Rusia blinda con una ley sus empresas ante futuras sanciones
Las compañías con participación del Estado podrán ser eximidas por el Gobierno de la obligación de informar sobre sus proveedores y contratistas
La Duma Estatal de Rusia (Cámara baja del Parlamento) ha aprobado este miércoles en tercera y definitiva lectura una ley que permite al Gobierno ocultar datos de las compras y operaciones financieras realizadas por empresas con participación del Estado. La ley, una iniciativa gubernamental, debe ser aprobada por la Cámara alta (Consejo de la Federación) y firmada por el presidente Vladímir Putin.
La medida se interpreta como una acción preventiva destinada a proteger a las empresas rusas y también a sus socios y proveedores internacionales de la nueva tanda de sanciones norteamericanas que entrarán en vigor el año próximo.
De acuerdo con esta ley, que afecta datos no calificados de secreto de Estado, las compañías podrán ser eximidas por el Gobierno de la obligación de informar sobre sus proveedores y contratistas, de tal modo que la información pública sea expurgada de los datos susceptibles de provocar sanciones contra compañías concretas. Las empresas que se acojan a las nuevas medidas podrán suprimir información que hasta ahora ha sido de libre acceso en sus páginas de Internet.
El proyecto de ley fue presentado en la Duma el 20 de noviembre y modifica varias leyes, desde la de notariado a la de compras estatales. Según el diario Kommersant, la medida permite al Gobierno implantar un régimen de “caja negra” sobre informaciones que han sido de obligada divulgación hasta ahora, sin que por ello los datos escamoteados tengan que ser declarados como “secretos de Estado”. Las empresas protegidas por este régimen podrán negarse a facilitar datos a una auditoria y los podrán expurgar de sus memorias financieras. El Gobierno hará una lista de empresas que serán defendidas de la curiosidad exterior mediante un sistema electrónico de compras estatales especial y cerrado. Los analistas de la ley alegan que ésta puede emplearse para evitar la fiscalización social de las empresas rusas con participación estatal y que su aplicación empeorará el clima inversor en Rusia.
La causa real de esta ocultación de datos son los presupuestos opacos y la falta de deseo de las compañías estatales de rendir cuenta a los rusos, según Liubov Sóbol, la jurista del fondo de la lucha contra la corrupción. Sóbol pone como ejemplo los trabajos de embellecimiento de Moscú y afirma que éstos son secreto de Estado.
Las empresas internacionales que realicen transacciones importantes con las empresas rusas sometidas a sanciones pueden verse sometidas ellas mismas a estas mismas sanciones por parte de EE UU (congelación de cuentas, limitaciones de exportación, prohibición de acceso al crédito y denegación de visados). En la lista del departamento de Estado norteamericano hay compañías como Rostej, un conglomerado estatal de más de 500 firmas, Helicópteros de Rusia, la empresa de aviones Sujói y las de armamento Kaláshnikov, Oboronprom y Rosoboronexport.
En una lacónica nota explicativa de la nueva legislación se afirma que su fin es “defender el orden constitucional y los intereses legales de ciudadanos y personas jurídicas, asegurar la capacidad de defensa y seguridad de la Federación Rusa, incluidas las garantías de los contratos de compra de material de defensa y en el marco de la colaboración militar y técnica”.
En contra del proyecto votaron los diputados comunistas, que defendieron el carácter abierto, accesible y libre de la información no vinculada directamente con la defensa.Tras la anexión de Crimea, las autoridades de aquella península animan a los empresarios extranjeros a invertir en ella y se ofrecen a informarles en privado de las formas de efectuar de forma segura negocios que, de ser conocidos, conllevan sanciones internacionales. Las fórmulas pasan por crear intermediarios que borren las huellas—mediante empresas domiciliadas en el territorio legal ruso— entre proveedor y comprador. La compañía Siemens se ha visto en dificultades porque unas turbinas vendidas a Rusia, oficialmente para una central eléctrica en la península de Tamán, han acabado en Crimea. Siemens ha alegado no haber tenido conocimiento de este destino y ha reclamado las turbinas, pero los jueces rusos han fallado en contra de la compañía alemana. La gran obra de Crimea, el puente sobre el estrecho de Kerch, que se encuentra ya en fase bastante avanzada, es realizada por empresas rusas pertenecientes a oligarcas que han vinculado su destino al de Vladímir Putin.
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