra la violencia en las protestas, incluidos los que comparten Gobierno con los ultras, aunque sus vicepresidentes habían estado participando en esas concentraciones. “Nada que tenga que ver con la violencia tiene que ver con el Partido Popular. Sin paliativos, sea contra quien sea. No puede ser que las manifestaciones sean al margen de la ley”, enfatizó el presidente aragonés, Jorge Azcón. En esa misma línea fueron todos. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, expresó su condena a la violencia “en todos sus términos, venga de donde venga y se dirija contra quien se dirija”.

Pero Azcón, como otros de sus colegas, soslayó el reproche directo a su socio de Gobierno, evitando valorar la conferencia de prensa que tuvo lugar el martes en la sede de Vox en Madrid, en la que Abascal reunió a todos sus vicepresidentes en gobiernos del PP, y con ellos delante llamó a la policía a rebelarse contra La Moncloa. “Es un acto de su partido. Estoy convencido de que los policías van a cumplir con la obligación que tienen”, dijo Azcón, tratando de restarle importancia. Los populares hacen como que oyen llover con sus socios ultras. Aunque el partido de Abascal ha instado a sus aliados a romper relaciones institucionales con el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, de momento el PP se resiste a seguirlo en su propósito.

El PP se ve obligado, no obstante, a hacer equilibrios para no perder el favor de su base social, que comparte con Vox la animadversión a Pedro Sánchez y la indignación por la aprobación de la amnistía, mientras intenta mantener un comportamiento de partido de Estado. Esa tensión se vio en la renuncia el miércoles de uno de sus cargos públicos a consecuencia de las protestas. Dante Pérez, alcalde popular de Gimenells (Lleida), un municipio de poco más de 1.000 habitantes, anunció que se da de baja del Partido Popular al acusarlo, igual que Vox, de haber “criminalizado” las protestas en Madrid en contra de la amnistía. Tras reprochar al PP que haya intentado “normalizar” la relación con el nacionalismo, Pérez apuntó: “Y lo peor: cuando el pueblo al que el PSOE conduce a una dictadura decide rebelarse, lo criminaliza”.

Con tácticas diferentes, PP y Vox pretenden mantener la tensión en la calle, aunque las protestas se estén descontrolando. Los populares han convocado para el domingo concentraciones en todas las capitales de provincia, mientras los ultras siguen llamando a acudir frente a la sede del PSOE. El PP está molesto con Vox porque considera que, al jalear a los violentos, está ayudando al PSOE a “desviar el foco” con los disturbios en las protestas, en lugar de que se siga hablando de los pactos con los independentistas. “Vox se retroalimenta con el PSOE”, se quejan dirigentes del PP. Los socios discrepan, pero mantienen intacta su alianza y su estrategia de agitación de la calle.