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Cuatro pactos en tres años

El proceso de paz en Colombia ha permitido alcanzar acuerdos sobre el campo, la participación política de la guerrilla, el narcotráfico y las víctimas

Las FARC en un desfile militar en Colombia
Las FARC en un desfile militar en febrero de 2001. AFP

El proceso de diálogo entre el Gobierno colombiano con las FARC, que empezó formalmente el 18 de octubre de 2012, ha permitido despejar aspectos que por décadas hacían ver que la paz estaba lejos. Que era imposible.

Ariel Ávila, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, destaca que en casi tres años se han desenredado asuntos que para las FARC eran su justificación en la lucha armada.

El primer pacto fue el agrario. En mayo del año 2013 se anunció el acceso y el uso de la tierra, la protección de las zonas de reserva campesina, el estímulo a la producción agropecuaria y la creación de un fondo de tierras para la paz. “Será el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia”, señaló la mesa de negociaciones en su momento. Para Ávila, con ese anuncio se abarcó y se puso punto final a un tema que ha generado una lucha para lograr la posesión y distribución de la tierra de forma justa y equitativa.

El segundo acuerdo llegó en noviembre del mismo año y se trató de la participación en política de las FARC. Se acordó buscar un mecanismo para crear un estatuto de la oposición que, aunque está estipulado en la Constitución vigente (1991), nunca se ha aplicado. Dicho estatuto debe garantizar la seguridad de los miembros de las FARC para que hagan política. “El objetivo principal es que no se repita lo que vivió la Unión Patriótica”, dice el analista en referencia al partido de oposición que en los años ochenta fue exterminado a manos de agentes del Estado y la extrema derecha.

En este punto, la mesa de diálogos también habló de la garantía que debía existir para que las nuevas fuerzas políticas desarmadas y desmovilizadas pudieran competir bajo supervisión y sin ventajas con los candidatos de la política tradicional. “Las FARC deben someterse al juego electoral, con todas sus reglas: las de ganar o perder”, dice Ávila.

El tercer acuerdo fue anunciado en mayo del año 2014. Los negociadores del Gobierno y las FARC cerraron el capítulo de narcotráfico y cultivos ilícitos. Se estableció que se intensificará la erradicación manual y la guerrilla se comprometió a desminar las zonas donde están los cultivos y a finalizar su relación con el narcotráfico, que junto con la minería ilegal es su principal fuente de financiación.

El cuarto acuerdo, que involucró por primera vez a las víctimas, fue anunciado en junio pasado, cuando se habló de crear una comisión para el esclarecimiento de la verdad y la garantía de la convivencia y de la no repetición. El objetivo principal es que se conozca lo ocurrido en el conflicto, que incluya las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Se aclaró que dicha comisión tiene que asegurar la dignificación de las víctimas, la reparación y el derecho a conocer la verdad.

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