La contrapartida de los independentistas

La contrapartida de los indepes a la generosidad de la democracia española es concreta: la vuelta del hijo pródigo a la casa que nunca debieron abandonar. El compromiso de atenerse al marco constitucional y estatutario. Este viaje se concreta en varias actuaciones reseñables, algunas inéditas, otras a medias. Con mayor concreción, en el pacto PSOE-Esquerra; con más incómoda retórica, incluso irritante, en el acuerdo PSOE-Junts.

Son las siguientes. Votar la investidura de un presidente y un Gobierno español, abstracción hecha de su orientación. Comprometerse a la estabilidad de la legislatura, acuerdos presupuestarios incluidos, siempre sujeta al cumplimiento “paralelo” de los objetivos conseguidos. Situar como prioridad política cuestiones económicas y los programas autonómicos de infraestructuras, desarrollo económico y bienestar. Y, al cabo, propiciar y votar una ley de amnistía que debe inscribirse y adscribirse —a la espera del texto completo— al marco constitucional, y que consagra explícitamente su origen en la Ley Fundamental. Todo eso constituye un retorno, en los hechos, a la senda común. Esa es la parte del trayecto recorrida por los dos grandes partidos secesionistas: más densa, centrada en el futuro y madrugadora por Esquerra, más lenta y de ribetes épico-historicistas de rala traducción por parte de Junts. Es, en lo esencial, el reverso de la unilateralidad.

Pero hay diferencias. Esquerra ató objetivos concretos, inmediatos y tangibles como la cesión de competencias ferroviarias de Cercanías, la quita o reducción de una parte de la deuda autonómica y ecualizar la inversión pública en Cataluña a su peso en el PIB español. Junts ha conseguido que se discutan en el futuro, a lo largo de la legislatura (no se aprueba ahora) ideas como su propuesta de concierto económico fiscal a la vasca, recogiéndose ya en el papel el desacuerdo de los socialistas, y ha logrado añadir que el mecanismo de verificación de los acuerdos entre los partidos sea internacional.

Muchos recelan de que la amnistía se convierta en palanca de un referéndum de secesión, pero ni lo prefiguran los textos ni debe ser así. El documento firmado por Esquerra es el más viable: se ciñe a que el “modo” en que “los acuerdos a los que se pueda llegar” puedan “ser refrendados por el pueblo catalán”: o sea, puede incluir una reforma del Estatut, que en su caso pasaría por el cedazo del Congreso. Y el referéndum “pactado” que predican sus líderes no sería obviamente “unilateral”, sino acordado.

Otra cosa es que cupiese en la Constitución, y que de caber, conviniese, y que de convenir, pudiese acotarse solo a una parte en vez de a toda la ciudadanía española. Pero incluso Junts ha firmado que propondrá uno “amparado en el artículo 92 de la Constitución”. Tanto más importante: “PSOE y Junts apuestan por la negociación y los acuerdos como método de resolución de conflictos”. Es decir, excluyen, en lenguaje plano pero evidente, los hechos consumados, los actos ilegales, las conductas unilaterales. Y se comprometen a “responder a las demandas mayoritarias del Parlament”, siempre de acuerdo al Estatut, que “tiene rango de ley orgánica”, española, por supuesto.

El compromiso de no unilateralidad adoptado con esas figuras literarias menos rotundas, o rodeos semánticos, equivale a renunciar a actuaciones contrarias a más de la mitad de los catalanes y contra la cuasiunanimidad de los ciudadanos españoles. Eso, en la práctica política. Y en la práctica justiciable, en un país exento de delitos de opinión que no llamen a acciones violentas o anticonstitucionales: España no persigue sueños, sino delitos. Pero su mejor garantía es que desde el otoño levantisco de 2017 escasean (en parte o del todo) los hechos de esa condición que busquen la ruptura del ordenamiento y sean directamente patrocinados por los grupos de Junts y Esquerra. De cualidad distinta son los graves desórdenes públicos de 2019, un asunto de orden público, no de orden constitucional; o los estúpidos desaires protocolarios a la Jefatura del Estado, que actúan más bien como bumerán contra quien los realiza.

Y ¿por qué han renunciado a la unilateralidad? Sobre todo, porque la batalla épica por la secesión desembocó en fracaso. Porque la democracia española ha demostrado, primero, más potencia y más fuerza jurídica que quienes la socavaron, y, después, más generosidad, con los indultos y ahora con la amnistía. Y el fiasco adquirió forma de desplome inaudito de un conjunto de creencias y mitos; de revés económico; de desprestigio comunitario; de tensiones en la convivencia cotidiana. Fue tan monumental que el grueso de sus seguidores desanduvo su recorrido incluso antes que sus dirigentes. Primero, desaparecieron completamente de escena los lazos amarillos; luego, se evaporó un amplio núcleo del voto indepe. Y porque algunos de sus protagonistas han sufrido escisión tras escisión, una fragmentación continua y una creciente desafección electoral, con riesgo de caer en la irrelevancia.

La unilateralidad es inviable, en fin (incluso aunque alguien la intentase), porque la inmensa mayoría del pueblo catalán ha quedado vacunado de la misma y el resto está a punto. Ha pasado pantalla de aquella pesadilla inútil y fracasada. Otra cosa es que esta reversión sea completa y algunos no renuncien retóricamente a la independencia por la brava (elogio del referéndum ilegal del 1-O incluido), ni al supuesto e inexistente derecho a la secesión en una democracia española plena y efectiva. Pero no se otea alrededor de las plazas y calles de Cataluña ninguna semilla, abono o lluvia que pudiese arraigar esa causa abandonada.