Túnez fía su economía al FMI

En un mundo árabe desgarrado por guerras civiles y las tensiones sectarias, Túnez se ha convertido en la única historia de éxito de las llamadas primaveras árabes. Sin embargo, esta visión es solo cierta en el ámbito político gracias a la aprobación de una Constitución democrática y la celebración de diversas elecciones libres. A nivel económico, en cambio, no ha conseguido recuperar sus estadísticas de crecimiento previas a la revolución de 2010 —de un 5% de media—, ni tampoco generar la prosperidad esperada. Sin embargo, tanto las previsiones del Gobierno como de diversas consultoras confían en un despegue para el próximo lustro.

Según el Banco Central del país magrebí, la economía tunecina crecerá este año un 2% y un 3,5% en 2017, frente al 0,8% registrado en 2015. La consultora IHS va más allá y pronostica un crecimiento medio del 4,6% para los próximos años. De hecho, lo sitúa, junto a Irán y Emiratos Árabes, entre los países que ofrecen unas mejores oportunidades de negocio dentro de la región. Para los analistas, la actual negociación de un acuerdo de libre comercio con la UE y la concesión de un crédito por un valor de 2.800 millones de euros por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) con un plazo de cuatro años son razones para el optimismo. “Más allá de permitirnos aumentar la inversión pública, el préstamo constituye una señal de confianza hacia los inversores extranjeros. Para reactivar nuestra economía es fundamental volver a atraer un flujo importante de inversiones”, declaró a El PAÍS Yasín Brahim, ministro de Inversiones y Cooperación Internacional. Por su parte, Amine Mati, jefe de la misión del Fondo en Túnez, asegura que el objetivo del acuerdo es “acelerar la inversión pública, convertir el sistema fiscal en más justo y mejorar el acceso al crédito a las empresas pequeñas y medianas. El país magrebí ya recibió un préstamo de esta institución en 2013, pero de menor valor: 1.500 millones.

Pocos días después del anuncio del acuerdo con el FMI, el Banco Mundial hizo público un ambicioso programa de 4.460 millones de euros, la mayoría destinados a financiar la construcción de infraestructuras. Como es habitual, los créditos vienen acompañados de reformas. Las de más calado, ya efectuadas, son la aprobación de una ley que blinda la independencia del Banco Central y otra que reestructura el ineficiente sector bancario del país. Asimismo, el FMI exige una profunda reforma fiscal, que el Gobierno ha aplicado parcialmente hasta el momento.

Las razones que explican la caída de la producción durante los últimos años son diversas. En primer lugar, la inestabilidad política frenó la inversión extranjera y la llegada de turistas, siendo este un sector que representa el 7% del PIB. Si el turismo ya quedó tocado tras la revolución, recibió un golpe definitivo el año pasado, cuando dos brutales atentados en zonas turísticas se saldaron con la muerte de 59 personas, la mayoría extranjeros. Estos últimos años se ha disparado la conflictividad y las huelgas se han convertido en un hecho habitual. Por ejemplo, el sector de los fosfatos, una de las principales exportaciones del país, se ha visto seriamente afectado (el año pasado, la caída en la producción minera fue del 21%).

La revuelta asestó un mazazo a un modelo de crecimiento, basado en un capitalismo corrupto, muy vinculado a los intereses de la familia Ben Ali, que aún no ha sido sustituido por un nuevo modelo más transparente. “Desde la era Ben Ali, entre los empresarios domina la búsqueda del beneficio rápido. Es necesario un cambio de mentalidad hacia la inversión a largo plazo”, opina Salah Tagaz, ex alto funcionario del Ministerio de Transporte. De hecho, una de las iniciativas más polémicas del Gobierno, frustrada por la movilización popular, era una amnistía para los hombres de negocios crecidos a la sombra de Ben Ali con el objetivo de que repatriaran sus fortunas y reactivaran la inversión.

Actualmente, el principal problema social es el paro, sobre todo entre la juventud. Si bien el registro oficial es de un 15,5%, no refleja el enorme volumen de subempleo. Tan solo un tercio de los jóvenes cuenta con un contrato formal y cobertura de la seguridad social. En enero, una ola de protestas por este problema obligó al Ejecutivo a declarar el toque de queda durante varios días. Las movilizaciones fueron especialmente importantes en el sur y el centro del país, zonas tradicionalmente marginadas por el Estado.

Más allá de estos problemas, fuentes del Banco Mundial lamentan que los diversos Gobiernos que se han sucedido después de la revolución no hayan sido capaces de abrir a la competencia muchos sectores en régimen de monopolio, ya sean públicos o privados, ni tampoco de simplificar los trámites para abrir nuevas empresas.

La firma del crédito con el FMI ha suscitado recelos entre un sector de la población que no olvida el espaldarazo que dio el Fondo al antiguo dictador y sus políticas neoliberales. “Estamos en contra por muchas razones. Para empezar, por la falta de transparencia en las condiciones que conlleva. Las que conocemos no parecen adecuadas a la realidad tunecina, más bien una simple transposición de otros planes de ajuste”, critica Jelil Bedaui, economista del Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales. “En lugar de endeudarse, el Gobierno debería tomarse en serio la lucha contra el fraude fiscal. Túnez posee suficientes recursos”, sostiene Bedaui, que recuerda que la economía informal representa hasta un 40% del PIB, una cifra que ha ido en aumento los últimos años.