Bruselas amenaza a EE UU con represalias si reactiva el castigo a los inversores europeos en Cuba

La creciente tensión comercial entre la UE y EE UU se encuentra a punto de reabrir el frente de la isla de Cuba, cerrado desde hace 20 años por un acuerdo entre Bruselas y Washington para eximir a los inversores europeos en la isla de posibles sanciones estadounidenses contra La Habana.

La ofensiva de Donald Trump sobre Cuba entrará en una nueva fase este miércoles, cuando la Administración estadounidense planea abrir las compuertas a un alud de denuncias de individuos contra empresas que hacen negocios en la isla. Europa ya ha lanzado una advertencia preventiva contra el riesgo de provocar una peligrosa escalada de litigios, sanciones y confiscaciones que afecten a empresas de ambos lados del Atlántico.

Bruselas ha amenazado a EE UU con presentar una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio si reactiva las sanciones, según una carta remitida al Gobierno de Donald Trump por Federica Mogherini, vicepresidenta de la Comisión Europea y alta representante de Política Exterior de la UE, y por Cecilia Malmström, comisaria europea de Comercio.

Pero la primera andanada comunitaria, en forma de misiva a la que ha tenido acceso EL PAÍS, va más allá del mero conflicto internacional ante la OMC. Y advierte a Washington de que desencadenará "un ciclo autodestructor de reclamaciones" si anula la exención de sanciones que disfrutaban las empresas europeas con intereses en Cuba.

"La UE se verá obligada a recurrir a todos los instrumentos a su disposición, incluida la cooperación con otros socios internacionales, para proteger sus intereses", subrayan Mogherini y Malmström en una carta que tiene a Mike Pompeo, secretario de Estado de EE UU, como destinatario.

Washington planea dejar que, por primera vez, entre en vigor el Título III de la conocida ley Helms-Burton, según el cual ciudadanos de origen cubano pueden reclamar ante los tribunales estadounidenses las propiedades que les fueron confiscadas a raíz de la revolución de 1959 y que ahora pueden estar perfectamente bajo uso de inversores con intereses en la isla.

La ley Helms-Burton fue aprobada por la Administración de Bill Clinton en 1996. Pero el citado apartado, que permitiría tal cascada de pleitos (unos 200.000 según los cálculos de Reuters), nunca entró en vigor gracias, en gran parte, a la presión de Bruselas para defender, entre otras cosas, la importante presencia española en sectores como el hostelero. El impacto de las sanciones de EE UU puede hacerse sentir en las cadenas hoteleras españolas presentes en la isla, entre las que figuran Meliá, Iberostar, Barceló o NH. Los inversores españoles controlan el 71% de las habitaciones de hotel de la isla en manos extranjeras. Y la inversión española ronda los 300 millones de euros anuales.

EE UU optó por suspensiones sucesivas de la posibilidad de reclamación, aprobadas cada seis meses y decididas Gobierno tras Gobierno, independientemente de su color político. Una tregua que Trump parece dispuesto a terminar este miércoles aun a riesgo de provocar represalias por parte de un socio comercial tan fundamental para EE UU como la UE.

Mogherini y Malmström detallan en su carta los procedimientos que puede activar la Unión Europea para permitir que las empresas europeas recuperen cualquier daño económico que les causen las sanciones de Washington o las indemnizaciones a antiguos propietarios estadounidenses de bienes cubanos.

No por casualidad, las dos comisarias ponen como ejemplo el sector hostelero para avisar a Pompeo de las posibles repercusiones. "Si una cadena de hoteles estadounidense (...) reclama [compensación] a una cadena europea ante tribunales de EE UU (...), la europea podría reclamar la misma compensación a la estadounidense ante un tribunal europeo", avisan las comisarias.

El procedimiento, llegado el caso, permitiría confiscar bienes de las empresas estadounidenses en territorio de la UE para compensar a los perjuicios que sufran las empresas europeas. "Y hay que apuntar que la inmensa mayoría de los 50 mayores denunciantes, que suman el 70% del total del valor de las reclamaciones certificadas, tienen activos en la UE", concreta su amenaza la Comisión Europea.