Bruselas aguarda información sobre la ley de amnistía de las autoridades españolas para analizarla

La Comisión Europea no va aún a mover ficha sobre la propuesta de ley de amnistía que ha surgido del acuerdo entre PSOE y Junts. El comisario de Justicia, Didier Reynders, solicitó por carta al Gobierno español datos detallados y aguarda a recibir información sobre la medida que exonerará a los condenados por el procés independentista catalán —y que facilitará la investidura como presidente de Pedro Sánchez— para poder “realizar un análisis basado en todos los elementos relevantes”. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, respondió a Reynders en tono duro que el tema compete a los partidos y no al Gobierno y que el Ejecutivo explicaría en Bruselas la proposición de ley de amnistía en caso de registrarse. Y ese es ahora el siguiente paso que espera la Comisión, que ha asegurado que no está inquieta por la medida. “Hemos recibido comentarios del público expresando preocupación. [El Ejecutivo comunitario] no hemos expresado preocupación y no daremos ninguna opinión sobre algo que no hemos visto”, ha asegurado un portavoz de la Comisión Europea este viernes.

La reclamación de Reynders, que hablaba en su carta de “serias preocupaciones” relacionadas con la medida en un tono ambiguo, y sin precisar que eran inquietudes ciudadanas y no propias, ha causado cierto revuelo. El comisario, liberal belga, pero que se percibe como cercano a las posiciones del Partido Popular, se dirigió además a dos ministros del Gobierno, Bolaños y a la titular de Justicia, Pilar Llop, y no a los partidos que negociaban en ese momento el acuerdo en Bruselas. Algunas fuentes europeas han visto el movimiento de Reynders, cuando ni siquiera había un borrador de texto legal sobre la mesa, como un intento de interferir en la política española. Hasta el miércoles, cuando envió su misiva, la Comisión Europea y el propio Reynders habían mantenido que el de Cataluña es un asunto interno.

Aumenta también en algunos sectores de Bruselas la presión contra el acuerdo del PSOE y Junts, que incluye la aprobación de una ley de amnistía para todos los encausados por el procés y una mesa de negociación en la que participen ambos partidos con un verificador internacional y que aborde dos cuestiones: el encaje de Cataluña en España y la financiación de la comunidad autónoma. La Comisión Europea asegura que la han contactado numerosos ciudadanos y “partes interesadas” con preocupaciones por la medida. Este viernes, a los intensos contactos que partidos políticos como el PP y Ciudadanos (de la misma familia política europea que el liberal Reynders) han realizado, se ha sumado este viernes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces ha remitido una carta a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, a la vicepresidenta encargada de Valores y Transparencia, Vera Jourova, al comisario Reynders y al alto representante para Política Exterior, Josep Borrell, y al presidente del consejo Europeo, Charles Michel. En su misiva advierten contra la medida de gracia que tildan de “inadmisible”. El Ejecutivo comunitario ha calificado la carta como una “novedad”.

El CGPJ tiene el mandato caducado hace cinco años y su renovación, bloqueada por el Partido Popular (hay ahora una mayoría de vocales conservadores), es uno de los toques de atención habituales de Bruselas a España en sus informes de análisis del Estado de derecho en los Estados miembros y un tema que Reynders sacó a colación en su carta del miércoles, que insta a renovarlo lo antes posible. Y mientras las protestas de grupos violentos de ultraderecha se desarrollan en Madrid, con ataques a la sede de los socialistas, el local del PSOE en Bruselas ha sido objeto de vandalismo esta madrugada y ha amanecido lleno de pitadas con insultos y la palabra “traidores”.