No solo la investidura

Para que el pacto en ciernes sobre la investidura de Pedro Sánchez como presidente de un Gobierno de coalición tenga éxito conviene que sus promotores se ajusten a dos premisas. La primera es el carácter estrictamente constitucional de todo lo que se acuerde; la segunda, que tenga un horizonte de cuatro años. En suma, que constituya un esbozo de pacto de legislatura. Un Gobierno efímero no resolvería los grandes retos que España tiene por delante. Las tareas domésticas pendientes —en medio de una posible crisis económica continental y de la incertidumbre del escenario geopolítico mundial con sendas guerras en Israel y Ucrania— no pueden abordarse en un escenario legislativo breve.

El acuerdo alcanzado el jueves entre el PSOE y Esquerra Republicana, a la espera de los pactos con Junts, el PNV y el BNG, entra dentro de esas coordenadas. Las principales conclusiones políticas se enmarcan adecuadamente en el contexto constitucional y autonómico. A expensas de conocer su articulado completo, la ley de amnistía recogida en el pacto afirma su voluntad de atenerse a los límites de la Constitución según han sido interpretados durante cuatro décadas en una veintena de sentencias del Tribunal Constitucional. También el “reconocimiento nacional” de Cataluña se inserta en la Ley Fundamental, en el Estatut de 2006 y en la sentencia del Constitucional que lo recortó en 2010. Además, apuesta por que los acuerdos que se alcancen por consenso en la mesa de diálogo sobre el marco político sean refrendados en las urnas, lo que nada tiene que ver necesariamente con un referéndum de autodeterminación porque el mismo trámite necesita una nueva reforma estatutaria.

Los pactos en el terreno económico, siempre más pragmáticos, añaden connotaciones novedosas, aunque inicialmente pudieran parecer el elemento residual del acuerdo. El hecho de que ERC haya comprometido su apoyo a la estabilidad de la legislatura, también en lo que se refiere a la aprobación de los Presupuestos, supone un salto cualitativo con respecto al cuatrienio anterior, estable pero ruidoso por parte de los aliados del Gobierno de coalición.

De ahí que asuntos como la reducción de la deuda o la cesión de competencias ferroviarias, entre otros, sean indicios de una ambición de normalidad institucional. La quita de un 20% en la deuda autonómica con el Estado no perjudica la igualdad con las demás autonomías, que pueden aspirar a similares beneficios si entran en una vía equivalente de diálogo. Como en tantas ocasiones en nuestra democracia, un acuerdo bilateral acaba en un “café para todos”.

Por su parte, el compromiso de una inversión pública en consonancia con el peso de la economía catalana en el PIB español figura ya en el Estatut como posibilidad voluntaria, una vez acabado el periodo de siete años en que fue obligatoria, según la sentencia del Constitucional de 2010. Finalmente, las cesiones adicionales de competencias sobre los ferrocarriles de cercanías, de momento limitadas a las líneas interiores de la comunidad autónoma, quedan a expensas de estudios técnicos y jurídicos más pausados.

El futuro dirá si prima la lectura pragmática del acuerdo o la esencialista. La vida cotidiana de los ciudadanos depende sobre todo de la primera. La pregunta pertinente hoy no es qué es España o qué es Cataluña como una de sus partes, sino cómo deben ser gobernadas.