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El Senado valida las nuevas sanciones a Rusia y pone a prueba a Trump

El presidente decidir firmar la ley, que limita su capacidad de retirar penalizaciones y amenaza a empresas europeas

Putin y Trump, en su reunión el 7 de julio en Hamburgo. EVAN VUCCI (AP) | Vídeo: Reuters-Quality

El Senado aprobó este jueves por una amplísima mayoría imponer nuevas sanciones a Rusia y limitar la capacidad del presidente estadounidense de retirarlas. El voto (98 a favor y solo dos en contra), que llega a los dos días del de la Cámara de Representantes, supone un claro desafío a Donald Trump. El mandatario ha decidido firmar la ley, que refleja la profunda desconfianza generalizada que despierta su acercamiento a Moscú, según anunció el viernes la Casa Blanca. Intentar vetarla hubiese supuesto una humillación porque probablemente los legisladores podrían haber anulado su veto.

Los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca. Pero la relación con Rusia ha abierto una brecha entre el poder legislativo y el ejecutivo. Por primera vez, los congresistas han impuesto su criterio al presidente y no al revés. La ley no solo podría tener consecuencias duraderas en la relación entre Trump y su partido, sino también con Rusia y Europa, que han amenazado con responder con represalias.

El Congreso ha obligado a Trump a hacer lo que rechazaba: castigar la injerencia de Rusia durante la pasada campaña electoral. El consenso entre demócratas y republicanos que no existe en casi ningún asunto ha cristalizado respecto a Moscú. Las dos votaciones han sido aprobadas casi por unanimidad. La norma también incluye nuevas penalizaciones por el papel ruso en las crisis de Ucrania y Siria. E impone sanciones a Irán por su apoyo a actividades terroristas y a Corea del Norte por sus pruebas con misiles.

Los servicios de inteligencia estadounidenses acusan a Moscú de orquestar una campaña de ciberataques para ayudar a Trump a ganar las elecciones del pasado noviembre. El magnate inmobiliario se resiste a reconocer la autoría rusa y niega cualquier irregularidad. Un fiscal especial y varios comités legislativos investigan si el entorno de Trump se coordinó con la injerencia electoral del Kremlin. El republicano dice sufrir la "mayor caza de brujas" de la historia. 

Antes de entrar a la Casa Blanca, el republicano elogió repetidamente al presidente ruso, Vladímir Putin, y sugirió que podría levantar las sanciones que impuso a Moscú el anterior Gobierno de Barack Obama por sus acciones electorales. El Congreso ha puesto ahora serias trabas a ese deseo de deshielo y ha mandado un mensaje de contundencia a Trump.

La ley limita la capacidad del mandatario de retirar las penalizaciones y da al Congreso un plazo de al menos 30 días para votar cualquier cambio que trate de hacer el presidente. Para levantar las sanciones relacionadas con los ciberataques rusos durante la campaña, Trump tendría que demostrar a los legisladores que existen pruebas de que Rusia ha tratado de limitar esas actividades. Y para retirar los castigos por las intromisiones territoriales rusas en Ucrania, tendría que certificar que las causas se han solventado.

La norma también ha distanciado a Estados Unidos y Europa. Encabezados por Alemania, varios países y las autoridades comunitarias han manifestado su preocupación y han amenazado con represalias dado que la ley permite penalizar a las empresas europeas que contribuyan al desarrollo del sector energético ruso.

Flexibilidad con Europa

La ley concede mayor o menor margen de maniobra a Trump. Por ejemplo, respecto a los proyectos energéticos rusos, establece que el presidente “puede” imponer sanciones y que deberían ser en coordinación con los socios europeos, lo cual rebaja la posibilidad de que se decreten. Las penalizaciones podrían suponer la prohibición de acceso a financiación de bancos estadounidenses o de concesión de visados para viajar a EE UU. También podrían bloquearse las propiedades en el país de las personas sancionadas o excluirlas de licencias de exportación.

En cambio, la legislación es mucho más rígida en otros campos. Establece que el presidente “impondrá” sanciones a los sectores de inteligencia y defensa rusos. También tendrá que castigar a las personas relacionadas con ciberataques del Gobierno ruso contra otros gobiernos o instituciones democráticas, pero quién escoge a los individuos es el mandatario. También tiene que sancionar a quienes presten apoyo material, financiero o tecnológico a Siria en el desarrollo de armas químicas o misiles balísticos. Las penalizaciones supondrán el bloqueo de activos en EE UU y la denegación de visados de viaje.

En cuanto a los proyectos energéticos, se permite castigar una inversión que contribuya “directamente y significativamente” a la capacidad de Rusia de construir tuberías de exportación de energía. Lo mismo sucede con la facilitación de “bienes, servicios, tecnología, información o apoyo que facilite directamente y significativamente el mantenimiento o expansión” de nuevos o viejos oleoductos o gasoductos. El objetivo es estrangular aún más la economía rusa, que ya languidece por el efecto de tres años de sanciones por la crisis ucrania.

La cláusula podría afectar especialmente al proyecto de gasoducto Nord Stream 2, entre Rusia y Alemania, en el que participan firmas alemanas, francesas, austriacas y angloholandesas. Desde Bruselas, la acción se considera un desplante a la coordinación que había existido hasta al momento con Washington en las sanciones a Moscú y que no habían afectado al suministro de gas a Europa.

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