Túnez juzga con garantías los crímenes de la dictadura

El caso escogido para abrir este histórico proceso es el relativo a la desaparición, tortura y asesinato en 1991 de Kamal Matmaty, un activista político de tendencia islamista. “El caso Matmaty es muy simbólico porque recoge varias de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura … Casi 27 años después, la familia todavía no sabe dónde se halla su cadáver”, explica Béchir Jalfi, presidente de una asociación de víctimas y autor de un libro sobre la biografía del activista. De hecho, durante muchos años las autoridades hicieron creer a sus familiares que Matmaty todavía se hallaba con vida, y solo admitieron su muerte de manera oficial tras la Revolución.

El Palacio de Justicia de Gabes, una ciudad del sur del país, se llenó a rebosar de activistas, víctimas y de emociones. Sin embargo, quienes no asistieron a la vista fueron los 14 acusados, entre los que se cuenta el exdictador Ben Alí, exiliado en Arabia Saudí, y su ministro del Interior. El tribunal tomó declaración como testigos a varios colegas de la víctima y agentes de policía que servían en la comisaría donde Matmaty falleció entre torturas. Fátima, su octogenaria madre, también ofreció su testimonio, interrumpido por unas lagrimas y sollozos que se contagiaron por toda la sala.

“Lo que queremos es saber toda la verdad, y sobre todo, dónde se encuentran los restos de mi marido, para poder enterrarlo dignamente … También que los culpables paguen por lo que hicieron”, explicaba a la entrada del tribunal Latifa, viuda de Matmaty, cuya mirada aún transmite una insondable tristeza. En esta jornada histórica, le acompañaron decenas de víctimas venidas de todos los puntos de la geografía tunecina. “¿Kamal Matmaty dónde está?”, coreaban mientras sostenían pósters con la fotografía del malogrado activista en unas tiendas instaladas frente al tribunal. Sus voces se colaban en la sala, recordando a los magistrados la trascendencia de este proceso.

Los precarios juicios anteriores

Esta no es la primera vez que la familia Matmaty asiste a una causa judicial por la muerte de su patriarca. Hace más de tres años, un tribunal ordinario dictaminó que los crímenes relativos a su caso habían prescrito, en clara contradicción con las convenciones internacionales firmadas por el país magrebí. Fue a través de precarios juicios post-revolucionarios como este que Ben Alí fue condenado en rebeldía a cadena perpetua, mientras algunos de sus más directos colaboradores recibían leves sentencias. En 2014, ya habían salido todos de la cárcel.

“Esta vez será diferente. Contamos con un nuevo sistema. Tenemos confianza en los jueces”, comentó Habib Jader, diputado del partido islamista Ennahda y miembro del equipo de abogados de los Matmaty. Los cinco magistrados del tribunal, todos ellos bastante jóvenes, forman parte de unas cámaras especializadas de nueva creación y han recibido formación en los principios de la justicia transicional gracias a un acuerdo de colaboración con Naciones Unidas.

“Ojalá que por fin se haga justicia ... Si hemos llegado hasta aquí ha sido gracias a la tenacidad de la IVD y [a su presidenta] Sihem Bensedrin. A pesar de todas las presiones, los insultos y los obstáculos”, musitaba Latifa Matmaty en referencia al atribulado camino recorrido por la Instancia de la Verdad y la Dignidad. Creada a finales de 2013, la IVD ha recibido más de 62.000 peticiones por parte de las víctimas, y ya ha iniciado sus pesquisas en más de 50.000 de ellas. Sin embargo, aún no está claro si podrá concluir sus trabajos a causa de la hostilidad que le profesa el principal partido en el Gobierno desde 2015, Nida Tunis, integrado por varias personalidades vinculadas al antiguo régimen.

En una vitriólica sesión celebrada en marzo, varios grupos parlamentarios trataron de bloquear la prolongación por un año del mandato de la IVD, que en teoría debería disolverse este mismo jueves. La votación no alcanzó el quórum mínimo, y la Instancia continuará operando los próximos meses en un limbo legal. “Los miembros del antiguo régimen se han opuesto a la Instancia desde su creación … acusándola de crear la discordia entre los tunecinos”, afirma Huda Mziudet, una investigadora del think tank Carnegie, que sostiene que los conflictos internos en el seno de la institución tampoco han ayudado a su éxito.

El juicio Matmaty, y los 33 que lo seguirán, pondrán a prueba la solidez de la transición tunecina y sus instituciones. Como presagio de futuros desafíos, la no comparecencia de los acusados, la mayoría vinculados a las fuerzas de seguridad. Su actitud no resulta una sorpresa. Hasta el momento, el Ministerio del Interior se ha negado a permitir a los investigadores de la IVD el acceso a sus archivos, tal como obliga la ley. Aunque Túnez ha aprobado una nueva Constitución democrática y ha celebrado varias elecciones libres, la batalla por la justicia de muchas víctimas tan solo acaba de comenzar.