El Gobierno se prepara para explicar los pactos con los independentistas

Ha llegado el tiempo de la pedagogía que indisolublemente lleva aparejada la negociación con los partidos independentistas para una eventual investidura de Pedro Sánchez. Las presiones para que el presidente del Gobierno en funciones y los ministros socialistas detallen la agenda y los contenidos de la negociación con ERC y Junts van a ser desde esta semana fuertes y sostenidas. No solo por parte de los adversarios políticos de la derecha y de los colectivos sociales y económicos organizados y concernidos con la investidura de Pedro Sánchez, sino también por millones de votantes socialistas; una necesidad esta última que los dirigentes del PSOE han detectado en sus respectivos territorios.

Sumar, que rema en la misma dirección que Ferraz para repetir un Gobierno de coalición, se ha adelantado. Así, sin entrar en detalles, sus dirigentes y portavoces sí hablan de que se está preparando una amnistía para pasar página de las consecuencias penales que aún quedan por dilucidar por las conductas del procés, incluidas las que pesan sobre los independentistas huidos de España, como es el caso de Carles Puigdemont. El secretario general del PCE y diputado por IU, Enrique Santiago, fue muy explícito el miércoles en el Congreso durante la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo. A la espera de que, como es previsible, el jefe del Estado encargue mañana a Pedro Sánchez que trabaje por obtener una mayoría parlamentaria, las vías de negociación abiertas, del todo clandestinas, se ensancharán; y sus protagonistas no podrán ya actuar bajo del manto de silencio, según reconocen los partidos de la coalición gubernamental.

Pero los independentistas también tienen que poner de su parte. Nada insalvable ha ocurrido en estas fechas que haga pensar en que haya que empezar de nuevo, hacer tabla rasa, aseguran interlocutores del partido republicano. Las resoluciones del Parlamento de Cataluña, aprobadas esta semana por los dos partidos independentistas con la abstención de la CUP, con reclamaciones expresas a Sánchez de abordar un referéndum de autodeterminación en los próximos cuatro años de legislatura, no debieran extrañar al PSOE, al PSC, a los comunes y a Sumar, en su conjunto. Los republicanos afirman que no han dicho nada que no hayan escuchado antes los socialistas, tanto en Cataluña como en el resto de España.

El texto del Parlament habla de “fijar condiciones (…) para el referéndum” y “poner las bases acordadas para que Cataluña pueda decidir su futuro”. “Todo eso está dicho en la declaración de Pedralbes”, recalcan fuentes republicanas en referencia a la declaración suscrita en 2018 por el Gobierno central y el de Cataluña, en la que ambas partes acordaron crear una mesa de diálogo sobre Cataluña. Es un documento que no llegó lejos debido a la emergencia nacional y mundial que impuso la pandemia de covid. El “espíritu de Pedralbes” es el que vuelven a invocar ahora en el partido de Oriol Junqueras y del presidente, Pere Aragonès. En ese espíritu también está la economía, de la que el PSOE sí está dispuesto a hablar, pero no está el referéndum de autodeterminación. Pero la alerta se ha instalado en el Gobierno en funciones, aunque hoy es menor que ayer.

A las dificultades de ahormar la amnistía, hay que añadir contratiempos extras que puedan surgir según el estado en cada momento de la relación entre los de Junqueras y los de Puigdemont, y, específicamente, la que mantienen ambos dirigentes. Bastante tarea hay ya con conseguir un compromiso sobre el alivio jurídico de los afectados penal y administrativamente por el procés, como para, además, tener que dar una respuesta política a la reivindicación de celebrar un referéndum.

Los más optimistas en el campo gubernamental esperan que Junts se avenga, como ya sostiene ERC, en renunciar a la unilateralidad. Siempre hay quien resulta más radical o más exigente, como el domingo se apreció en las calles de Barcelona, donde la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) descalificó, por insulsa e insuficiente, la negociación de los partidos independentistas con el Gobierno. Para esta entidad, no hay que hablar de más pactos, sino que insiste en que hay que proclamar la independencia de Cataluña una vez que el Gobierno central conceda la amnistía, proclamó la presidenta de la ANC, Dolors Feliu. En los círculos de ERC y JxC se llama la atención sobre la incidencia y capacidad de movilización de esta organización independentista, muy alejada de la que tuvo en los años de mayor ebullición del movimiento.

A ERC y Junts, sin buscar la polémica con la ANC, las proclamas y exigencias de la Asamblea no les moverán a dar vueltas de tuerca en la negociación con los socialistas. Sea cual sea la presión, los límites de los negociadores socialistas siguen inamovibles en rechazar un referéndum de autodeterminación. Horas antes de que el jefe de Gobierno en funciones anuncie al país que acepta el encargo de Felipe VI de trabajar por una mayoría que le invista, el terreno se sigue abonando para prepararse ante la ofensiva del PP, ya en marcha y que prevén que redoblará. Todos los secretarios provinciales e insulares del PSOE, representantes de las federaciones uniprovinciales y del PSC, firmaron el domingo un manifiesto, abierto ahora a los militantes, de apoyo a Pedro Sánchez para que este trabaje para formar una mayoría y vuelva a gobernar con Sumar, a la que citan expresamente. Un Gobierno con las líneas maestras que reitera Sánchez en sus intervenciones sobre búsqueda del progreso, el bienestar social y “convivencia”, sin referencias expresas a las negociaciones en curso. La pedagogía sobre la amnistía empezará en breve.