El Gobierno envía la proposición de ley de amnistía a Bruselas tras su registro en el Congreso

El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha enviado sendas cartas al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y a la vicepresidenta de Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová, en las que solicita reunirse con ambas instancias de la UE para exponerles la posición del Gobierno de España sobre la proposición de ley de amnistía a los encausados del procés registrada este lunes por el PSOE en el Congreso. Bolaños les ha remitido una copia de la proposición de ley al mismo tiempo que les informa en las misivas, mandadas este martes, de que el grupo parlamentario socialista registró el lunes por la tarde la proposición de ley orgánica “para la normalización de la situación institucional, política y social en Cataluña”. Y especifica que el texto debe seguir la correspondiente tramitación parlamentaria. El ministro, que ha sido el negociador del contenido de la ley de la medida de gracia acordada con ERC y Junts, solicita una reunión “a la mayor brevedad posible” para exponer la posición del Gobierno. El Ejecutivo comunitario ha recibido las cartas y el texto de la propuesta de ley de amnistía, según ha confirmado el gabinete de la vicepresidenta Jourová.

La semana pasada, cuando no había aún ni siquiera un borrador de propuesta sobre la mesa, el comisario Reynders —liberal belga, pero que se percibe como cercano a las posiciones del PP— envió una carta al Gobierno español en la que hablaba de “serias preocupaciones en relación con los debates en curso” sobre la ley de amnistía. En una carta dirigida a Bolaños y a la ministra de Justicia, Pilar Llop, Reynders pidió aclaraciones por los “debates en curso” sobre “la posible aprobación de una ley de amnistía”, antes incluso de que hubiera un texto sobre la mesa. “Le agradecería que me facilitara información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista”, decía el escrito, en el que Reynders instaba además a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el PP impide y en diciembre cumplirá cinco años bloqueada. Bolaños le respondió entonces que el asunto era una cuestión de partidos —el PSOE negoció con los independentistas, no el Ejecutivo— y no del Gobierno, y que cuando hubiera una propuesta registrada la enviarían y solicitarían una reunión para hablar del tema. Así ha sido.

La Comisión Europea estaba a la espera de recibir la propuesta del texto legal para analizarla, según ha precisado un portavoz del Ejecutivo comunitario. Ya la tiene y ahora se espera que se pronuncie sobre su encaje jurídico. Bruselas no tiene demasiado margen de maniobra y analizará si la propuesta vulnera alguno de los principios fundamentales (como la separación de poderes) o involucra fondos europeos. La propuesta de ley de amnistía menciona expresamente que no se podrán incluir en la medida de gracia “los delitos que afectarán a los intereses financieros de la Unión Europea”. Tampoco está en el texto el polémico “lawfare” —que podría dar lugar a la revisión de penas por una supuesta “judicialización de la política”— que sí aparece, en cambio, en los acuerdos del PSOE y Junts y que ha provocado la protesta de las principales asociaciones de jueces y fiscales españolas.

La situación es tensa también en Bruselas, donde el Partido Popular está dando la batalla para tratar de frustrar la ley. Los populares han reclamado que se celebre un debate en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo y se han movilizado en las instituciones comunitarias.

“La semana pasada, cuando contestamos a las cartas que habíamos recibido, no podíamos darles ninguna respuesta sobre la comprensión de ese texto legal, porque entonces no existía. Está registrado desde este lunesy, por tanto, se trata de un compromiso cumplido desde la tranquilidad de haber reconocido ayer un texto legislativo importante para nuestro país”, ha esgrimido la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Desde el punto de vista jurídico, anclado en el marco constitucional, estamos encantados de poder conversar y transmitir este contenido con las instituciones europeas”, ha abundado.