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Túnez busca la verdad y dignidad que le arrebató la dictadura

Un organismo creado en 2014 investiga los crímenes cometidos durante las dos últimas dictaduras

Foto: Una tunecina exhibe la foto de su hijo, en la IVD, en Túnez, a finales de 2016. Fethi Belaid /AFP

“Aún hoy resuena en mis oídos aquella risa burlona, a pleno pulmón (...) no me la he podido sacar de la cabeza”, explica dolida Latifa Matmaty al recordar cómo reaccionó un carcelero al que preguntó por su marido. Entonces, él, Kamal Matmaty, un sindicalista y militante islamista, llevaba ya varios años muerto. Falleció la misma noche de su arresto, el 7 de octubre de 1991. Pero el Estado le hacía creer que continuaba con vida. Por eso, el testimonio de esta viuda, retransmitido en directo por la televisión pública en la primera audiencia pública de la Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD), tuvo un efecto catártico en Túnez. Nunca antes las víctimas de la dictadura de Zine El Abidine Ben Alí habían podido contar sus historias a sus compatriotas.

Creada en 2014 por el primer Gobierno democráticamente elegido, la comisión de la verdad tiene como objetivo investigar los abusos cometidos por el Estado durante décadas de tiranía, revelar la verdad, resarcir a las víctimas y garantizar que los culpables rindan cuentas ante la sociedad. Un total de 62.704 reclamaciones han sido aceptadas por la institución, y ya se han abierto pesquisas en 47.397 de estas. En al menos 400 casos, la mayoría relativos perjuicios económicos, este organismo ha mediado entre víctimas y perpetradores para llegar a un acuerdo. En los casos de violaciones graves de derechos humanos, los agresores serán juzgados en unos tribunales especiales que se espera que se constituyan en breve y a los que la IVD presentará sus informes.

De momento, el Ministerio del Interior ha rechazado entregar a la IVD sus archivos secretos, lo que está dificultando enormemente su misión. Por eso, más de 26 años después del asesinato bajo torturas del sindicalista Matmaty, la familia aún no sabe dónde está su cuerpo. Antes de la revolución de 2011 que derrocó al dictador, su esposa y sus hijos padecieron un acoso constante de la policía, que simulaba estar buscando al padre de familia para ocultar su asesinato. “Venían cada día, a cualquier hora, incluso de madrugada (...) En 2002, unos agentes me dijeron que cogiera a los niños y nos fuéramos a hacer el pasaporte porque mi marido estaba en el extranjero”, relata Matmaty, una mujer menuda y robusta, de rubicundos mofletes. “Nos trataron con tal crueldad que no puedo perdonarlos. Quiero que paguen por lo que hicieron y no salgan de rositas”, remacha sentada en el salón de su humilde casa, en un polvoriento barrio en las afueras de Gabes, la capital del marginado sur del país magrebí.

En 2015 se celebró un juicio por el asesinato de Matmaty, pero ningún alto cargo judicial compareció en el banquillo de los acusados y los agentes procesados recibieron una condena de solo un año de cárcel, pues algunos delitos ya habían prescrito. Ante la incapacidad de la justicia ordinaria de enfrentarse a miles de casos como este, las antiguas fuerzas de la oposición al régimen optaron por crear una comisión independiente que se rigiera por los principios de la llamada justicia transicional. Su mandato es de cuatro años prorrogable a un quinto, y su presupuesto en 2017 fue de 11 millones de dinares (cerca de cuatro millones de euros), financiados directamente por los presupuestos generales del Estado.

El ambicioso mandato

“La justicia transicional es el conjunto de mecanismos políticos y legales con los que un país aborda un legado de conflicto y represión, con el objetivo de revelar la verdad, compensar a las víctimas, y que los autores de los abusos rindan cuentas a la sociedad para que haya una reconciliación nacional”, explica Salwa Gantri, responsable de la oficina de Túnez del Centro Internacional para la Justicia Transicional, una ONG que ha proporcionado asistencia a la IVD. Este concepto entró con fuerza en la conciencia colectiva de los tunecinos, orgullosos de su revolución pacífica y de haber encarrilado la transición democrática (Nobel de la Paz en 2015), a diferencia de sus vecinos en el mundo árabe.

Incluso algunas prominentes figuras del antiguo régimen, como Kamel Morjane, exministro de Defensa y de Exteriores del último Gobierno de Ben Alí, declaran apoyar la necesidad de un proceso de justicia transicional. Ahora bien, la suya es una versión light. “Se trata de que cada uno asuma sus responsabilidades y pida perdón, como yo he hecho, para que podamos pasar página (...) Llevamos demasiados años con este tema”, sostiene este diplomático de voz grave y pausada, fundador del nuevo partido Mubadara ("Iniciativa", en árabe). “En fin, si hay casos particulares, de familias afectadas de forma muy muy grave, pues quizás sí, pero eso no llevará a nada”, responde a la pregunta de si cree necesario celebrar juicios.

El problema es que los casos de violaciones graves de derechos humanos no son precisamente pocos. En sus primeros dos años, la comisión de la verdad recibió más de 65.000 denuncias de abusos cometidos por el Estado, una verdadera anatomía del sufrimiento padecido por la sociedad tunecina durante décadas. “El mandato de la Instancia es muy ambicioso, por el periodo y el tipo de abusos que abarca, así como por sus objetivos”, opina Gantri, la representante del centro para la justicia transicional. La era que cubre la IVD arranca en 1955, en los albores de la independencia, e incluye el régimen de Habib Bourguiba, el padre de la emancipación de Francia. Su mandato también incluye denuncias por privación de derechos económicos y sociales y diversos tipos de fraude, sobre todo relacionados con la corrupción.

“Una de las principales innovaciones del proceso tunecino es la vinculación que hace entre la corrupción y las violaciones de derechos humanos (...) porque el objetivo último de Ben Alí era enriquecerse”, comenta Sihem Ben Sedrine, una conocida opositora que ostenta  la presidencia de la Instancia de la Verdad y la Dignidad. De los dosieres presentados, casi un 25% está relacionado con fraudes, una prueba más de la naturaleza cleptócrata del sistema creado por el tirano y su voraz clan familiar.

Tras la presentación de cada dosier, un equipo de expertos verifica los hechos e investiga la identidad de los perpetradores. En los casos más graves, la IVD puede recomendar su procesamiento en unos tribunales especiales. En el resto, goza de potestad para mediar entre víctimas y agresores, y proponer una sanción. Al final del proceso, el organismo establece una reparación por parte del Estado, que puede ser no solo de tipo económico, sino también moral.

“Nuestra prioridad no es la persecución individual del verdugo, sino mostrar el funcionamiento del sistema autoritario y desmantelarlo, permitiendo así la reconciliación nacional”, apunta la presidenta de la IVD. Según sus estatutos, la colaboración de los perpetradores para esclarecer la verdad constituye un atenuante a la hora de fijar su castigo, pero no comporta automáticamente un indulto, como sucedía en la Comisión de la Verdad en Sudáfrica.

 La catarsis de las audiencias

Para cumplir su cometido de revelar un doloroso pasado oculto, la IVD ha organizado ya más de una quincena de audiencias públicas en las que las víctimas relatan sus historias de humillación y pérdida en directo, frente a las cámaras de la televisión pública. La potente carga emocional de sus testimonios ha suscitado lágrimas dentro de la sala, y una catarsis colectiva fuera de ella. “Existe una percepción distinta antes y otra después de las audiencias. Han representado realmente un punto de inflexión en la percepción de la IVD”, reflexiona Gantri, la experta en justicia transicional.

Tan solo un pequeño porcentaje de víctimas comparecerá en las audiencias públicas, y su selección responde a la voluntad de reflejar la pluralidad de familias políticas represaliadas y del tipo de abusos cometidos, según los organizadores. Estas sesiones no se hacen en el marco de juicios, pues los verdugos ni tan siquiera están presentes. Su valor es el de dar la palabra a las víctimas para que revelen a la sociedad una realidad ocultada por un sistema totalitario. Es decir, ayudar a reescribir la historia del país.

“El día de la sesión estaba muy nerviosa, pero también orgullosa”, recuerda la viuda del sindicalista y activista islamista Matmaty, que participó en una de las primeras sesiones dada la gravedad y repercusión mediática de su caso. “El día siguiente, la gente en la calle se solidarizaba conmigo y me expresaba su apoyo por el caso de mi marido. Me decían ‘No nos podíamos ni imaginar lo que el régimen hacía a la gente’”, añade.

La mayoría de las víctimas ha preferido no mencionar por el nombre a sus agresores, algo que algunas han justificado en su voluntad de no estigmatizar a los hijos de los verdugos. Saben de lo que hablan, pues el régimen solía castigar a una familia entera con despidos e incluso con la privación de la sanidad pública cuando uno de sus miembros ejercía el activismo político. “Los tunecinos son un pueblo pacífico, que aborrece la violencia. En mis tratos con las víctimas, pocas veces he encontrado un deseo de venganza”, asevera en un francés impoluto Ben Sedrine, la presidenta del organismo, que vivió parte de su exilio en Barcelona.

La controversia

Familiares de las víctimas escuchan los testimonios en la IVD, en Túnez, a finales de 2016.
Familiares de las víctimas escuchan los testimonios en la IVD, en Túnez, a finales de 2016. AFP / Getty Images

A pesar de sus nobles fines, la Instancia se ha visto envuelta en numerosos escándalos y controversias, buena parte de ellas a causa de un contexto político cambiante. En las elecciones de 2014, las fuerzas del Gobierno tripartito que aprobaron la creación del ente, liderado por los islamistas de Ennahda y formado por otros dos partidos socialdemócratas, padecieron un fuerte retroceso. Entonces, ascendió al poder Nidá Tunis, un partido antiislamista en el que se integran numerosos miembros del antiguo régimen, y con pocas ganas de remover el pasado. “El nuevo Gobierno es hostil a la IVD. Y aunque el equilibrio de fuerzas no permite desembarazarse de ella, sí que permite debilitarla”, cree la politóloga Olfa Lamloum.

“La institución está politizada. Sus miembros fueron elegidos en base a cuotas partidistas... y muchos tienen una mentalidad vengativa, quieren ajustar cuentas con el pasado. De ahí nuestra posición crítica”, se justifica Sofiane Teubal, presidente del grupo parlamentario de Nidá Tunis. La presidenta de la IVD, una mujer con un carácter tan fuerte a la que algunos incluso califican de autoritaria, se defiende: “La política se halla en el corazón de nuestro mandato, porque tratamos violaciones cometidas contra políticos... ¿Qué quieren que haga si el 40% de las víctimas eran islamistas? ¿Les he de decir que ellos no cuentan? A nosotros nos importa un bledo la ideología de las víctimas”.

Si bien la mayoría de instituciones públicas ha colaborado con la IVD, el Ministerio del Interior constituye una notable excepción. A pesar de que por ley está obligado a poner a disposición de los expertos de la Instancia los archivos de la policía política de Ben Alí, de momento, se niega a hacerlo. La actitud reticente de las fuerzas de seguridad, que no han sido reformadas tras la revolución, dificulta y ralentiza el proceso de justicia transicional. Algunos observadores incluso creen que está en peligro. Temen que será imposible llegar hasta el final en la investigación de miles de dosieres y que los verdugos permanecerán impunes.

“Es fundamental que tengamos éxito en nuestra empresa (...) y así convertirnos en un modelo de futuro para el mundo árabe, la región del mundo donde hay más tensiones violentas”, sugiere la presidenta de la IVD, una buena conocedora también de la realidad española, ya que pasó parte de su exilio en Barcelona. “El caso de España, que optó por la amnesia colectiva en su transición, muestra que las cuestiones no resueltas acaban resurgiendo. Algunos de los más graves problemas de la España actual, como la corrupción, derivan de no haber afrontado su pasado al haber extendido una sensación de impunidad”, espeta, usando la misma retórica incisiva con la que azotaba a Ben Alí.

Palabras como amnesia e impunidad son un tabú para las víctimas. “Quiero que los juzguen, sí, pero también saber dónde está el cadáver de mi marido, poder hacerle un funeral digno, poder rezar frente a su tumba”, dice la señora Matmaty mientras sostiene el retrato de su marido, un hombre de mirada intensa y facciones angulosas. “Aún confío en conseguirlo gracias a la Instancia (...) que Dios se apiade de nosotros, y haga justicia a todos los oprimidos, a todos los mártires”.

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