Un fiscal investiga al jefe del Ejército argentino por presunta corrupción

Un fiscal de Argentina imputó este lunes al jefe del Ejército de su país, César Milani, por presunto enriquecimiento ilícito. Esta acusación se suma a las denuncias que pesan sobre Milani por supuesta participación en crímenes de lesa humanidad en la última dictadura militar argentina (1976-1983). Pese a que la presidenta Cristina Fernández de Kichner se ha distinguido por continuar la política de castigo a los delitos de aquel régimen sangriento, ha ratificado a Milani en su cargo frente a las incriminaciones sobre su pasado. Habrá que ver el impacto de la nueva investigación que se abre sobre su patrimonio declarado en 2011, cuando faltan pocos días para las elecciones legislativas primarias y obligatorias del 11 de agosto, en las que el kirchnerismo pondrá a prueba su nivel de popularidad.

Milani, que antes estaba a cargo del área de inteligencia del Ejército, fue nombrado al frente de esa fuerza a finales de junio, como parte de una renovación total de la cúpula militar. Apenas se conoció la noticia, algunos políticos como el diputado progresista Fernando Pino Solanas recordaron que pesaban sobre él acusaciones de violaciones a los derechos humanos en la represión que comenzó antes de la dictadura, en el Gobierno de Isabel Perón (1974-1976). El nuevo jefe castrense anunció en su discurso su adhesión al “proyecto nacional” que Argentina está llevando adelante, lo que despertó críticas de la oposición, que advirtió sobre una supuesta politización de las fuerzas armadas en un país donde el eslogan de “proyecto nacional y popular” ha sido enarbolado por el kirchnerismo. Pero la polémica no acabó ahí.

En el programa de televisión Periodismo para Todos, que conduce Jorge Lanata en un canal del Grupo Clarín, enemigo del Gobierno, se denunció a mediados de julio que entre 2010 y 2011 Milani había registrado supuestas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales y que ahora poseía un chalé en un lujoso barrio de la periferia de Buenos Aires, La Horqueta, y varios coches de elevado precio, pese a que su nómina mensual ascendía entonces a 2.550 euros. También en ese programa se difundió que tras el regreso de la democracia (1983) un expreso político había denunciado que Milani presuntamente lo torturó y además secuestró a su padre en 1977. El periódico Clarín dio cuenta de otra denuncia por su presunta responsabilidad en la desaparición de un soldado en 1976.

Las renovadas acusaciones contra Milani por su pasado en la dictadura llevaron a que hace una semana el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos que participa como querellante en los juicios contra criminales del régimen, pidiera al militar que renunciara y al Senado que rechazara su ascenso de general de división a teniente general. Fue entonces cuando Fernández y los senadores de su grupo decidieron postergar el ascenso de Milani hasta después de las elecciones legislativas generales de octubre próximo. Pero la jefa de Estado ratificó a Milani en su cargo.

Ahora están prosperando las denuncias que los diputados Solanas y Elisa Carrió, de la liberal Coalición Cívica, presentaron por presunto enriquecimiento ilícito a partir de lo visto en el programa de televisión. Las demandas de ambos candidatos a legisladores y aliados para las próximas elecciones primarias han sido acogidas por un fiscal federal, Jorge Di Lello. Si la investigación del fiscal prospera, el juez deberá determinar si procesa o no a Milani, pero eso puede llevar mucho tiempo.