Grecia teme la inestabilidad italiana cuando se prepara para abandonar el rescate

Grecia ha vivido este miércoles la primera huelga general del año, y la octava desde que Alexis Tsipras asumió el Gobierno en enero de 2015, con un seguimiento muy escaso, salvo en el transporte público y la Administración. A tres meses de que, el próximo 20 de agosto, concluya oficialmente el tercer rescate, los ciudadanos mostraron de nuevo su cansancio ante las movilizaciones y sólo los dos grandes sindicatos convocantes (Adedy, funcionarios, y GSEE, sector privado) clamaron en las calles contra unos recortes que continuarán en 2019 y 2020 pese al término del programa. La crisis italiana proyecta además su sombra sobre una economía que sólo ahora empieza a recobrarse de casi una década de austeridad.

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El paro de este miércoles apenas si incomoda al Gobierno de Tsipras, cuyo objetivo inmediato es sacar adelante en el Parlamento, antes del 14 de junio, las acciones pendientes que demandan los acreedores para aprobar en el Eurogrupo del día 21 (el último antes del verano) la cuarta, y última, revisión del tercer rescate. Más preocupante que la huelga es para Tsipras un eventual contagio de la crisis italiana, pese al peso disímil de ambos países en el PIB de la eurozona (el 2% de Grecia frente al 16% italiano). “Grecia ha pasado de ser un paria a un ejemplo de estabilidad”, presumía este martes el primer ministro en su intervención ante la asamblea general de la patronal griega, que le felicitó por la inminente salida del rescate… pese a la previsible supervisión que seguirá al mismo (el formato está por definir, si bien los más pesimistas, que son también los más críticos con el Gobierno, han apuntado la posibilidad de una línea de crédito puente o suplementaria). Por eso, insistió Tsipras sin hacer referencia a esa hipótesis, “el final positivo de la aventura griega es hoy más necesario que nunca para toda la eurozona”, y para Atenas no cabe hablar de final feliz sin el anhelado alivio de la deuda, que en 2017 suponía casi el 179% del PIB (la italiana, el 132%).

Tormenta italiana al margen, la estabilidad en todas sus formas, también política, es el mensaje clave del Ejecutivo ateniense, incluida la consigna de que las elecciones tendrán lugar en 2019, al término de la legislatura, y no antes, como algunas fuentes venían apuntando; una revisión constitucional pendiente abona el primer escenario en detrimento del adelanto de la convocatoria. Pero pese a la buena marcha de la economía, que por primera vez desde 2009 exhibe datos positivos —como por ejemplo un superávit primario superior al previsto—, todos los sondeos de opinión dan una ventaja de entre cinco y diez puntos a la conservadora Nueva Democracia, principal partido de oposición, sobre Syriza. Según estas encuestas, el socio de coalición de Tsipras, la derecha soberanista de Griegos Independientes (ANEL, en sus siglas griegas), ni siquiera entraría en el Parlamento si hoy se celebraran elecciones, un dato que bien podría dejar las manos libres al Ejecutivo de Syriza en la fase final de las negociaciones con la Antigua República Yugoslava de Macedonia (FYROM, en sus siglas inglesas). ANEL es el principal detractor de cualquier acuerdo sobre la futura denominación del país vecino, clave para su entrada en la UE y la OTAN.

De las más de 200 medidas, entre reformas y ajustes, previstas en el tercer rescate, quedan 88 pendientes, 50 de las cuales serán tramitadas en el Parlamento en bloque y por la vía de urgencia; el resto está en fase de implementación. No todas son precisamente recortes —como los 14 que, por ejemplo, han sufrido las pensiones desde 2010—, sino iniciativas para mejorar la gestión de la Administración, recortar su tamaño o incentivar la inversión extranjera. Uno de los pilares del tercer rescate es por ejemplo el fondo de privatizaciones, que en teoría debería liquidar 50.000 millones en bienes públicos. Pero el programa ha sufrido numerosos retrasos y reveses, de manera que el mismo presidente del país tuvo que firmar un decreto, aprobado en febrero por el Consejo de Estado —la más alta instancia administrativa del país—, para desbloquear “por interés público” la privatización de Ellinikó, en la Riviera ateniense y buque insignia del fondo.

Con el tercer rescate, aprobado in extremis en verano de 2015 tras varias semanas al borde del abismo del Grexit, el país ha recibido cerca de 300.000 millones de euros desde 2010, y no precisamente gratis, ya que las recetas de austeridad impuestas para satisfacer las demandas de los acreedores han provocado la pérdida del 25% del PIB, un paro desbocado (más del 30%, y el 60% entre los jóvenes, en el peor pico de la crisis; hoy ronda el 20%), o la liberalización del mercado de trabajo y “la desregulación de las relaciones laborales”, como subrayaba la convocatoria sindical de este miércoles.