Alemania aprueba una polémica ley para agilizar el proceso de deportación de inmigrantes

Acelerar y hacer efectivas las deportaciones de inmigrantes con orden de expulsión y facilitar la incorporación de trabajadores cualificados al mercado laboral. Esos son los principales objetivos del paquete legislativo aprobado este viernes en el Parlamento alemán y con el que el Gobierno quiere “ordenar, controlar y limitar la inmigración”. Conservadores y socialdemócratas, socios en el Ejecutivo de gran coalición, presentaron como un logro las siete leyes migratorias, que han recibido duras críticas de la oposición, académicos y varias organizaciones.

La ley supone un compromiso entre los partidos de la gran coalición, en la que el bloque conservador (CDU / CSU) ha puesto el énfasis en la expulsión y los socialdemócratas en el acceso de inmigrantes y demandantes de asilo al mercado de trabajo. Después de semanas de agitación política antes y después de las elecciones europeas y de encuestas demoledoras para los partidos en el Gobierno, este paquete le permite al debilitado Ejecutivo alemán ofrecer un resultado tangible de su gestión.

Un total de 372 parlamentarios votaron a favor de la ley de deportación, mientras que 159 la rechazaron y 111 se abstuvieron. “Quien no tenga derecho a quedarse debe abandonar el país”, dijo Horst Seehofer, el ministro del Interior, de la conservadora Unión Social Cristiana bávara (CSU), al frente de la iniciativa. Los Verdes y el partido de La Izquierda consideraron la norma un retroceso para los derechos fundamentales de los inmigrantes. “Un día negro para la democracia”, lo llamó la parlamentaria Filiz Polat, del partido ecologista. El secretario general del SPD, Lars Klingel, defendió el paquete y aseguró: “Detenciones masivas y otros tratos inhumanos no aparecen en la ley porque nosotros lo hemos evitado”.

La llamada ley del retorno ordenado forma parte del paquete migratorio y es la que mayor polémica ha suscitado. La idea es lograr que las expulsiones se materialicen, ya que cerca de la mitad no se consuman. Unas 31.000 expulsiones programadas en 2018 no se efectuaron, frente a las 25.000 que se ejecutaron. Ahora, la ley “elimina numerosos obstáculos prácticos a la deportación e incrementa las posibilidades de que las personas obligadas a dejar el país lo abandonen”, según el Ministerio del Interior.

Las condiciones para la privación de libertad con vistas a la deportación se amplían para incluir, por ejemplo, a personas consideradas peligrosas o que no cooperen en su identificación. La fecha de la deportación será secreta y se castigará a quien la desvele. La idea es que las personas que deben ser deportadas no desaparezcan el día antes de subir al avión. Además, el texto contempla el recorte de beneficios sociales para aquellos a los que se les haya dado asilo en otro país de la UE, así como la opción de que de manera transitoria se encierre a futuros deportados en prisiones, separados de presos comunes, hasta que se amplíen las plazas en centros especializados.

Gracias a las nuevas normas, los demandantes de asilo llamados “tolerados”, es decir, que a pesar de no haberse reconocido su solicitud estén integrados y tengan un trabajo estable, conozcan el idioma y no hayan tenido problemas con la justicia, recibirán un estatuto legal para proporcionarles seguridad a ellos y sus empleadores. La parlamentaria del SPD Eva Högl explicó que de las 240.000 personas obligadas a dejar el país, 180.000 son “toleradas”; su marcha está suspendida ante la imposibilidad de enviarlos a países como Afganistán.

El paquete legislativo incluye la ley de trabajadores cualificados, que permite la entrada de licenciados universitarios y aprendices de formación profesional que vengan a trabajar o buscar empleo. El preámbulo explica que el desempleo nunca había sido tan bajo desde la reunificación y que hay cerca de 1,2 millones de puestos vacantes. Se elimina la lista de profesiones más necesitadas y se amplía a cualquier empleo. Los beneficiarios podrán buscar trabajo en Alemania y quedarse hasta seis meses siempre que tengan la formación necesaria, conozcan el idioma y tengan medios para subsistir. La idea es coordinarse mejor con las agencias de empleo de los países de origen.

Mercado laboral

Seehofer consideró que con esta iniciativa, Alemania “refuerza su economía, que necesita trabajadores cualificados” y cumple con su “responsabilidad humanitaria”. Pero fueron sus palabras fuera de guion las que horas antes desataron una tormenta, al asegurar que “hay que hacer leyes complicadas para que la gente no caiga en la cuenta”. Seehofer dijo después que lo suyo fue una ligera ironía. “¿Seehofer hace las leyes complicadas para ocultárselas a los ciudadanos? Semejante consideración de la democracia por parte del ministro de Interior me deja perpleja”, tuiteó Annlena Baerbock, colíder de Los Verdes.

Thomas Liebig, experto en migraciones de la OCDE, explica que hasta ahora Alemania ha dependido en gran parte de trabajadores comunitarios, pero que el envejecimiento de la población en la UE y la mejora económica en el Este ha reducido los flujos. “Por eso y por su propia demografía, Alemania está obligada a buscar trabajadores fuera”, asegura. Liebig, como otros expertos, duda de la efectividad del paquete legal, pero cree que es importante porque “Alemania establece formalmente que es un país de inmigración”.

Entre las medidas aprobadas figura también la extensión de la regulación que obliga a los refugiados a vivir en un lugar para obtener beneficios, con la idea de “proporcionar a los ayuntamientos la capacidad de planificar la integración a largo plazo”.

En un comunicado, el Consejo para la Migración, del que forman parte 150 académicos, criticó el paquete legislativo por considerar que supone “un deterioro para las personas que buscan protección”. “Básicamente impone sanciones y recorta beneficios. Esto no favorece el reclutamiento de trabajadores cualificados ni refuerza la obligación de abandonar Alemania y, desde luego, tampoco la integración de personas que se quedan a largo plazo”, sostiene Constantin Hruschka, abogado del Instituto Max Planck.