“Hay que hacer que la justicia especial para la paz en Colombia empiece a funcionar ya”

Álvaro Gil-Robles (Lisboa, 1944) ha dedicado su vida a los derechos humanos. Fue defensor del Pueblo en España entre 1988 y 1993 y el primer comisario con esas atribuciones en el Consejo de Europa hasta 2006. En los últimos seis meses ha viajado con frecuencia a Colombia para participar en la selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional encargado de juzgar los crímenes cometidos durante más de medio siglo de guerra entre el Estado y las FARC, y de los integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Fue uno de los cinco miembros del llamado Comité de escogencia, el grupo de expertos que eligió a los candidatos. Le acompañaban el peruano Diego García Sayán, designado por el secretario general de Naciones Unidas; el argentino Juan Méndez, propuesto por la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional; el colombiano José Francisco Acuña Vizcaya, elegido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; y la profesora Claudia Vaca, por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.

El comité estudió más de 2.000 de perfiles, hizo decenas de entrevistas y nombró a 82 personas en un proceso abierto que recogió unas 15.000 observaciones de la ciudadanía. Tras alcanzar del silencio de las armas, se trataba, según Gil-Robles, de “construir un sistema por el cual la sociedad colombiana se reconcilie con ella misma”. Un procedimiento para que “víctimas y verdugos encuentren un espacio donde la justicia resuelva o intente resolver todos los dramas humanos que se han producido durante este tiempo”.

El conflicto armado con la guerrilla más antigua de América comenzó en 1964 y causó 220.000 muertos y seis millones de desplazados. Colombia afronta, ahora que las FARC ya se han desmovilizado y concurrirán a las elecciones, el gran reto de mirar al pasado y cerrar heridas. Este es el sentido de un órgano de justicia especial. “No quiere decir: ‘Han terminado las armas, hacemos una amnistía y aquí se acabó’. No. Abrimos un espacio en que los han tenido las armas se integren en la sociedad y participen en la vida política y en la vida social, pero no vamos a dejar impunes los crímenes que se hayan cometido. Por unos y por otros. Este es el origen de la JEP”, explica Gil-Robles.

Este tribunal juzgará en la próxima década a exguerrilleros, paramilitares y militares que hayan acusados de conductas criminales. “Que sea un tribunal, no una decisión política, el que diga si alguien es inocente o culpable y la pena que tiene que cumplir”, continúa. “Es un proceso muy importante para las víctimas, el futuro de Colombia y la construcción de un Estado de derecho. Va a haber justicia y va a haber paz. Es una experiencia muy importante y única”.

La comisión, que recibió el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hizo trabajo de selección sin interferencias, sin ni siquiera cobrar. “Si usted quiere y acepta, es un servicio al pueblo colombiano y a la democracia en general. Eso te da mucha libertad, mucha independencia. Y algunas noches que no duermes”, concede el jurista, que detectó el respaldo del proceso de paz de las organizaciones de víctimas. Sin embargo, nadie pudo evitar la expectación y la presión social. “No hay que negar que el país está dividido. Arrancar así supone mucha responsabilidad en un país con 53 años de guerra”.

La composición del sistema de justicia para la paz -que ha sido modificado por la Corte Constitucional y el Congreso- refleja, en su opinión, la diversidad de Colombia. El 53% de los integrantes del tribunal y las distintas salas son mujeres, el 10% son indígenas y el 10%, afrocolombianos. Más del 60%, además, procede de lugares distintos a Bogotá. “Era importante que este proceso respondiese a unos aires nuevos, a una idea nueva, que en la JEP pudiesen sentirse reconocidos todos los colombianos, no solo aquellos de una esfera de poder social, económico y político. El colombiano de fuera de Bogotá o Medellín… Los hemos ido a buscar. Hemos intentado que toda la sociedad colombiana esté representada allí, tanto en la JEP como en la comisión de la verdad”, razona.

Pero la pelota está ahora en el tejado de las autoridades, del Ejecutivo de Juan Manuel Santos, que la semana pasada instaló la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y de los políticos de distinto signo. “Ahora el reto es que el Gobierno implemente lo que nosotros hemos ido poniendo encima de la mesa. Hay que dar posesión a los magistrados y hacer que empiece a funcionar ya. Eso es lo importante. Lanzar ese mensaje de que lo que se ha hecho va a funcionar”, considera Gil-Robles. “Porque hay miles de personas pendientes de ser juzgadas. Esto no puede esperar”.