“Las FARC no están totalmente desarmadas”

El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón (Bogotá, 1971) conoce como pocos civiles las entrañas del Ejército de Colombia. Número dos del Ministerio de Defensa que lideró Juan Manuel Santos la década anterior, titular de esa cartera con este ya como presidente y miembro de una estirpe de militares que se remonta 130 años atrás, Pinzón es crítico del acuerdo de paz que firmaron el año pasado las FARC y el Gobierno, ante el cual las Fuerzas Armadas manifestaron como nunca antes su rechazo hace dos semanas.

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“Hay preocupación en cómo se comportará la Justicia Especial para la Paz [que juzgará a soldados y exguerrilleros], sobre si los magistrados que están allí van a actuar para cerrar esa fase de la historia y permitirle al país reconciliarse o si van —algunos de ellos por sus tendencias ideológicas— a comenzar una especie de persecución contra quienes ganaron militarmente a las FARC”, afirma Pinzón en una entrevista a su paso esta semana por Madrid para reunirse con empresarios y políticos locales, entre ellos el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con cuya línea de centro dice sentir afinidad. El pasado día 1 un grupo de 10 generales pidió la baja tras el nombramiento como comandante de las Fuerzas Militares del general Alberto Mejía, defensor del proceso con la ya desmovilizada guerrilla y a cargo de la transformación del Ejército para la nueva era tras el fin de medio siglo de guerra contra la insurgencia.

La renuncia de ocho de los diez altos mandos sin que ninguno de ellos fuera más antiguo que Mejía, un caso en el que la baja sería normal según las normas del Ejército, levantó suspicacias sobre la inconformidad del generalato que después confirmaron algunos de sus miembros a medios locales. A menos de seis meses de las presidenciales, el 27 de mayo, y con un Parlamento en el que la implementación de los acuerdos de paz ha tropezado con los cálculos para las legislativas del 11 de marzo, el país se encuentra aún muy dividido sobre los pactos.

Juan Carlos Pinzón, último de 14 candidatos con el 0,9% en la encuesta presidencial más reciente, de la revista Semana, critica del Gobierno de su antiguo jefe que la implementación del acuerdo de paz “no se planeó bien”. “Por los afanes que se ha tenido entre la firma y tratar de mostrar algún tipo de [resultado] no hubo planeación y eso hace que hoy cuando uno se pregunta cómo funciona nadie lo tiene realmente claro”, agrega. Y asegura que en la antigua guerrilla “no están todos desarmados, quedaron caletas [zulos]”. Críticos del proceso de paz aseguran que el hallazgo este año de escondites con armamento de la guerrilla, algunos de los cuales aparecieron antes de finalizar el desarme en junio en el que las FARC entregaron más de 7.000 armas, así como de otros que el Gobierno ha atribuido a las disidencias del grupo, responden a una estrategia de la antigua guerrilla para mantener activa una retaguardia.

“Mis diferencias con el Gobierno se dieron porque se empezaron a reducir las ventajas que teníamos [ante la guerrilla]”, afirma el exministro, en cuya gestión el Ejército mató en 2011 al comandante de las FARC, Alfonso Cano, con los diálogos de paz ya iniciados. “Al final terminó negociándose como si realmente hubiéramos estado en igualdad de condiciones y quien ganó fueron las FARC y no el Estado”, señala el político, aunque matiza que no es partidario de echar por tierra los acuerdos, sino de “mirar hacia delante”.

“La única manera de derrotar los negocios criminales es asegurando que en las regiones marginales haya oportunidades económicas legales (...), que cuando la gente la compare con un ingreso criminal, si bien es cierto que este último puede ser más rentable, sepa que hay una alternativa”, propone para frenar la proliferación de hectáreas de coca en el país. “¿Qué fue lo que terminó haciendo el Gobierno? Ofreciendo erradicación voluntaria —no obligatoria— de cultivos ilícitos a los campesinos. Con lo cual, sencillamente terminan quedándose con dos negocios: el de la coca y otro [agropecuario con financiación oficial]. Y fuera de eso no compra las cosechas legales en el terreno”, reprocha.

Pese a que Pinzón y buena parte de los aspirantes presidenciales afirman que el proceso de paz ha pasado a ser un tema secundario para la ciudadanía —que estaría más pendiente de la economía o la corrupción—, la polarización aún es evidente en el país y los candidatos a la presidencia se distinguen fácilmente entre un bloque que apoya los pactos y otro que los rechaza. “La gente no ve como prioridad hoy seguir hablando de lo que llevamos hablando siete u ocho años”, remarca. “Los colombianos necesitan y quieren un Gobierno (...) que se dedique a hablar de los problemas que hoy tiene el ciudadano”.

El también exembajador de Santos en Washington y economista con un máster en Política Pública de la Universidad de Princeton se define como un representante “del cambio generacional y las costumbres políticas” con origen en la clase media, un dirigente fresco en un país habituado al gobierno de las élites. Santos es sobrino nieto de un exmandatario y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, tercero en las encuestas, apunta a convertirse en el tercer jefe de Estado de su familia. “Soy un producto de la educación”, dice. “Es hora de que llegue una clase media [al poder], de gente normal, que sepa los problemas de la gente normal”.