“Si no se reduce drásticamente el cultivo de coca, la paz no será sostenible”

La trayectoria del ministro colombiano del Posconflicto, Rafael Pardo (Bogotá, 1953), resume como pocas el cambio que ha experimentado el país en las últimas tres décadas. Titular de Defensa a principios de los años noventa, Pardo tuvo que combatir como primer civil que ocupaba el cargo en Colombia al poderoso Pablo Escobar y a las organizaciones guerrilleras y paramilitares que incendiaron el país. En su nueva tarea como alto consejero para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, su tarea principal es lograr que la paz se consolide y que se implementen los acuerdos de La Habana entre el Gobierno y las FARC que dieron fin a más de medio siglo de guerra. El jueves a su paso por Madrid, Pardo expone la minuciosa estrategia pactada para hacer esto posible.

Más información

Aumenta la producción y el consumo de cocaína en Sudamérica

Humberto de la Calle: “Colombia tiene que doblar la página del conflicto”

María Ángela Holguín: “El país es mucho más seguro y las cifras son evidentes”

Pregunta. ¿En qué cambiaron las FARC estos años para que estuvieran dispuestas a firmar la paz?

Respuesta. Desde que fui ministro de Defensa hasta ahora las FARC encontraron los recursos de los cultivos de coca, que eran marginales a principios de los noventa. El país se volvió el primer productor mundial. Antes eran Perú y Bolivia, en Colombia se procesaba la hoja de coca, se producía cocaína y se exportaba. El segundo cambio es el contexto. En esa época estaba vigente la Guerra Fría, hoy no lo está. El otro elemento son los 25 años de intensidad en acción militar, que genera miles de víctimas de todos lados, desplazamiento... Entonces, el agotamiento de la guerra llega a las FARC.

P. ¿Qué amenaza representan para la implementación de los acuerdos los grupos herederos de los paramilitares?

La erradicación de la planta debe lograrse de forma voluntaria o forzada”

R. La principal amenaza es la existencia de los cultivos de coca. Mientras haya una mata de coca hay quien compre las hojas, y ese ‘quien’ usualmente —o siempre— es alguien que tiene una organización armada, que está respaldado por una organización que ejerce violencia, que busca dirimir conflictos a partir de la violencia y que produce muerte. Si no se reduce drásticamente el cultivo de coca en Colombia la paz no será sostenible. Por eso el esfuerzo fundamental es reducirlos sustancialmente, bien sea por la vía de sustitución voluntaria, o por la de erradicación forzada frente a quien no acepte [la primera alternativa].

P. ¿Cómo va a ser esa sustitución voluntaria?

R. Se hacen acuerdos con la comunidad al nivel más bajo posible, al nivel de la vereda [la división administrativa elemental], en los que los campesinos se comprometen a erradicar la coca y a no volver a sembrar. El Gobierno les da un apoyo de un millón de pesos [cerca de 335 dólares] mensual por familia durante un año, más nueve millones el primer año y 10 el segundo para un proyecto productivo, así como 1,8 millones —una sola vez— para seguridad alimentaria. También habrá asistencia técnica, que está avaluada en 3,2 millones. Cada 60 familias tendrán un asesor técnico. Al final del proceso serán formalizados los títulos de propiedad de la tierra. Las cifras son parte del acuerdo con las FARC, centavo por centavo.

P. ¿Cuánto gana al mes una familia que cultiva la hoja?

R. La coca en promedio produce unos 900.000 pesos mensuales brutos, de acuerdo con encuestas muy precisas que tenemos. Por lo tanto ese millón no es una mala cifra. La cuarta parte del [dinero que entrega el Gobierno] no está condicionada, y [el resto se entrega por] un trabajo remunerado en construcción de vías o en adecuación de la tierra para sembrar otro producto. Esto va unido a focalizar la inversión pública en los municipios.

P. ¿Por qué han aumentado los cultivos ilícitos? Naciones Unidas afirma que la siembra creció un 40% de 2014 a 2015.

R. No hay una sola explicación. Hay gente que dice que aumentaron por el proceso de paz, que porque las FARC incentivaron la siembra [para obtener beneficios tras los acuerdos]. Es posible que haya sido así. Otra explicación es la devaluación de la moneda, que afecta todas las exportaciones. Si el peso estaba en 2013 a 1.800 por dólar y pasó a 3.200, los que trafican en dólares la droga le pueden pagar más al campesino que produce y mantener el margen de ganancia.

P. Según la agencia para los refugiados de la ONU este año ya ha habido más de 3.500 desplazados.

Es un proceso, no se puede pretender que todo ocurra en todas partes a la vez”

R. Las cifras de desplazamiento han disminuido drásticamente. Pero es evidente que hay acciones de grupos armados que buscan entrar a las zonas donde han estado las FARC o competencia [entre esas organizaciones] por zonas de producción de coca o de minería ilegal que acaban generando desplazamiento. Se ha reducido la violencia sustancialmente, se ha reducido en las regiones más afectadas del país, pero no estamos todavía en una situación que podamos llamar aceptable en términos de seguridad. Hay desplazamiento, hay asesinato de líderes [sociales], hay situaciones de seguridad que hay que controlar. La fuerza pública ha hecho un inmenso despliegue en las zonas donde estaban las FARC, ha movido más de 80.000 hombres a esas regiones. Pero es un proceso, no se puede pretender que todo ocurra en todas partes el mismo mes. Por eso se plantean 15 años de transformación de la vida rural.

P. Además de la coca y la seguridad, ¿cuáles son los principales retos para la implementación?

Hay que hacer normas. Hay que construir el plan marco, que debe estar listo este mes [define programas, proyectos y fuentes de financiación para cumplir lo acordado a lo largo de 15 años]. Pero antes de eso también hay unos planes concretos, que son el de respuesta rápida, una focalización de acciones en las regiones donde estaban las FARC para fortalecer la presencia del Estado; y el de 100 días, que comenzó en diciembre en los 26 municipios donde hay campamentos o zonas de agrupamiento de las FARC hoy, más los 30 municipios más productores de coca del país. Hay que crear las circunscripciones [especiales para la paz, 16 nuevos distritos electorales para elegir igual número de representantes a la Cámara], trabajar para quitar las minas antipersona de la tierra y sustituir la coca por otros productos.

P. ¿Por qué se retrasó la adecuación de las zonas de agrupamiento de la guerrilla?

R. Esa es una parte muy importante de los acuerdos porque ahí van a llevarse a cabo todos los procesos relacionados con la dejación de armas. Pero entre la falta de previsión del Gobierno y la velocidad en la necesidad de montar esos campamentos han hecho que en muchos de ellos no haya las condiciones [suficientes] todavía, a pesar de que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido. Eso ha tenido un efecto muy negativo sobre la credibilidad del proceso, pero hay que resaltar que se ha mantenido el cronograma de dejación de armas.

P. La misión de la ONU teme que el goteo de deserciones por esos problemas logísticos se convierta en hemorragia.

R. Es posible que eso haya tenido algún efecto. Pero yo he estado en algunas zonas veredales [donde se agrupa la guerrilla] y la gente está muy convencida, entusiasmada, decidida en que quiere entrar a la paz. Hay un número muy importante de mujeres embarazadas y lactantes que lo que más quieren es una reincorporación digna y productiva a la vida civil.