La Comisión de la Verdad en Túnez: un ejercicio de memoria noble pero incompleto
La falta de colaboración del Estado y una hipotética ley de amnistía lastran la labor de la entidad pública
Sentados en sillas de plástico, alineados formando un círculo, una docena de hombres preparan una jornada de movilizaciones. Bechir el Jalfi, por su elocuencia y carisma, ejerce a la vez de moderador y de líder informal del grupo. Existe entre todos ellos una relación de camaradería cimentada en una dolorosa experiencia en común: fueron víctimas del régimen de Zine el Abidine Ben Alí. “Aunque la Comisión de la Verdad ha acabado sus trabajos, nuestra lucha continúa. Hemos de obligar al Gobierno a cumplir sus obligaciones con la justicia transicional”, comenta El Jalfi, que pasó 17 años en las cárceles tunecinas por su militancia islamista en la juventud.
La reunión tiene lugar en la sede de la Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD), la instancia pública que desde 2014 se ha encargado de investigar la verdad oculta detrás de más de cinco décadas de exacciones y abusos cometidos por el Estado. Entre sus atribuciones, figura también elaborar un programa de reparación económica y moral de las víctimas, proponer las reformas necesarias para desmantelar la maquinaria de la represión y denunciar ante unos tribunales especiales los casos más graves de violaciones de derechos humanos. Según su configuración inicial, la IVD se hallaba en el corazón del experimento de la transición tunecina, la única derivada de las llamadas primaveras árabes que no sucumbió a golpes de Estado, guerras civiles o el caos de las milicias.
Cada mañana, en la sede central de la IVD se vive una actividad frenética. En una especie de carrera contra el reloj, los funcionarios de la institución entregan a algunas de las más de 50.000 víctimas que presentaron una reclamación su resolución, que suele incluir una indemnización económica, y a veces también la reintegración en la función pública o un tratamiento médico gratuito. La fecha límite era este martes, 31 de mayo. “Hemos elaborado una especie de escala en función de la gravedad del abuso sufrido. En la cima están la muerte, cuya retribución alcanza el máximo, 200.000 dinares (unos 59.000 euros), seguida por la violación y la tortura”, explica Sihem Ben Sedrine, una antigua opositora a Ben Alí y presidenta de la Comisión.
“Un objetivo central de nuestras próximas movilizaciones será presionar al Estado para que haga efectivas las indemnizaciones”, comenta El Jalfi, presidente de la asociación Sawt al Insan, que ayudó a más de 6.000 víctimas a presentar sus informes a la IVD. De momento, el presupuesto público destinado al llamado Fondo de la Dignidad es de solo 10 millones de dinares (unos 3 millones de euros), a todas luces insuficiente.
La responsabilidad de Francia
“Habrá diversas fuentes de financiación, entre ellas las donaciones internacionales. También haremos una petición a Francia para se haga cargo de las reparaciones correspondientes a las víctimas de sus acciones [durante el protectorado], además de pedirles perdón”, advierte Ben Sedrine. Y es que el periodo que abarca la Comisión se inicia en 1955, un año antes de la independencia del país magrebí, y ocho antes de que abandonara el país el último soldado francés. Quizás por esta razón, el actual embajador galo, a diferencia de sus homólogos europeos, no ha apoyado directamente a la IVD.
Una vez hecho público el informe final, que contiene más de 1.600 páginas, la sociedad civil tunecina ya hace balance de su labor. “Teniendo en cuenta el difícil contexto en el que se ha movido, la Comisión ha cumplido bastante bien su cometido. Veremos cuánto aplica el Gobierno, sabiendo que en ningún país ha sido el 100%”, apunta Salwa Gantry, responsable en Túnez del International Center for Transitional Justice.
“Mi balance es bastante satisfactorio. Hemos cumplido con todas las tareas encomendadas. Aunque, claro, si el Estado hubiera colaborado, habríamos podido hacer más”, apostilla Ben Sedrine. Por ejemplo, sostiene, en lugar de haber enviado los casos de 174 víctimas a los tribunales especializados, podrían haber sido otros cientos más. En cambio, sus detractores prefieren señalar los numerosos conflictos internos en el seno de la IVD como principal freno a su tarea.
Actualmente, ya hay una quincena de juicios en marcha, como el relativo al asesinato de Kamal Matmaty, un activista político de tendencia islamista desaparecido, torturado y asesinado en 1991. Sin embargo, una seria amenaza se cierne sobre su futuro. El Gobierno ha presentado a los diversos grupos parlamentarios una propuesta de ley de amnistía que abortaría todos los procesos, incluso los ya iniciados. Mientras que la IVD nació durante el Gobierno de la troika —formado por tres partidos opositores a la dictadura—, el actual le tomó el relevo tras la victoria en 2014 de Nidá Tunes, un partido que cuenta con algunas prominentes figuras vinculadas al antiguo régimen.
Sin ir más lejos, el actual presidente, Beji Caïd Essebsi, se encuentra entre los cerca de 1.500 acusados por las torturas cometidas durante los años sesenta, cuando era ministro del Interior, y que la presidenta de la Comisión define como “propias de la Edad Media”. ¿Es esa la razón por la que circula un proyecto de amnistía? Ben Sedrine sonríe y asiente con la cabeza. El final feliz de la transición tunecina se halla aún en el alero.
