Miles de manifestantes vuelven a la calle en Grecia contra un nuevo tijeretazo

Por primera vez en lo que va de año, y enésima desde el primer rescate (2010), Grecia vivió este miércoles una huelga general de 24 horas contra las medidas de austeridad adicionales, por importe de casi 5.000 millones de euros, que este jueves votará el Parlamento y que la mayoría de la población, los sindicatos y la oposición califican de cuarto rescate, aunque, a diferencia de los tres anteriores, este no implica contrapartida económica; sólo nuevos sacrificios. Los ajustes se extenderán entre 2018 (en agosto de ese año finaliza el tercer rescate) y 2021, esto es, más de una década después del inicio de un via crucis que ha disparado el desempleo y yugulado el PIB, con una contracción del 25%. Del debate y la votación de los nuevos ajustes en la Cámara, prevista para última hora de este jueves, se ha expulsado a los parlamentarios neonazis de Aurora Dorada (AD), tras la agresión de su portavoz al de la conservadora Nueva Democracia (ND), el lunes.

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Con un seguimiento desigual, casi nulo en el comercio, parcial en la Administración y mucho más acusado en el sector del transporte —los ferris que conectan las islas al continente pararán cuatro días seguidos, hasta el viernes incluido—, el paro fue secundado por vez primera por los uniformados, pese a que tienen prohibido hacer huelga. Hubo por tanto menos policías que de costumbre en las calles de Atenas, donde, al término de las marchas que congregaron a miles de personas (12.000, según las autoridades), se produjeron enfrentamientos entre policías y manifestantes con lanzamiento de piedras y cócteles molotov. Nada nuevo bajo el sol, y sí una acusada sensación de déjà vu, de enésima vuelta de tuerca infructuosa.

Presentada en el Parlamento el sábado por la noche —es proverbial el peculiar horario de sesiones en la Cámara helena—, aprobada el martes en comisión parlamentaria y debatida este miércoles, la aprobación de esta la ley ómnibus o escoba es condición sine qua non para que los acreedores (la antigua troika) desembolsen el siguiente tramo de ayuda del tercer rescate, unos 7.000 millones que se tragarán por completo los pagos de intereses pendientes en julio. Este paquete suplementario de ajustes fue impuesto hace dos semanas en el acuerdo in extremis entre los acreedores y el Gobierno de Grecia para aprobar la segunda revisión del rescate, firmado en julio de 2015.

Con el país de nuevo en recesión, por muy optimistas que sean las perspectivas del Gobierno —prevé una emisión de deuda en julio, lo que sería su regreso al mercado desde 2014—, las nuevas medidas incluyen un ajuste de entre el 9% y el 18% de las pensiones (el 14º recorte desde 2010), reformas energéticas (liberalización del mercado, otra exigencia añeja de la troika) y una nueva subida de impuestos a partir de 2020 que afectará a las rentas más bajas, ya que se reduce hasta los 5.700 euros (de 8.600) el mínimo exento de declarar. Además de impedir la negociación colectiva —una línea roja para el Gobierno hasta que claudicó—, otra de las medidas de fuerza es la liberalización del horario comercial, con más aperturas los domingos (de 8 a 32 al año), ajuste muy impopular entre el pequeño comercio. Si Grecia cumple las metas fiscales, podrá elevar el gasto social a partir de 2019, con subsidios para las rentas más bajas y fondos contra la pobreza infantil.

“¿2019?¿Sobreviviremos? Porque esto no es más que prolongar una agonía dolorosa”, cuenta por teléfono Andonis Pavlópulos, jubilado de los astilleros de Pérama que ha visto reducirse su pensión desde casi 3.000 euros en 2009 a 1.050 (y que ahora sufrirá un nuevo recorte, del 18%). “Mantengo a mis dos hijos, que no tienen trabajo, a sus esposas y a los cuatro nietos, tres hogares en total… Veo el deterioro de mi barrio, cómo se hunden en la miseria los mayores y emigran los jóvenes, y no puedo entender el discurso triunfalista del Gobierno. Puede que tengan razón, que las medidas funcionen [el superávit primario supera el exigido por la troika], pero al final nos dirán aquello de: la intervención fue un éxito, pero el enfermo se quedó en la mesa de operaciones…”

Con las encuestas abrumadoramente en contra —dan entre 10 y 15 puntos de ventaja a la conservadora Nueva Democracia—, el Gobierno que dirige Alexis Tsipras apurará por la mínima (153 escaños de 300) este nuevo trago amargo, prietas las filas (las de Syriza y las de su socio de coalición, Griegos Independientes, ANEL) ante lo que desde el Ejecutivo se insiste en calificar de último esfuerzo previo a la salida del túnel de los rescates. Tsipras ha defendido las medidas adicionales con la promesa de que cada recorte se acompañará de una contramedida de alivio y que el cierre de la segunda revisión del rescate (que lleva meses pendiente, y se supone se cerrará formalmente en el próximo Eurogrupo, el 22 de mayo) franqueará la negociación sobre el alivio de la deuda, que roza el 180% del PIB.

No se esperan sorpresas en la votación de la ley ómnibus, en un hemiciclo aún consternado por la agresión de Ilias Kasidiaris, portavoz de los neonazis, a Nikos Dendiás, exministro de Interior y portavoz de ND. Por eso el comité de ética del Parlamento excluyó formalmente este miércoles a los diputados neonazis del debate y la votación de las medidas. La dirección de Aurora Dorada está bajo arresto domiciliario, mientras prosigue el juicio en el que afronta diversos cargos, como pertenencia a banda criminal, de manera que la mayoría de sus diputados, entre ellos Kasidiaris, solo pueden salir de casa para ir al Parlamento.