Cuadrar el círculo

La financiación autonómica ha tomado relevancia en los últimos días porque puede convertirse en una palanca para salir de la incierta situación política que ha surgido de los resultados del 23-J. Es una cuestión llena de aristas, que no siempre se aborda con claridad por su propia complejidad. La reforma del sistema de financiación está pendiente desde 2014, una anomalía que debe corregirse la próxima legislatura pese a la enorme dificultad que supone conciliar los intereses de las diferentes comunidades y su aprobación en un Congreso dividido en dos bloques casi simétricos. Se trata de un debate abstruso, pero sustantivo, porque tiene como objetivo actualizar el mecanismo que reparte los recursos entre las comunidades para atender las competencias que tienen asumidas, entre las que figuran servicios esenciales como la sanidad o la educación.

El último intento de abordar la modificación del modelo se produjo en 2021, cuando el Ministerio de Hacienda hizo una propuesta que fue impugnada por las autonomías. La iniciativa del departamento que dirige María Jesús Montero pasaba por revisar una de las variables del sistema, el criterio de población ajustada, principal caballo de batalla de una pugna en la que las comunidades se agrupan más por intereses territoriales que partidistas. El sistema de financiación tiene como clave de bóveda la población, a la que se aplican variables correctoras como la superficie del territorio, la dispersión o la edad de los residentes. Estos elementos determinan las necesidades de gasto de cada comunidad, pero no hay consenso sobre su ponderación con vistas a la reforma. Autonomías como Castilla y León, Galicia y Asturias pretenden que se prime el envejecimiento o la dispersión, frente a regiones densamente pobladas como Madrid o Andalucía.

También hay disfunciones en cuanto al reparto: el sistema actual ha demostrado tener demasiados desequilibrios, con un grupo de comunidades, entre las que se encuentran Murcia y la Comunidad Valenciana, con un serio problema de infrafinanciación. E incluso hay debate sobre las cifras, con varias autonomías aportando sus propios cálculos con base en sus propios criterios, que se entrecruza además con posibles quitas en la deuda al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

El debate ha adquirido vuelo porque es uno de los elementos que el PSOE contempla para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez. El presidente catalán, Pere Aragonès, ha urgido a los socialistas a precisar su propuesta, a la par que ha reclamado una negociación bilateral sobre la financiación de Cataluña. Aunque puedan abordarse estas conversaciones, como las hay con todas las autonomías, el foro donde se debe negociar y acordar el nuevo modelo es multilateral: el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Resulta entendible que en esta fase, muy preliminar, haya posiciones de máximos, pero sería también deseable que, a medida que el debate avance, si es que lo hace, se imponga el pragmatismo.

En este sentido, es fundamental el papel que pueda desempeñar el PP, partido que acumula un enorme poder territorial: gobierna 10 de las 15 comunidades que se rigen por el régimen común de financiación, a la espera de lo que ocurra en Murcia, que tarde o temprano se decantará definitivamente por el partido de Alberto Núñez Feijóo. La opción de bloquear un cambio en la financiación de las autonomías puede ser tentadora en términos partidistas, pero poco útil para los ciudadanos, que esperan una mejora de servicios básicos como la educación o la sanidad. Y de eso es de lo que en realidad se habla cuando se debate sobre la financiación autonómica.