El G-8 apoya medidas de transparencia financiera y contra la evasión fiscal

Los líderes del G-8 se comprometieron a aplicar medidas para combatir las empresas fantasma, los paraísos fiscales y otros recursos que las grandes compañías utilizan para oscurecer su actividad y evadir impuestos. Las principales potencias mundiales apostaron, igualmente, por políticas fiscales y estrategias que permitan sacar a Europa de la recesión, acelerar el crecimiento económico mundial y crear empleos de calidad, especialmente para los jóvenes.

“Las autoridades de impuestos de todo el mundo deberían automáticamente compartir información para luchar contra la evasión fiscal”, reconocen los presidentes de Estados Unidos, Rusia, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá en la declaración final de una reunión que, por primera vez, señala prioridad de combatir prácticas empresariales que están acentuando las diferencias económicas y debilitando la capacidad de los estados para responder a los reclamos sociales. “Los países deberían cambiar las normas que permiten a las compañías pasar sus beneficios a través de las fronteras para evitar impuestos, y las multinacionales deberían informar a las autoridades de qué impuestos pagan y dónde”, añade el texto acordado.

El primer ministro británico, David Cameron, anfitrión de la reunión, aseguró que, pese al escepticismo habitual sobre este asunto, las grandes potencias están ahora unidas en su determinación de conseguir el objetivo de transparencia financiera.

La cumbre, celebrada en Lough Erne, en Irlanda del Norte, estuvo concentrada prioritariamente durante los dos últimos días en la búsqueda de una posición común para frenar el derramamiento de sangre en Siria. Aunque la negativa del presidente ruso, Vladimir Putin, hizo imposible un compromiso más ambicioso para que la comunidad internacional intervenga en el conflicto, finalmente se consiguió un acuerdo de mínimos que aboga por la celebración de la conferencia de paz en Ginebra pactada por Rusia y Estados Unidos, y establece mecanismos para facilitar nueva ayuda humanitaria a ese país.

El acuerdo sobre Siria propone la creación de un órgano de gobierno de transición, pero no que El Asad quede fuera del futuro político del país

El acuerdo sobre Siria propone dar pasos para la creación de un órgano de gobierno de transición con todos los poderes ejecutivos, pero no menciona la petición de Barack Obama de que el presidente Bachir El Asad, que sigue teniendo el apoyo de Rusia, quede fuera del futuro político del país. Alude a la necesidad de investigar el uso de armas químicas, pero no condena su utilización por parte del régimen, ya comprobada por EE UU, el Reino Unido y Francia. Aprueba, por último, contribuciones de 1.500 millones de dólares de ayuda humanitaria, que se sumarán a los 300 millones que EE UU ya ha otorgado. Esa ayuda irá en gran parte destinada a atender a los refugiados que huyen hacia las fronteras del país.

Un portavoz norteamericano comentó que, pese a las diferencias reconocidas en el encuentro del lunes entre Barack Obama y Vladimir Putin –en el que cada uno persistió en su posición de entregar armas a los bandos enfrentados en la guerra-, el consenso obtenido en Irlanda del Norte “refleja la voluntad del presidente de resolver el conflicto mediante un proceso político”. El acuerdo no establece la fecha de la conferencia de paz de Ginebra, que había sido ya decidida hace más de un mes, ni el formato o el objetivo preciso de esa reunión.

Putin, por su parte, insistió ayer en que la única forma de acabar con la catástrofe de Siria es la negociación política, y aseguró que la entrega de armas a los rebeldes, recientemente anunciada por la Administración estadounidense, no contribuye en nada a ese propósito.

A falta de una actuación más contundente sobre Siria, la cumbre destaca por los progresos hechos en la difícil misión de conseguir mayor transparencia financiera y corporativa, algo que se lleva intentando si éxito durante muchos años.

La declaración del G-8 es solo un primer paso hacia un acuerdo con pasos más concretos que se negociará el próximo mes de septiembre en la cumbre del G-20, y constituye sobre todo, una primera luz verde para la acción individual de los gobiernos, puesto que son los gobiernos de cada país los que permiten actualmente que sus empresas tengan sedes formales en paraísos fiscales o pasan de largo ante la práctica reiterada de creación de empresas tapadera con dueños invisibles.

Una de las medidas que se contempla es la de la creación de un impuesto internacional, para impedir que las empresas crucen fronteras buscando ventajas fiscales, así como una nueva legislación que obligue a las compañías a revelar, no solo los nombres de su propietarios formales, sino de las personas que reciben los beneficios que éstas obtienen.

Hoy la transparencia es un reclamo universal. Lo es en política, donde las protestas ciudadanas se extienden de continente a continente contra la corrupción y el elitismo de la clase dirigente. Y lo es también en la economía, donde se han hecho comunes prácticas inmorales de sortear el fisco y el control de las autoridades.

No será, sin embargo, una labor fácil la de disciplinar la actuación de las grandes compañías, en tiempos de difícil situación económica ante la que lo último que los gobiernos quieren hacer es dificultar la generación de beneficios de parte de sus empresas, y en la que cada país compite con todos los recursos a su alcance por la captación de capital.

Estados Unidos, uno de los principales países en el que algunos de sus empresas más relevantes se benefician de paraísos fiscales y prácticas secretistas, se ha comprometido ante sus colegas del G-8, según una declaración de la Casa Blanca, a “asistir a los agentes de la ley y a las autoridades recaudatorias a saber quién realmente posee y controla las entidades legales, así como sus beneficiarios, y asistir a las investigaciones que cruzan las fronteras”.

El G-8 coincidió también en llamar la atención sobre el daño que la persistencia de políticas de ajuste en Europa, independientemente de la situación del país en que se aplican, está causando a la economía mundial. “La sostenibilidad fiscal y la restauración de la estabilidad financiera”, afirma el comunicado final, “necesitan ir de la mano de estrategias de crecimiento bien diseñadas, incluyendo reformas estructurales orientadas a aumentar el crecimiento”.

“La política fiscal”, afirma el texto firmado, entre otros, por la canciller alemana, Angela Merkel, “debería permitir flexibilidad a corto plazo para acomodar las respectivas condiciones económicas, incluyendo la reducción de los déficits estructurales de forma apropiada. El ritmo de acomodación fiscal debería ser diferente, de acuerdo a nuestras circunstancias económicas nacionales”.

El G-8 toma nota de que, aunque algunos de los problemas del 2012 se han corregido, sigue habiendo “puntos vulnerables” en este 2013, y reclama a sus miembros “medidas urgentes y específicas para crear empleos de calidad, especialmente para los jóvenes y los desempleados de larga duración”.