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COLUMNA i

En tierra derecha

Los periodistas en nuestro único y verdadero papel tenemos que preguntarnos: ¿Se irá extraditado el exguerrillero Jesús Santrich por entrampamiento?

La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, en Colombia.
La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, en Colombia. EFE

La democracia debe tener anclajes robustos, suficientes para soportar el peso del péndulo, los cambios en las preferencias políticas y electorales y su consecuente ideología. Los gobiernos cambian así como los hombres y mujeres, de Obama a Trump, de Dilma a Bolsorano, de Bachelet a Piñera, de Santos a Duque. Sus idearios se visibilizan, las presiones pululan y las realidades terminan siempre por imponerse para beneficio de las sociedades cuando el juego de pesos y contrapesos está bien balanceado.

Y sin embargo, las estrategias y sus tácticas para imponer una forma de pensamiento materializada en políticas públicas implica tener los ojos bien abiertos y la ética y la moral a prueba de entrampamientos para no caer en los atajos discursivos y saber anticiparse a cualquier intento ideológico de izquierda o de derecha que amenace las conquistas alcanzadas en derechos ciudadanos.

Por eso me ha parecido ideal la aparición de la palabra "entrampamiento" para reflexionar sobre el momento que vivimos por estos días en Colombia. La palabrilla anda de boca en boca en forma de debate jurídico, en la medida en que agentes de la DEA han venido participando en investigaciones judiciales de la Fiscalía General, especialmente en casos que terminan por afectar de una y otra manera el funcionamiento del Tribunal que nació como resultado de los acuerdos de paz con las FARC, la Justicia Especial para la Paz (JEP), en el preciso momento en que el presidente de la república deberá tomar la decisión de objetar o no la ley que reglamenta esa jurisdicción. 

Entrampamiento significa entrampar, hacer que otro caiga en una trampa, es el acto de enredar, de engañar, de inducir casi siempre a la comisión de un delito o de un mal. El debate se abrió para establecer si el uso del entrampamiento apareció para deslegitimar la JEP a propósito del actuar de un corrupto, o para inducir al exguerrillero Jesús Santrich, basado en que su condición de narcotraficante saldría a flote por encima de su compromiso con el desarme. En buena hora, la Procuraduría ha determinado que sea la Corte Suprema la que decida sobre ese caso. Ojalá distinguiendo el castigo que merece el delincuente sin que implique afectación a la apuesta de la paz.

Pero sirve para hacernos muchas preguntas, porque no solo el entrampamiento se usa para inducir a ese tipo de delitos. También para enredar, para confundir y poner a muchos a caminar por las líneas grises que nos separan de nuestros compromisos éticos en lo profesional y personal.

Los periodistas en nuestro único y verdadero papel tenemos que preguntarnos entonces: ¿Se irá extraditado Santrich por entrampamiento? ¿Se está usando el entrampamiento para que el pueblo venezolano compre la ilusión de ser liberado de la dictadura, cuando la realidad está mostrando que pasará por etapas que pueden ser aún más dolorosas para la gente?

¿No hay acaso entrampamiento cuando se presenta un proyecto de ley con fachada de libertad y es precisamente para coartar la libertad de cátedra? ¿No se esconde detrás de la propuesta tan parecida de Bolsonaro en Brasil de Escuelas sin partido, el verdadero interés por el adoctrinamiento? O el de Cuba en su época más aciaga cuando vimos a niños pioneros José Martí uniformados en el Caribe?

¿Proponer el regreso de ciudadanos armados no plantea un atajo peligroso que puede terminar por dejarnos a merced de los peores instintos humanos y la defensa de individualidades económicas? Por la vía de los importantes debates pero también por entrampamiento, Colombia está dando un giro a la derecha, coherente con la elección de un gobierno del Centro Democrático.

La petición del presidente Duque a la Corte Constitucional, escenario ahora de espacios de discusión fundamentalmente democrático, para modular una sentencia que condicionó el uso del glifosato, herbicida para combatir cultivos de coca al cumplimiento de ciertas condiciones y volver a la reanudación de la aspersión muestra el giro a la derecha en la política antidrogas y podría terminar por acabar con una apuesta realista y digna como es la sustitución de cultivos illíticos y la erradicación manual.

Y en medio del debate, una realidad: el aumento de los cultivos de coca a 171.000 hectáreas en 2017, según las cifras de monitoreo de Naciones Unidas, Simci. En 2012, esa cifra fue de 60.000 hectáreas.

A qué conclusión debemos llegar, o al menos a qué reflexión nos deben llevar los siguientes hechos: que en la justicia se use el entrampamiento, el cambio en la posición de política en la lucha contra las drogas, un trino del senador expresidente Álvaro Uribe a raíz de una foto de niños de Montes de María con una pancarta donde está escrito abracemos la JEP: “Abuso de algunos profesores justifica poner competencia a la educación pública, que estudiantes puedan ir a la privada, el intento del representante Edward Rodríguez de poner controles a la libertad de cátedra. Algunos nombramientos cuestionados, por tratarse de personas con posiciones radicales frente a temas de paz, como el caso del director del Centro de Memoria Histórica que no cree en el conflicto y debe construir la narrativa sobre el mismo. O las medidas sobre dosis mínima o sobre porte y uso de armas.

¿Por tratarse en general de decisiones de un Gobierno de derecha nos retrocede frente a lo que hoy tenemos en temas de derechos? Y si fuera de izquierda, ¿las pondríamos en tela de juicio también?

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