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Acuerdo sobre el desacuerdo

El esfuerzo independentista por imponer su visión del ‘procés’ se percibe en la sorprendente ausencia de toda mención a las actuaciones que conculcaron la ley

Captura de vídeo del encuentro entre Iratxe García, Santos Cerdán, Puigdemont y Jordi Turull este lunes en Bruselas el mismo día en que se inició la consulta a la militancia del PSOE sobre los pactos de investidura, como el firmado con ERC sobre la ley de amnistía.
Desde la izquierda, Iratxe García, Santos Cerdán, Carles Puigdemont y Jordi Turull, el 30 de octubre en Bruselas.
Mariola Urrea Corres

Es lo que contiene el texto que han hecho público este jueves el PSOE y Junts per Cataluña. Un acuerdo sobre el desacuerdo que, sin embargo, no impide poner en marcha la investidura y procurar la gobernabilidad de la legislatura. Y es que el acuerdo declara que “a pesar de las discrepancias estructurales” que mantienen quienes lo suscriben, las partes están preparadas para abrir una nueva etapa en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una solución política y negociada al conflicto.

El texto consta de tres partes donde se repasan los antecedentes del conflicto de Cataluña para, a continuación, plantear el esfuerzo negociador en el marco de una oportunidad histórica que exige, claro está, la consecución de avances en una serie de materias. Resulta interesante destacar que los antecedentes que recoge el texto señalan algo que a veces se olvida: Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene un Estatuto votado por su ciudadanía. Sorprende, sin embargo, que se prescinda en este relato de cualquier mención a las actuaciones que conculcaron la ley y dieron lugar a condenas penales. Es ahí donde se percibe el esfuerzo independentista por imponer una visión de lo ocurrido que, de aceptarse sin matices, convertiría en innecesaria una amnistía.

El acuerdo no contiene una renuncia expresa de Junts a la vía unilateral, pero el texto sí recoge que ambas partes apuestan “por la negociación y los acuerdos como método de resolución de conflictos” y desde ahí “acuerdan buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña”. Más aún, se recuerda que tales acuerdos “deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Cataluña que, de acuerdo al Estatut (que tiene carácter de ley orgánica), representa legítimamente al pueblo de Cataluña”. Ello no impide que las partes insistan en su desacuerdo sobre el referéndum del 1 de octubre y la declaración posterior de independencia. Para Junts aquello sigue siendo legítimo, para el PSOE lo ocurrido es ilegal y carente de toda validez.

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Las partes se expresan una desconfianza mutua y reconocen las discrepancias que existen entre ellas en torno a la resolución final del conflicto. Todo ello justifica, a su entender, la previsión de un mecanismo internacional que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que ambas formaciones lleguen. Un mecanismo que difiere del que se contempla en los acuerdos con Esquerra Republicana.

No me detengo en el acuerdo de dotar a Cataluña de representación directa en las instituciones europeas por ser una realidad vigente para todas las comunidades autónomas. Los acuerdos relevantes son dos y su avance es el que puede condicionar la estabilidad de la legislatura. El primero ya se conoce: la tramitación de una ley de amnistía cuyo texto todavía no es público. El otro, si se quiere de más calado, habla de “la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Cataluña”. Y es aquí donde las partes vuelven a constatar el desacuerdo. Para el reconocimiento nacional, el PSOE pretende un desarrollo estatutario y Junts aspira a un referéndum de autodeterminación en el marco del artículo 92 de la Constitución. Para la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno, Junts quiere una autonomía fiscal plena y el PSOE pretende trabajar la singularidad dentro del modelo de financiación común. Con el desacuerdo como elemento clave de los dos acuerdos, parece obvio que el espacio para la política está entre los puntos que señalan los extremos.

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Sobre la firma

Mariola Urrea Corres
Doctora en Derecho, PDD en Economía y Finanzas Sostenibles. Profesora de Derecho Internacional y de la Unión Europea en la Universidad de La Rioja, con experiencia en gestión universitaria. Ha recibido el Premio García Goyena y el Premio Landaburu por trabajos de investigación. Es analista en Hoy por hoy (Cadena SER) y columnista en EL PAÍS.
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