Los ataques en la frontera de Ecuador se agravan con el secuestro de un equipo periodístico

La ola de ataques en la frontera que separa Ecuador de Colombia ha alcanzado a los tres primeros civiles. Un equipo periodístico del diario El Comercio fue secuestrado el lunes por la mañana tras pasar un control militar y adentrarse en la población de Mataje, donde una semana antes habían muerto tres soldados al estallar una bomba a su paso. El Gobierno confirmó el martes el secuestro de dos periodistas (un redactor y un fotógrafo) y un conductor que recopilaban información sobre el recrudecimiento de la violencia en esa zona del norte del país desde inicios de año.

El ministro de Interior, César Navas, único portavoz autorizado, aseguró que los tres trabajadores del diario quiteño “están bien” y, presumiblemente, en el lado colombiano de la frontera. Según comentó en rueda de prensa, el Gobierno ya ha establecido contacto con los secuestradores pero no se puede dar detalles de sus peticiones ni de quiénes son los responsables.

Sin embargo, el ministerio de Defensa colombiano informó este miércoles que el secuestro, así como la muerte anterior de los tres militares, es obra de Walter Artízala Vernaza, alias 'Guacho', que está considerado el jefe de la disidencia de las FARC en la línea fronteriza entre Colombia y Ecuador. A él se le atribuye también la primera explosión en Ecuador, a finales de enero, en un cuartel de la policía. El ministro del país vecino Luis Carlos Villegas ha corregido a su par ecuatoriano, con quien mantiene una colaboración estrecha, precisando que “no está documentado que los comunicadores se encuentren en territorio colombiano”.

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Los dos periodistas desaparecidos habían atravesado el lunes un control militar a las afueras de Mataje, en la selvática provincia de Esmeraldas, cuando se les perdió la pista. Según el ministro del Interior ecuatoriano, fueron advertidos por las autoridades del riesgo que conllevaba avanzar más por esa carretera hacia el pueblo. Desde que un coche bomba estalló el 27 de enero en San Lorenzo, otro municipio de Esmeraldas, dejando 30 heridos y cuarenta casas destruidas, el Gobierno de Lenín Moreno decretó el estado de excepción en la zona y se restringió la libertad de circulación. Ahora, anunció Navas, estará totalmente prohibido el paso a cualquier persona que no sea residente.

Aquel primer estallido de enero levantó las alarmas en un país que hasta ahora solo se había considerado un lugar de paso para el narcotráfico y fue el primer aviso de grupos armados irregulares que las fuerzas de seguridad relacionan con el narcotráfico. Interior mantiene aún esa tesis, asegurando que en Ecuador no hay ni cultivos ni laboratorios de droga, pese a haber recibido cuatro bombazos, dos ataques y un secuestro en dos meses. Las autoridades aseguran que el clima de violencia responde a las operaciones ejecutadas por la policía y los militares para acorralar al narcoterrorismo.

No obstante, el presidente de Ecuador se acordó este miércoles, en sus primeras declaraciones desde el secuestro de los periodistas, de su predecesor en el cargo, a quien le acusa de haber favorecido la actividad ilícita en la frontera al desmantelar las Fuerzas Armadas y la Policía. Cuando “se permite todo a estos guerrilleros y narcotraficantes, prácticamente se está dando la posibilidad de que hagan lo que les da la gana”, apuntó Moreno, recordando, sin citar a Rafael Correa, que en el gobierno anterior los militares quedaron debilitados por falta de apoyo y de equipamiento. “No podíamos bajo ninguna circunstancia mermar la operatividad de las Fuerzas Armadas, en primer lugar, no dotándoles del armamento necesario para ello. En segundo lugar, con la compra de helicópteros que se caían, radares que no funcionaban y aviones viejos”, mencionó Moreno, en clara referencia a percances que afectaron al Ejército ecuatoriano durante el gobierno de Correa.

El secuestro del equipo de El Comercio ha generado, a la vez, una ola de solidaridad entre los compañeros periodistas del país. Han convocado plantones en las principales ciudades desde el martes para reclamar al Estado mayor protección y garantías a quienes cumplen con la labor de informar en la zona de conflicto. Las autoridades, por su parte, han pedido a la familia y a los medios que no revelen los nombres de las tres personas retenidas para poder garantizar su integridad.