El PSOE registró la ley de amnistía en solitario para dejar de “marear la perdiz” ante “los egos” de ERC y Junts

El PSOE registró al límite y en solitario en la tarde del lunes la controvertida proposición de ley de amnistía ante los últimos recelos planteados por ERC hacia un punto de la norma incluido por la presión de Junts, el partido de Carles Puigdemont, relacionado con la redacción de la exclusión de los delitos de terrorismo y para “dejar de marear la perdiz”, como reconoció su portavoz en el Congreso, Patxi López. Un miembro de la dirección del grupo parlamentario socialista resumió esa disputa como una “lucha de egos” recurrente entre las dos formaciones independentistas catalanas y concedió que tendrán que acostumbrarse a la misma durante toda la legislatura. El secretario general de Junts, Jordi Turull, reconoció que desde el sector socialista del Gobierno se les pidió que no firmaran el texto con ellos para que ERC no se descolgara y esa razón fue por la que tampoco se sumaron al final los otros aliados. Casi todos esos socios se quejaron de que el PSOE les remitiese el proyecto a última hora y casi sin tiempo para analizar un documento tan complejo. Todos esos partidos respaldarán con su voto la aprobación de la ley cuando llegue al Congreso.

El sector socialista del Gobierno había quedado con sus socios y aliados de investidura en que enviarían la ley de amnistía con su redactado completo y definitivo en la noche del pasado domingo, con la idea de poder registrar conjuntamente la proposición en la mañana del lunes en el Congreso. La propia vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, afirmó esa mañana antes de las 12.00 horas, en la reunión de su grupo, que la norma iba a registrarse “en minutos”. Fueron horas. Y Sumar tampoco suscribió en esa última instancia el texto con el PSOE. En el camino se sucedieron una serie de contactos, llamadas e intercambios de ideas para perfilar lo que denominaron “cuestiones técnicas”, que en realidad eran diferencias de criterio entre ERC y Junts sobre algún aspecto concreto de la ley y sobre su pugna política casi permanente, según distintas fuentes consultadas.

En ERC constataron sobre las seis de la mañana del lunes, además, que el PSOE en el Gobierno les había remitido el texto ultimado sobre las dos de la madrugada, con alguna incorporación diferente a cómo la formación republicana creía que habían cerrado la norma unos días antes. El motivo que se esgrimió como discordia tenía que ver con cómo había quedado redactado el punto c del artículo 2, donde se definen las exclusiones de los beneficiados con la amnistía: “Los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017″. En ERC entendían que esa vía podría abrir la opción a meter dentro de los amnistiados a personas que no deberían estar. También transmitieron al PSOE algunos recelos a las aportaciones realizadas por el entorno de Carles Puigdemont después de conocerse el lunes de la semana pasada la imputación que le había formulado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por los actos violentos de Tsunami Democràtic.

El PSOE tenía prisa por registrar e introducir cuanto antes la ley de amnistía en el circuito del Congreso, pensando en acelerar cuanto se pudiera el proceso y su calendario, y comunicó así a todos sus aliados y en particular a Junts que firmaría la propuesta en solitario. Algunos de esos partidos, como EH Bildu o el BNG, no pudieron leer el texto hasta las 11.00 horas del lunes, poco tiempo antes del plan que tenían los socialistas para llevarla hasta el registro. Varios portavoces transmitieron al PSOE que precisaban de más tiempo para analizar un documento tan complejo, que más que probablemente acabará recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Los socialistas acabaron por asumir así que no habría ni firma ni foto conjunta y optaron por el realismo de enviar un técnico del grupo a proceder a su primera formalización en la Cámara al límite del registro presencial, justo a las seis de la tarde. Unos minutos después, algunos de sus socios empezaron a justificar esa soledad. El PNV explicó así que había revisado el documento y que en líneas generales estaba de acuerdo con el mismo, pero precisó que no lo habían suscrito “porque las partes negociadoras no lo han requerido”. Fue el argumento que remacharon otros aliados. Fuentes de algunas de esas formaciones confirmaron que el problema de fondo había estado en los reparos que ERC le planteó a alguna de las acotaciones aportadas in extremis por Junts. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, acabó por comparecer al final de esa tarde y no quiso dar ningún detalle sobre los motivos de que las demás fuerzas no firmasen para no entorpecer más la situación.

Este martes, tanto el PSOE como Sumar y otras de esas formaciones que respaldarán la investidura de Sánchez, en el debate que empezará este miércoles y que culminará el jueves con la votación, se empeñaron en destacar que lo relevante no ha sido quién firmó la proposición, sino que saldrá adelante con 178 votos de hasta siete partidos y supondrá un paso más en la recuperación del clima político en Cataluña. La portavoz parlamentaria de Sumar, Marta Lois, repitió el argumentario de que supone un mero “formalismo” fijarse en quién ha firmado la propuesta, aunque admitió que le habría gustado haberlo hecho todos juntos.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, fue más expeditivo al restar relevancia al procedimiento formal utilizado para plasmar el proyecto: “Ya era el momento de presentarlo y no de marear más la perdiz”. López aseguró que todos los socios acompañarán al final la ley. Desde la oposición, tanto la portavoz del PP, Cuca Gamarra, como la de Vox, Pepa Millán, remacharon de nuevo que harán todo lo que esté en su mano para impedir que la norma prospere. Millán anunció varias querellas por prevaricación, incluso contra los letrados de la Cámara que puedan aceptar su simple calificación. Gamarra lanzó algún aviso de presión a los letrados, al argumentar que no pueden asumir ahora, cuando el asunto llegue a la agenda de la Mesa, lo contrario de lo que expresaron otros de sus compañeros al apreciar como inconstitucional un texto registrado en marzo de 2021 por ERC. La Mesa del Congreso se reunió este martes, pero no abordó aún ninguno de esos puntos.