Primeras señales

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, dio el lunes la primera señal clara de que piensa buscar apoyos para lograr su investidura para presidir el próximo Gobierno tras las elecciones del 23-J, con una intervención en la que anunció que buscará trasladar la “mayoría social” registrada en las urnas a una “mayoría parlamentaria”. Ese mismo día, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le había enviado a Sánchez una carta en la que lo emplazaba a tener esta semana una conversación encaminada a lograr su investidura como líder del partido más votado. El líder popular está en su derecho de intentarlo, pero no se deben confundir las reglas de la democracia española: su candidatura no la validará el hecho de liderar la lista más votada, sino los apoyos que sea capaz de reunir en el Congreso de los Diputados. En esa dirección fue la respuesta a la misiva del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Ese intercambio epistolar certifica de nuevo la voladura de puentes entre ambas formaciones, como había acreditado ya el modelo de oposición del PP a lo largo de esta legislatura, y durante la campaña que acabamos de vivir. Sánchez posterga cualquier conversación formal a la constitución de las Cortes, el 17 de agosto.

Pero las fichas de los hipotéticos socios de investidura de cualquier futuro presidente han empezado ya a moverse. Andoni Ortuzar, presidente del PNV —partido que anticipó a Feijóo que no aceptaba ni sentarse a negociar—, avisó a Sánchez en una entrevista con este periódico de que es necesario un acuerdo sobre el modelo territorial. Y el líder de ERC, Pere Aragonès, reclamaba ayer un pacto fiscal para mejorar la financiación, una mejora de las infraestructuras y lo que denomina la resolución del conflicto político de Cataluña: un referéndum para que los catalanes voten sobre su futuro y “se acabe la represión” (una ley de amnistía que archive las causas aún vivas relacionadas con el procés). No parece que esa agenda de máximos pueda encajar en las posibilidades que Sánchez maneja para salir investido. Es inevitable que los grandes asuntos que articulan las señas de identidad de los partidos estén presentes en cualquier conversación para apoyar la investidura; pero para que las negociaciones progresen, tendrán que ajustarse al marco que establece la Constitución. Los empresarios catalanes, por su parte, han reclamado a los partidos nacionalistas que aprovechen su posición para atender los problemas concretos.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, apuntaba como respuesta a Ortuzar que existen terrenos por explorar para reforzar las políticas que permitan vivir mejor a los españoles. Las últimas elecciones han confirmado que España está partida en dos bloques y que el modelo territorial es una cuestión que sigue dividiendo a los ciudadanos. La posición de Vox, que cuestiona incluso el Estado de las autonomías, ha vuelto a colocar este asunto sobre la mesa y dificulta los apoyos que pueda conseguir el PP.

Hay una amplia agenda sobre la que sí parece posible avanzar. La financiación autonómica tiene que dejar atrás un modelo obsoleto desde hace ya casi una década. Lo mismo sucede con la inversión en infraestructuras o con las deudas autonómicas pendientes. La idea de proponer una quita parcial a la deuda de las autonomías con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) podría ir en esa dirección. Tras los problemas financieros de la década pasada y la solución de urgencia que impulsó el Gobierno de Rajoy con el FLA, la mayoría de las autonomías, especialmente la valenciana y Cataluña, se endeudaron enormemente con la Administración central. Toca decidir ahora si se hace borrón y cuenta nueva, lo que perjudicaría a las comunidades que entonces decidieron no endeudarse. La pista del dinero será una de las fundamentales en esta negociación, pero hay otras: una reforma del Estatuto vasco sincronizada con algún movimiento relacionado con el Estatuto catalán, algo que, para llegar a buen fin, necesita un ingrediente que últimamente aparece con cuentagotas en la política española: el consenso. Es tiempo de moverse y les toca hacerlo también a las fuerzas políticas de las nacionalidades históricas, que deben corresponsabilizarse: han contribuido a gobernar el país en otras legislaturas, y pueden ayudar a bajar la polarización y a potenciar políticas más sensibles con las realidades que desde Madrid no siempre se saben tratar con eficacia.