Los guerrilleros de las FARC podrán participar en la política colombiana

En un fallo clave para el proceso de paz que el Gobierno colombiano negocia con la guerrilla de las FARC desde hace 20 meses en La Habana, la Corte Constitucional dio el visto bueno para que los guerrilleros que dejen las armas puedan participar en política, aunque excluye a aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad y genocidio.

Esta era una de las decisiones más esperadas por el Gobierno tras la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el ex viceministro de Defensa y militante del uribismo, Rafael Guarín, contra la reforma conocida como el Marco para la Paz. Guarín pretendía que se prohibiera a los guerrilleros que se desmovilizaran producto de los diálogos de paz la posibilidad de ser elegidos a cargos públicos a través del voto.

Sin embargo, el máximo tribunal constitucional del país estableció, por seis votos a favor y tres en contra, que esta reforma, tramitada por el Gobierno de Juan Manuel Santos para establecer las reglas de un eventual proceso de desmovilización y reintegración a la vida civil de las guerrillas, se ajustaba al ordenamiento legal del país. Esto significa que el Marco para la Paz, que ya fue aprobado por el Congreso y demandado en otra ocasión, queda intacto. Podrán hacer política los que hayan cometido delitos “menores”, como los llamó la magistrada Martha Sáchica, autora de la ponencia que fue aprobada, un asunto de vital importancia para la firma de la paz con las FARC, ya que se espera que una vez dejen las armas participen en política.

Para tomar esta decisión, el presidente de la Corte, Luis Ernesto Vargas Silva, le dijo a los medios locales que habían sido tenidos en cuenta 11 tratados internacionales a los que está adscrito Colombia.

Ahora será el Congreso el que tendrá que definir más adelante cuáles son los delitos que quedarán exonerados de responsabilidad por parte de las guerrillas, lo que con seguridad provocará otro polémico debate. Precisamente, el artículo (tercero) que había sido demandado por Guarín le da facultades al Congreso para definir “cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política”.

Con la sentencia de esta Corte, no obstante, se cierran definitivamente las puertas de la política a aquellos guerrilleros, incluidos lo máximos comandantes, que hayan sido condenados por delitos de genocidio o de lesa humanidad como el secuestro de civiles o el uso de armas contra la población.

La Corte Constitucional también avaló que será el Congreso el que reglamente las penas alternativas que tendrán que pagar los guerrilleros, cómo repararán a sus víctimas, esclarecerán los crímenes que cometieron y garantizarán que no volverán a usar las armas.

Esta decisión se da un día antes de la posesión de Juan Manuel Santos para su segundo mandato presidencial y despeja el camino sobre el debate que habían planteado varios sectores opuestos al proceso de paz sobre si la guerrilla podría participar en política una vez dejara las armas.