La hora de argumentar la amnistía

Las negociaciones para que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante están prácticamente cerradas y se sostienen en una proposición de ley de amnistía que presentarán en el Congreso los grupos que la apoyan. La idea central de esta iniciativa, según ha trascendido, es la de favorecer “la convivencia democrática en Cataluña”. Es difícil discutir el objetivo, lo que les toca ahora a los promotores de los acuerdos es defender el camino elegido para llevarlo a buen puerto. Y de eso va a ir la discusión política en las próximas semanas. El escenario está tan cargado que cada gesto parece un puñal, y el comprensible secretismo en el que se han desarrollado las conversaciones ha dado pábulo a consideraciones de diverso tipo sobre la ley. Estrictamente hablando, poco se sabe de su contenido, y la prudencia aconsejaría no cargar las tintas ni rasgarse las vestiduras hasta que no se conozcan los términos precisos de su desarrollo.

Los resultados del 23-J mostraron un país dividido en dos bloques, pero nada resulta tan peligroso en una democracia como dar por sentado que solo cuenta la lógica del amigo/enemigo. Pedro Sánchez ha tenido toda la legitimidad para buscar los apoyos que necesita para gobernar otra legislatura. Y, para obtenerlos, se ha visto obligado a revisar las posiciones de su partido sobre una cuestión tan delicada como es la de conceder medidas de gracia a quienes violentaron en Cataluña en 2017 tanto la Constitución como el Estatut. Evitar una nueva convocatoria electoral y formar un nuevo Gobierno es una batalla que debería librarse siempre, es el mandato de las urnas, y eso puede obligar a revisar algunos de los contenidos de los programas de los distintos partidos. No es algo que debería llevar al escándalo. Lo que sí es cierto es que cada paso tiene que explicarse muy bien y como parte de un proyecto de futuro que resulte convincente.

Y eso es lo que se espera ahora de quienes han estado negociando. El proyecto de esa parte de los catalanes que quieren independizarse de España viene siendo un viejo problema que no va a resolverse de una vez y para siempre, pero, como observaba Javier Pradera en una de sus columnas en septiembre de 2010, “la relativización del conflicto exige reciprocidad: los catalanes que quieren vivir aparte de España también deben conllevarse con los catalanes que desean lo contrario y con el resto de los españoles”.

Lo que se está negociando con esa ley de amnistía es, pues, un episodio más de una antigua tensión que podría complicarse más si uno de los bloques se impone sobre el otro sin argumentos ni razones. En tiempos de crisis, y este lo es, los discursos más radicales cobran vuelo. Ocurrió en 1898 tras la pérdida de Cuba, como cuenta Santos Juliá en Historias de las dos Españas (Taurus), cuando los intelectuales catalanistas elevaron el tono para apuntar “que el pensamiento catalán, previsor, positivo y realista, no podía estar más lejos del castellano, culmen de la imprevisión, fantasioso y charlatanesco”. Es verdad que es ingenuo reclamar altura de miras en un clima tan polarizado, pero lo que podría ser desastroso sería considerar a cuantos critiquen los acuerdos para la investidura como parte de la misma carcunda. Los matices existen y el rodillo de una frágil mayoría es peligroso. La amnistía solo funcionará con buenos argumentos, así que tienen la palabra los que la han acordado.