Las concentraciones de jueces en Andalucía y Salamanca por el pacto entre el PSOE y Junts derivan en una protesta contra la amnistía

Jueces y magistrados —entre ellos, el presidente de la Audiencia de Sevilla en funciones—, fiscales —como el fiscal jefe de Sevilla o los fiscales Anticorrupción—, abogados, procuradores y secretarios judiciales —representados por los presidentes de sus respectivos colegios profesionales— se han concentrado al mediodía de este martes frente a la sede de la Audiencia de la capital andaluza para manifestar su rechazo al contenido del acuerdo de investidura firmado por el PSOE y Junts. Pero, un día después de que se registrara en el Congreso la proposición de ley de amnistía, la concentración se ha convertido en un acto para mostrar su “preocupación” ante la lesión a la independencia judicial y la división de poderes que, aseguran, puede representar la norma. En otras ciudades como Huelva, Cádiz, Jaén y Salamanca se han convocado concentraciones similares. Los miembros de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, que sí suscribieron la semana pasada un comunicado crítico con la referencia al lawfare (judicializacion de la política) incluida en el pacto entre el PSOE y Junts, se han desvinculado de estas concentraciones y han decidido no acudir. “La defensa de la separación de poderes exige mantener una imagen de imparcialidad y neutralidad que estos actos no garantizan”, señalan desde la asociación.

Los jueces no tienen restringido legalmente el derecho a manifestarse, por lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) descarta actuar contra quienes han participado en las concentraciones de este martes. La participación en actos de estas características, señalan fuentes jurídicas, sí ha sido abordada en varias ocasiones por la comisión de ética judicial, un organismo independiente cuya función es orientar sobre la interpretación de los principios de ética judicial. En dos informes emitidos hace dos meses, recomendó a los jueces no asistir a mítines de partidos políticos y, cuando se trate de manifestaciones, sopesar cómo sería percibido por la opinión pública. La comisión exponía en esos escritos que los jueces, “como cualquier otro ciudadano”, disfrutan del derecho fundamental de asistir a una manifestación, pero, como ocurre con otros derechos, con ciertas “limitaciones” que son consecuencia “del deber ético que incide en su vida no estrictamente profesional de evitar toda actuación que pueda cuestionar la independencia o la confianza de la sociedad en el Poder Judicial”, lo que debe llevarles a actuar “con moderación y prudencia”.

Respecto a la asistencia a manifestaciones, la comisión distingue entre las convocadas “con ocasión de amenazas a la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales y en defensa de las mismas, alejadas de la lucha partidista”, que merecerán un “juicio ético positivo”, de aquellas otras en las que la participación de los jueces resulta “desaconsejable”. Entre estas citaba las manifestaciones en las que la participación del juez puede “poner en entredicho la confianza de la ciudadanía en la justicia”; o las que están vinculadas directa o indirectamente “con un caso o grupo de casos pendiente ante los tribunales o que probablemente puedan llegar a presentarse ante los tribunales”. La ley de amnistía tendrá que ser aplicada por todos los tribunales que hayan juzgado o tengan abiertos casos vinculados al procés independentista catalán, lo que, en principio, podría chocar con esta recomendación; de ahí, según algunas fuentes, que la convocatoria se haya hecho formalmente para adherirse al comunicado suscrito por todas las asociaciones judiciales contra la introducción del concepto de lawfare en el pacto entre los socialistas y Junts, un asunto sobre el que ya se ha pronunciado también la Sala de Gobierno del Supremo.

Los dictámenes de la comisión ética son recomendaciones cuyo seguimiento no se impone a los miembros de la carrera. Los jueces sí están vinculados a la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo artículo 418.3 considera falta grave “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición”. Las fuentes del CGPJ consultadas descartan que este precepto se pueda aplicar a concentraciones como las celebradas este martes, e inciden en que el derecho de concentración y de libertad de expresión son derechos fundamentales. La concentraciones llegan, además, después de una semana en la que las asociaciones judiciales, el Consejo y hasta la Sala de Gobierno del Supremo han censurado duramente la ley de amnistía y la inclusión del concepto lawfare en el acuerdo entre el PSOE y Junts. No obstante, la comisión disciplinaria del Consejo podría entrar a valorar la conducta de los jueces si recibe alguna denuncia al respecto, pero las fuentes insisten en que no se aprecia, de entrada, nada sancionable.

La convocatoria de Sevilla, promovida por el juez decano, Francisco Guerrero, tenía como objeto adherirse al comunicado conjunto que todas las asociaciones de jueces realizaron el 9 de noviembre contra el término lawfare. Aunque la proposición de ley de amnistía registrada este lunes por los socialistas no incluye ese concepto, los congregados han mantenido su crítica. “La propia ley es un lawfare, porque lo que viene a decir es que lo que ha ocurrido en un determinado periodo de tiempo no existe. Con lo cual, de alguna manera, nos está apuntando en el sentido de que parece ser que todo lo que ha ocurrido ahí a nivel judicial ha sido una persecución política”, ha señalado Joaquín Yust Escobar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), una de las asociaciones convocantes. El magistrado ha manifestado su preocupación por la proposición de ley de amnistía. “Genera muchísima inquietud”, ha asegurado, tras sostener que su “carácter genérico e indefinido” planteará “problemas interpretativos en el momento en que llegue a los órganos judiciales encargados de aplicarla”.

El decano de los jueces no ha entrado en el contenido de la ley, pero sí ha mostrado “preocupación” por las consecuencias de su aplicación. “El Estado democrático de derecho se basa en una serie de principios, entre ellos la independencia judicial, que es fundamental porque los jueces están solamente sometidos al imperio de la ley y el ciudadano debe entender que la garantía de sus derechos y libertades está protegida por los jueces”, ha dicho.

“Independencia judicial”

El decano ha negado que la concentración pueda empañar la apariencia de independencia judicial. “Es un imperativo categórico y ético entender la preocupación de los miembros de la carrera judicial y de todas las profesiones jurídicas respecto a la independencia judicial”, ha considerado. Una preocupación que también han trasladado a los medios los presidentes del Colegio de Abogados y del Colegio de Procuradores de Sevilla, presentes en el encuentro.

A la concentración ha asistido el expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, en calidad de “ciudadano, jurista, abogado y profesor de Universidad”. “Estamos siendo testigos de una malversación de la historia de España y de un ataque cruel y meditado a las instituciones españolas, por lo que es lógico que los operadores del Derecho se manifiesten en defensa de la independencia del poder judicial”, ha señalado Borbolla, uno de los históricos del PSOE andaluz —junto con Felipe González y Alfonso Guerra— más críticos con los acuerdos de su partido con las formaciones independentistas.

Jueces y representantes del ámbito judicial también han convocado concentraciones en Cádiz, Huelva, Jaén y Salamanca, que se suceden a la que el lunes se celebró en Córdoba. Este miércoles está previsto que se reúnan los magistrados de Málaga, Almería y Granada. El Tribunal Superior de Justicia andaluz ha emitido también un comunicado en el que muestra su “preocupación ante las recientes iniciativas políticas plasmadas en el contenido del documento”, en referencia al acuerdo entre el PSOE y Junts, y que en su opinión tienen “enorme trascendencia y repercusión jurídica y social” pues “traslucen grave desconfianza en el poder judicial”.