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Túnez aprueba una controvertida amnistía a los funcionarios corruptos de la dictadura

Oposición y sociedad civil se oponen a la iniciativa, que consideran una afrenta a la Revolución

Una diputada opositora se encara con el presidente del Parlamento para frenar el debate de la ley
Una diputada opositora se encara con el presidente del Parlamento para frenar el debate de la ley AFP

En la batalla sobre cómo lidiar con el ponzoñoso legado de la dictadura de Ben Alí, los pragmáticos ganaron la noche del martes otra batalla a los idealistas. El Parlamento de Túnez aprobó la llamada “ley de reconciliación administrativa”, que permitirá archivar todos los procesos judiciales abiertos contra funcionarios por delitos de corrupción cometidos antes de la Revolución de 2011, primera chispa de las revueltas árabes. Ahora bien, la medida se limita a aquellos casos en los que el funcionario no hubiera cometido la infracción para su propio beneficio. El maratoniano pleno vivió momentos de gran tensión, con gritos, pataletas e insultos que provocaron su interrupción en diversas ocasiones.

La apisonadora parlamentaria formada por los partidos integrantes de la “gran coalición” del Gobierno, el conservador y laico Nidá Tunis y los islamistas de Ennahda, prevaleció ante el recurso al filibusterismo de la oposición, cuyos representantes cantaban el himno nacional a pleno pulmón para obstaculizar el debate. La iniciativa fue adoptada por 117 votos a favor y 9 en contra, si bien decenas de diputados se ausentaron de la Cámara. “Esta ley permitirá reactivar la economía tunecina. No puede ser que haya centenares de funcionarios a la espera de que se resuelvan sus casos. Les necesitamos”, declaró en una entrevista reciente Sofian Teubal, presidente del grupo parlamentario de Nidá Tunis.

La más poderosa oposición al proyecto se hallaba fuera del hemiciclo, frente a las vallas de la Asamblea Popular. Decenas de miembros del movimiento juvenil Manish Nsameh (“No perdonaré”, en árabe coloquial), que ha liderado el rechazo a la ley de numerosas asociaciones de la sociedad civil, no se cansaban de gritar al son de los tambores: “¡No pasará!”. Esta era la cuarta vez que se debatía la propuesta de amnistía por los delitos económicos presentada por el nonagenario presidente del país, Beji Caïd Essebsi. En las tres anteriores, la movilización en las calles de los jóvenes revolucionarios fue capaz de frenar su aprobación.

“Ennahda cree en la reconciliación nacional para reconstruir el país. Las anteriores versiones de la ley contravenían la Constitución, por eso introducimos enmiendas, y las hemos apoyado”, comenta la diputada Jamila Ksiki en los pasillos del Parlamento. En los borradores anteriores, la iniciativa incluía también a hombres de negocios que se hubieran enriquecido gracias a la corrupción. A pesar de los cambios, varios representantes de Ennahda, un movimiento proscrito en la dictadura, se desmarcaron de la dirección, y una diputada islamista llegó a calificar la propuesta de ley de “traición”.

Para el movimiento juvenil Manish Nsameh, las enmiendas al texto original no son suficientes. “La ley continúa violando la Constitución y el Estado de derecho, así como también el principio de transparencia y establecimiento de la verdad. No hay un mecanismo efectivo para contrastar las declaraciones de los acusados”, opina Sharfedín Kelil, uno de los líderes del grupo, que aún confía que los tribunales anularán la legislación. Los partidos de oposición ya han anunciado que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad. En una rueda de prensa, denunciaron que la votación tuviera lugar antes de contar con la evaluación del Consejo Superior de la Magistratura, si bien ésta no es vinculante.

El del martes fue el segundo mazazo a los jóvenes revolucionarios en menos de una semana. Unas horas antes, juraban su cargo los nuevos miembros del Ejecutivo tras la amplia remodelación aplicada por el primer ministro. Entre los nuevos ministros, figuran tres que ya ocuparon este cargo en la era Ben Alí. Se trata del ministro de Finanzas, Mohamed Ridha Chalghoum; el ministro de Defensa, Abdelkarim Zribi; y el ministro de Educación, Hatem Ben Salem. Este último, era un destacado miembro del partido único y fue coordinador de Derechos Humanos en 2002. Con gran cinismo, se paseaba por las cancillerías occidentales desmintiendo las horribles torturas que sufrían en comisarías y cárceles los disidentes.

Sin embargo, más allá de los sectores más militantes, la sociedad tunecina acogió más bien con indiferencia los nombramientos. “El retorno de los hombres de Ben Alí se inició ya hace tiempo, después de la llegada al poder de Nidá Tunis en 2014”, explica la politóloga Olfa Labloum. Este partido se creó como una amalgama de sindicalistas, intelectuales opuestos al islamismo, políticos y empresarios vinculados al Antiguo Régimen. Habida cuenta de la incapacidad por parte de los sucesivos Gobiernos posrevolucionarios de enderezar la precaria situación económica del país, así como las enormes desigualdades entre regiones, una mayoría de la población le da la espalda a toda la clase política. Los analistas temen que las próximas elecciones municipales, previstas para finales de año, pueden registrar una abstención récord. Lejos queda el fervor revolucionario de aquella primavera que asombró al mundo.

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