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El bloqueo del tercer rescate dispara de nuevo las alarmas de ‘Grexit’

Los acreedores exigen nuevas medidas y Atenas asume que no se han implementado dos tercios de las pactadas en 2015

El bloqueo de la segunda revisión del tercer rescate griego (86.000 millones de euros a tres años), fundamental para el desembolso de un nuevo tramo de la ayuda, ha hecho sonar de nuevo las alarmas del Grexit, la hipotética salida de Grecia de la eurozona. Las discrepancias entre los distintos acreedores (el FMI, sobre todo, que insiste en la inviabilidad de la deuda griega y exige nuevas medidas) arrojan aún más dudas sobre el futuro del programa, pero también dentro del Gobierno hay voces disonantes.

Choques entre agricultores y policías, el 2 de febrero en Salónica. En vídeo, comparecencia de la portavoz de la Comisión Europea.

Para el 49,2% de los hogares griegos, que dependen de una pensión como principal ingreso, la perspectiva de un nuevo recorte de las prestaciones —ha habido una docena desde 2010, fecha del primer rescate— está fuera de lugar: ya no hay de donde recortar. Algo que corrobora el hecho de que en 2016 el 75% de los hogares viera reducidos sus ingresos respecto al año anterior, o que el 37% tenga ingresos anuales inferiores a los 10.000 euros, según un reciente informe de la cámara de pymes helena. El año ha arrancado, además, con una subida de impuestos a los carburantes, los automóviles, la telefonía fija, la televisión, el tabaco, el café y la cerveza.

Al Gobierno tampoco le salen las cuentas. Dos tercios de las medidas exigidas para desembolsar el siguiente tramo del rescate no se han implementado, según un informe de Bloomberg asumido por el Ejecutivo, mientras el fondo de privatizaciones, que iba a recaudar 50.000 millones en 30 años, sólo ha logrado 4.000 desde agosto de 2015; la próxima gran liquidación puede ser la del 67% de las acciones del puerto de Salónica, el segundo del país, en marzo.

Con la segunda revisión del tercer rescate bloqueada desde diciembre por falta de avances, Atenas deberá afrontar en julio pagos por más de 7.000 millones, de ahí la premura por zanjar el asunto antes del Eurogrupo del 20 de febrero. “Si el bloqueo continúa más allá de marzo, las cosas se van a poner difíciles. Debería alcanzarse un compromiso antes de las elecciones holandesas, a mitad de mes”, apuntan fuentes cercanas al Gobierno, que confían en una solución. “Las posibilidades de un colapso [del tercer rescate] son muy, muy pequeñas. Eso sería un desastre para la eurozona entera y un serio revés para [la canciller alemana Angela] Merkel, que por primera vez ve a su partido en segundo lugar en las encuestas de intención de voto”, añaden las fuentes citadas.

Una respuesta indirecta al ministro de Economía alemán, Wolfgang Schäuble, quien reiteró ayer que una hipotética salida del Fondo Monetario Internacional (FMI) del rescate griego —en consideración— supondría el colapso del programa. El Fondo exige nuevos ajustes (sobre todo en reforma laboral y de pensiones) una vez finalizado el rescate (2018) para alcanzar los objetivos fiscales fijados (un superávit primario ese año del 3,5% del PIB), algo que Atenas rechaza.

Tres rescates después, y miles de sacrificios sociales que han dibujado un panorama casi de posguerra en ámbitos como la educación o la salud, Grecia parece volver hoy al punto muerto que, en 2011 y luego en 2015, la acercó peligrosamente al borde de la eurozona. La palabra Grexit resucita entre el alud de titulares monopolizados hoy por Donald Trump y el Brexit, y no sólo en el exterior (algunos medios alemanes airean golosamente la duda) sino también como fuego amigo en las filas del Gobierno.

La semana pasada, el exministro alterno de Cultura, y actual secretario de Estado para Europa, Nikos Xydakis, abogó por romper definitivamente el tabú del Grexit y hablar sin tapujos, desde la tribuna del Parlamento, de una vuelta a la dracma. La oposición se ha lanzado en tromba contra el Gobierno, que, como el propio Xydakis, ha tratado de apagar el nuevo foco de tensión matizando las declaraciones y abogando claramente por la pertenencia a la eurozona. Pero el germen de la duda persiste.

El tabú del Grexit, el miedo a un salto al vacío, impidió que en julio de 2015, tras el refrendo del 62% de la población en referéndum a una nueva relación con la troika, el país franqueara la puerta de salida de la moneda única. Pero, en palabras de Xydakis, la tozuda realidad se impone y “Grecia ha llegado a un punto en que la población ya no tiene más aguante”. Las movilizaciones de jubilados y agricultores vuelven a las calles tras el paréntesis navideño. El campo, tradicional vivero de votos, ha incrementado su campaña de protestas contra la subida de impuestos (que se homologarán al régimen general), del precio del gasóleo (hasta ahora generosamente subvencionado) y de las cotizaciones a la seguridad social con bloqueos en numerosas carreteras y el cierre de algunos pasos fronterizos en el norte.

La oposición reclama elecciones anticipadas

La conclusión de la segunda revisión del rescate ha encallado, entre otros puntos, en las encontradas posturas existentes sobre la reforma laboral (Atenas no está dispuesta a renunciar a la protección frente a despidos colectivos ni a su intención de restaurar la negociación colectiva), diferencias sobre la cuantía de la base mínima imponible, que actualmente favorece a la mitad de la población, o sobre el —para las instituciones acreedoras— abultado peso de las pensiones, que representan el 11% del PIB.

En este panorama, desde la oposición sólo se escucha desde hace meses un clamor: la convocatoria de elecciones anticipadas. Mientras el centroizquierda se reorganiza —Yorgos Papandreu, que dio el portazo al Pasok en 2015 y creó su propio partido, ha regresado a la hoy alicaída formación que creó su padre—, la conservadora Nueva Democracia lidera casi todas las encuestas de intención de voto, con una media de diez puntos de ventaja sobre Syriza. El Gobierno insiste en que las elecciones se celebrarán al término de la presente legislatura (septiembre de 2019) pero, a la vista de los nubarrones que se ciernen sobre la economía, nadie parece dispuesto a apostar por ello. "Es demasiado pronto para plantearse si Syriza estaría dispuesta a ir a elecciones. La cuestión es preguntarse por qué habría de fracasar el programa, [dado] que todas las partes, incluida Alemania, están trabajando para lograr un compromiso", concluye la fuente próxima al Gobierno.

Nuevos episodios de tensión con Turquía

Aviones de caza turcos mantuvieron el pasado miércoles un nuevo pulso con F-16 griegos en el Egeo, en el enésimo episodio de tensión entre los dos países, tras la decisión del Tribunal Supremo heleno de no extraditar a ocho militares huidos a Grecia tras el fallido golpe de Estado del 15 de julio. El enfrentamiento tuvo lugar sobre los islotes deshabitados de Imia, en el Dodecaneso, cuando los sobrevolaba en helicóptero el ministro griego de Defensa, Panos Kamenos.

Kamenos, líder de Griegos Independientes (ANEL, en sus siglas griegas; socio de Gobierno de Syriza), había viajado al lugar, como hizo en 2015 y 2016, para lanzar al mar una corona de flores en homenaje a los tres oficiales griegos que murieron el 31 de enero de 1996 al estrellarse el helicóptero en que viajaban, un suceso que motivó la peor crisis entre Grecia y Turquía desde la invasión del norte de Chipre por el Ejército turco en 1974 y que estuvo a punto de desencadenar una confrontación armada. 

La decisión del Supremo griego, ampliamente respaldada por fuentes del Gobierno “como una defensa del Estado de derecho, la independencia judicial y los valores europeos”, ha incrementado la tensión bilateral, azuzada también por recientes comentarios del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre la necesidad de revisar el Tratado de Lausana (1922), que delineó las fronteras entre Grecia y Turquía, así como la soberanía helena sobre las islas del Egeo.

Al margen de los frecuentes sobrevuelos turcos en la zona, el rechazo de la petición de extradición puede tener efectos inmediatos en la crisis de los refugiados y, asimismo, en el proceso de diálogo en curso para resolver la división de Chipre, precisamente cuando los dos líderes de la isla aspiran a celebrar una nueva reunión con la ONU y los países garantes a primeros de marzo. Con respecto a los refugiados —sólo en enero llegaron a las islas del noreste del Egeo 1.012 personas, mientras hay más de 60.000 atrapados en el país—, Ankara ha amenazado veladamente con abrir de nuevo la llave de las salidas, teóricamente subordinada al pacto migratorio UE-Turquía, y a la esperanza de lograr la exención de visado a los ciudadanos turcos, pero que en la práctica es un compromiso congelado.

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