El Estado de derecho soy yo

No dimitió por lo que le exigían amplios sectores políticos y de la sociedad colombiana y lo hizo por su rechazo a una decisión del tribunal de paz. El hasta ahora fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, se aferró a su cargo a pesar de los serios cuestionamientos que sembraron dudas y sospechas sobre su trabajo en la investigación del caso Odebrecht. Y finalmente optó por renunciar revolviéndose nada menos que contra el funcionamiento de una pata del sistema de justicia. “Solo una persona de mi recorrido puede luchar contra la corrupción en Colombia”, se defendió a finales del año pasado para justificar su gestión de las indagaciones de los sobornos pagados en Colombia por la constructora brasileña. Hoy recurre a un argumento parecido. El Estado de derecho soy yo, viene a decir el ya exresponsable del organismo para explicar su salida.

Martínez ofreció una justificación más vinculada a los equilibrios políticos y al ejercicio del poder que al desempeño de un fiscal general. Habló de la supuesta consolidación de "un estado de cosas antijurídico", de la exposición de la sociedad frente al crimen y arremetió contra la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de negar la extradición a Estados Unidos del excomandante de las FARC Jesús Santrich. Su disconformidad es legítima, aunque resulta más llamativa la reacción. La corte encargada de juzgar los crímenes del conflicto armado determinó que la Fiscalía no presentó las evidencias suficientes que permitan incriminar al exguerrillero por narcotráfico, pese a llevar un año en la cárcel. El mensaje de Martínez alude a un "desafío al orden jurídico" y hasta hace un llamamiento a la movilización de los ciudadanos "por el restablecimiento de la legalidad". Una fotografía en las antípodas de la que se vio hace meses, a principios de enero, cuando miles de colombianos pidieron en la calle su dimisión.

Exministro en los Gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos, fue designado como fiscal en 2016. Ya entonces, su inclusión en la terna levantó polémica por sus relaciones con el poder económico, su actividad como letrado y posibles conflictos de intereses. Esa posibilidad afloró más tarde precisamente a raíz del caso Odebrecht. El pasado noviembre se conocieron las grabaciones del testigo principal de la trama corrupta, Jorge Enrique Pizano, cuya repentina muerte sacudió al país. Las pesquisas establecieron que para obtener la licitación de un tramo de una vía llamada Ruta del Sol, que conecta Los Andes con el Caribe, la compañía pagó sobornos por al menos 19 millones de dólares. La constructora, además, tuvo un socio local en ese proyecto, Corficolombiana, una empresa de servicios financieros propiedad del Grupo Aval, de la que Néstor Humberto Martínez era abogado.

Pizano, auditor de la obra, se reunió con él para trasladarle sus inquietudes sobre las contrataciones y presuntas irregularidades. Según los audios, el exfiscal le instó a que se quedara "quieto". ¿Por qué lo hizo? Este defendió en una conversación con EL PAÍS que investigar esas sospechas no era su trabajo. "Mi oficio era hacer preguntas para llevárselas a Luis Carlos Sarmiento [presidente del Grupo Aval].... Entonces hay dos escenarios. Uno es Néstor Humberto Martínez como ciudadano y como abogado que recibe una información, hace una pregunta obvia, estos son delitos y le dicen que no hay certeza. Va y lleva y cumple con su función. Y otro es la actividad del señor Martínez como servidor público en donde se puede demostrar que esta Fiscalía ha ido hasta el último de los detalles, buscando los casos de corrupción", afirmó. El Néstor Humberto Martínez fiscal decidió hoy que no le gustan las decisiones del sistema de justicia transicional.