Demasiado nacionalismo

A primera vista, el pacto entre el PSOE y Junts produce el vértigo de situarnos ante un procés eterno. En términos pragmáticos, el acuerdo se resume en una ley de amnistía y un verificador internacional, sin que esto garantice la gobernabilidad. Hay mucha fanfarria en ese pacto político y algo de fondo que Junts consigue arrancar al PSOE: un marco narrativo hipernacionalizado que parte de un “conflicto histórico” entre España y una Cataluña agraviada desde 1714. Se habla de discrepancias entre “proyectos nacionales”, sin mencionar las tensiones internas en Cataluña (como si solo hubiera catalanes nacionalistas) y sin que aparezca tampoco ni una sola vez la palabra “federalismo”, el modelo político que siempre ha defendido el PSOE, pensado precisamente para la construcción de identidades no blindadas, compatibles y superpuestas. Los marcos interpretativos tienen consecuencias porque ayudan a inscribir políticamente las decisiones dotándolas de un sentido. Y aquí se echa en falta una de esas molduras que proporcione una visión estratégica de futuro para combatir ese marco y vocabulario soberanista que pide la adhesión incondicional e inquebrantable a una identidad, una historia y una cultura absolutamente fosilizadas. Hay demasiada ensoñación independentista y se habla poco de interdependencia democrática. Además de que en la descripción de los hechos es llamativa la ausencia de una mención al 6 y 7 de septiembre de 2017 —esas leyes de desconexión que hicieron saltarlo todo por los aires por su ausencia descarada de pulcritud democrática—, Junts sigue cayendo en la tentación populista de aludir a Cataluña como un sujeto político que habla con una sola voz y elimina de un plumazo su pluralidad interna.

Puigdemont, en fin, ha podido trasladar la polarización al resto del país, aunque no es ni mucho menos el único foco. Hay un riesgo claro de choque populista de nacionalismos irrendentistas, de reacciones intensificadas de autoafirmación a las que el Gobierno tendrá que hacer frente en esta legislatura. La retórica de la “humillación” que estos días airea un PP arrastrado por un régimen emocional que agita la ultraderecha no es tranquilizadora. Tratar de imponer el marco de la “humillación” a las negociaciones políticas de Sánchez con los independentistas supone echar mano del viejo mecanismo de unificación nacionalista explotando el sentimiento de agravio a través de la estrategia excluyente amigo/enemigo que exacerba el odio, el orgullo y el desprecio. Con su patriotismo de partido, el PP alienta el mismo proceso nacionalizador puesto al servicio del puro interés partidista que critica en los independentismos. Su insistencia en las congregaciones mitineras en la calle será legítima, pero la realidad es que los sitios naturales para confrontar con argumentos los pactos del Partido Socialista con los independentistas son las instituciones. Se produce así un preocupante vaciamiento del Parlamento, porque esa institución que debe funcionar como arquitectura de lo común pierde fuerza. Las soluciones “históricas” requieren de grandes consensos. Y aquí ese consenso no parece posible.

Todo es agravio y una cuenta de pérdidas y ganancias entre víctimas y verdugos. Lo cierto es que ambos nacionalismos comparten esa cansina visión monista de Estado, pueblo y nación. Feijóo se ha apresurado a denunciar la demanda del reconocimiento de la identidad nacional catalana, cuando el consenso constitucional consistió precisamente en el acomodo democrático, pactado y solidario de varias naciones o nacionalidades dentro del mismo Estado. En medio de una tormenta, cuando la marea te arrastra a mar abierto, es más útil una brújula que un ancla sólida: la Constitución es esa brújula. La decisión de incluir la palabra “nacionalidades” en el artículo 2 de la Constitución fue de la Unión de Centro Democrático, con “un coste político difícilmente evaluable, pero alto, en cuanto a la parte derechista de su electorado”, según cuentan Soledad Gallego-Díaz y Bonifacio de la Cuadra en Crónica secreta de la Constitución. Resolvían así, en palabras de Rafael Arias Salgado, “el problema real de la perdurable y manifiesta diversidad interna de España, además de encauzar la presión anticentrista extendida por todo el país”. Fue la minoritaria Alianza Popular, por boca del diputado Licinio de la Fuente, quien mostró su oposición aludiendo al “riesgo de desintegración nacional”. Para un importante sector de la derecha, España lleva rompiéndose desde la Transición. Pero esa ruptura no sucedió entonces, ni con el plan Ibarretxe ni tampoco con la declaración unilateral de independencia producida bajo el Gobierno popular de Mariano Rajoy y la posterior aplicación del artículo 155 con el apoyo del PSOE. No: España no se ha roto en ninguna de estas ocasiones. Pero hay quien ha preferido ver cada uno de estos momentos como punta de lanza para la catarsis definitiva.

Depender del voto de Junts para la investidura no es una buena noticia, aunque una posible lectura política del pacto es que con él Puigdemont admite que es mejor el escenario de un Gobierno con Sánchez que permanecer en la dinámica antipolítica del cuanto peor mejor, lo que supone, en el fondo, darle la razón a Esquerra. Si así fuera, uno de los beneficiarios sería el propio Feijóo —o quien le suceda al frente del PP—, demasiado ocupado ahora en hiperventilar a sus filas. La exageración y las hipérboles tienen algo antidemocrático: expulsan del debate a las opiniones sensatas y promueven el resentimiento y la ira, potenciando procesos de escalada. Hay un uso democrático del lenguaje que se pierde cuando se sustituyen los argumentos por exageraciones como las empleadas por Ayuso, Cuca Gamarra o el expresidente Aznar estos días. El Financial Times tenía razón esta semana al afirmar que la grandilocuencia del PP sobre la idea de la traición no ayuda a pensar en términos políticos ni a resolver las tensiones dentro de Cataluña y entre esta y el resto de España. ¿De verdad el PP quiere seguir en ese callejón sin salida en el que solo puede pactar con la extrema derecha?

Hay una oportunidad para abordar un aspecto nuclear del pacto del 78 que es la urgente renovación del modelo territorial en su vertiente política y económica. Las dos fuerzas mayoritarias tienen la responsabilidad de ponerse a trabajar en ello. El PP no está ahí ni se le espera. Y el Gobierno haría bien en tratar de encajar la amnistía en un marco de propuesta para España, aunque sea una palanca de convivencia para Cataluña y una moneda de cambio para la investidura. La amnistía se ajusta mejor si se mira el cuadro general de un proyecto político que imagine nuestro futuro en común. Cuando se marcan objetivos de altura, y desde luego los cambios urgentes que necesita el modelo territorial del España lo son, es más fácil encaminar las decisiones hacia ese resultado. Sánchez tendrá que emplear todas sus energías en contar bien esta historia, una que trate de conciliar el apoyo de sus votantes con el consentimiento de los que no lo han votado. Los ciudadanos nos perdemos sin guion.