Bruselas amenaza a EE UU con cortar los flujos de datos

La UE cree que ha habido abusos en los intercambios entre empresas

Viviane Reding, el 21 de noviembre en Bruselas.
Viviane Reding, el 21 de noviembre en Bruselas.OLIVIER HOSLET (EFE)

La Comisión Europea quiere sellar las grietas que han permitido a Estados Unidos acceder de forma indiscriminada a multitud de datos de ciudadanos europeos. Buena parte de esos coladeros proceden del llamado safe harbour (puerto seguro), el mayor puente de intercambio entre empresas de ambos bloques, vigente desde el año 2000. Con la convicción de que ha permitido abusos, Bruselas pedirá hoy a Washington que tome el control de esta herramienta antes del verano. En caso contrario, la Comisión Europea se reserva el derecho de suspenderla.

El malestar que han generado en la UE las sucesivas revelaciones de espionaje a gran escala llevó al Ejecutivo comunitario a revisar a fondo toda la relación transatlántica. Varios meses después, Bruselas tiene ya listo ese análisis, que presentará este miércoles a través de cinco informes, según ha podido saber este periódico. La principal novedad consiste en exigir a Estados Unidos que revise las normas que permiten a más de 3.200 compañías a ambos lados del Atlántico intercambiar datos en un marco de supuesta confianza y seguridad (por ejemplo, la información bancaria que almacena Mastercard en Estados Unidos de los clientes europeos cuando realizan un pago con tarjeta).

"Estamos pidiendo a los estadounidenses que no se limiten a las palabras, sino que actúen", asegura Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, a EL PAÍS y otros cinco diarios europeos. La comisaria da a sus socios hasta verano de 2014 para ponerse de acuerdo en reformar el sistema, de forma que aumenten la transparencia y el control de las empresas adheridas al sistema y, sobre todo, se limiten al máximo las excepciones que permiten a las autoridades estadounidenses acceder a esos datos por motivos de seguridad.

La suspensión del safe harbour es una de las represalias más duras que puede adoptar la UE por el espionaje estadounidense. Fuentes comunitarias aseguran que las grandes empresas europeas les han mostrado su inquietud por la ventaja competitiva que acumulan las firmas estadounidenses al acceder a multitud de datos sin las garantías que se exigen en Europa. Pese a esa preocupación, las compañías de los 28 países comunitarios no son proclives a suspender completamente el acuerdo, por lo que es improbable que esa amenaza, una competencia de la Comisión que requiere la aquiescencia de la mayoría de los Estados miembros, se ejecute.

Las diversas reuniones mantenidas con las autoridades estadounidenses desde que estalló el escándalo del espionaje han servido también para corroborar la enorme incidencia de estos programas. Altos cargos de EE UU han reconocido que la NSA (agencia de seguridad estadounidense, al cargo de la vigilancia electrónica) accede al 1,6% del tráfico global de datos por Internet, según fuentes comunitarias. De ellos, una cifra nada despreciable pasa a una segunda fase de revisión: aproximadamente 4 de cada millón de los que circulan en todo el mundo, aunque las autoridades norteamericanas no aclararon la naturaleza de esos datos.

Toda la inquietud europea ha logrado, al menos, que Washington adquiera sus primeros compromisos con la UE. "Por primera vez hemos detectado un cambio de actitud", asegura Reding tras reunirse con diferentes autoridades y senadores estadounidenses. La comisaria cree que esos representantes comienzan a lamentar el modo en que los episodios de vigilancia están afectando a las relaciones transatlánticas. Washington y Bruselas firmaron hace unos días un documento en el que la Administración de Obama se comprometía a adoptar para mediados del año próximo una medida largamente demandada por Bruselas: que los europeos que vean violada la privacidad de sus datos puedan recurrir a los tribunales estadounidenses, como ocurre a la inversa.

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Sobre la firma

Lucía Abellán

La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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