Esta es la cuestión

La cuestión no es ser o no ser amnistiado. Algunos llevamos todo el verano vagando como Hamlet, con rostro fantasmagórico y calavera en mano, musitando el dilema al que se enfrenta la política española actual: amnistía sí o no. Pero esa no es la question, sino esta: ¿gana el conjunto de España más de lo que pierde concediendo una amnistía a los encausados en el procés?

Así de simple. Y de complicado, porque no es fácil calibrar los beneficios y los costes de una medida de la que todavía, como de las bestias mitológicas, no sabemos qué forma o carácter tiene. Sin embargo, toca hacer ese ejercicio porque, una vez el monstruo (o la sílfide) salga de la guarida, puede ser tarde para tomar posiciones.

Los costes son obvios. Una amnesia legal daña el Estado de derecho, golpeando el principio de imparcialidad e igualdad de todas las personas frente a la ley. Además, erosiona la confianza en el sistema de los encargados de sostenerlo, del último policía al primer magistrado. Podemos discutir si estos costes son altos o bajos, pero no podemos negarlos. Y, por tanto, cualquier propuesta de amnistía debe ofrecer unos réditos sustantivamente mayores. Esto lo deben entender los partidarios de la amnistía en el Gobierno. Y si no lo consiguen, solo necesitan ponerse las grabaciones de sus propias declaraciones hasta hace apenas unos meses. Si estaban radicalmente en contra de cualquier alivio penal a Puigdemont, es porque le veían unas evidentes desventajas.

Pero los detractores en la oposición deben también comprender otro punto esencial: el hecho de que PSOE, Sumar y demás fuerzas que apoyarían esta medida hayan cambiado de opinión por urgencia aritmética no los convierte necesariamente en cínicos sin principios. Insisto en el “necesariamente”: quizás son unos amorales maquiavélicos. Pero malpensar de entrada del prójimo es una pobre forma de moverse por la vida. Y, sobre todo, la amnistía (o como se llamase la criatura), si fuera aprobada por la mayoría del Congreso, representaría la voluntad popular.

Y el sentir ciudadano se ha movido estos meses. Gracias a un intenso debate público, Sánchez ya no puede ceder ante Junts (o ERC) a cambio de la investidura y unos Presupuestos, como quizás pretendía la noche del 23-J. La opinión pública exige que cualquier pacto con los independentistas beneficie al país más de lo que cueste. Esa es la cuestión.