Videla y el terrorismo de Estado

Todo empezó el 24 de marzo de 1976, cuando una Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, tomó el poder. Las Fuerzas Armadas se apropiaron del Estado y en una acción planificada de exterminio, aprobada en una reunión de generales, almirantes y brigadieres que tuvo lugar antes del golpe militar, iniciaron miles de detenciones clandestinas y asesinatos masivos. Proceso de Reorganización Nacional, le pusieron como nombre oficial. Fue terrorismo de Estado, puro y duro, sin precedentes en la historia argentina, una sociedad que había sufrido, no obstante, seis golpes militares en las cuatro décadas anteriores.

Los cadáveres aparecían en las calles, enterrados en cementerios sin ningún tipo de identificación, quemados en fosas colectivas o arrojados al mar. Nunca hubo ejecuciones oficiales, porque todas eran clandestinas. En Argentina, desde 1976 a 1983, no hubo muertos: las personas desaparecían.

La mayoría de las desapariciones ocurrieron en los tres primeros años. Casi treinta mil, según las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Había obreros, estudiantes, intelectuales, profesionales, personas conocidas por su militancia política y social, pero también familiares, gente señalada por otros o mencionada en las sesiones de tortura. Primero se les secuestraba, normalmente de noche, en sus domicilios, en operaciones que incluían a menudo el saqueo y robo de la vivienda. Después se les torturaba y si lo superaban, porque muchos se “quedaban”, permanecían detenidos en dependencias policiales y unidades militares. A la mayoría de ellos les aguardaba, por último, el “traslado”, la ejecución sin dejar pruebas.

Desaparecido fue el eufemismo con que el que se denominó a las víctimas de esa dictadura y el término ya lo había definido el general Jorge Rafael Videla en 1979, en respuesta a las primeras indagaciones y presiones internacionales sobre la represión: “mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido”. Esa cínica visión del exterminio sin pruebas la compartían entonces los militares, algunos cuadros políticos de los principales partidos, empresarios, eclesiásticos y periodistas. “Todos están bajo tierra”, respondió un general, Alcides López Aufranc, para tranquilizar a economistas y ciudadanos de orden que preguntaban sobre la actividad de algunos delegados sindicales.

A esa dictadura, como a otras muchas, más o menos sangrientas, no le faltaron apoyos. Algunos de ellos naturales y previstos, como el del poder económico y financiero o el de la jerarquía de la Iglesia católica, que, salvo excepciones, tal y como ha demostrado Emilio Mignone, bendijo la represión, la santificó, “cruzada por la fe”, y obtuvo a cambio importantes beneficios corporativos. Pero ese episodio de “barbarización política y degradación del Estado”, en palabras de Hugo Vezzetti, no hubiera sido posible sin la adhesión y conformidad de amplios sectores de la población. “Por algo será”, decían muchos para justificar que se llevaran a tanta gente. “Apoyé el Proceso, pero no sabía que la cosa había llegado a tal extremo”, declaraban otros cuando las primeras pruebas de la masacre salían a la luz. Miedo, silencio, complicidad, y también una convicción de que el orden de la dictadura era preferible al “caos” y violencia anteriores.

Cuando la dictadura cayó, la lucha por la información, la verdad, la petición de justicia y el rechazo del olvido se convirtieron en señas de identidad de la transición a la democracia. Tres décadas después, esa dictadura de apenas siete años aparece ya como uno de los más destacados ejemplos de terrorismo de Estado de la historia, de “masacres administradas”, como las llamó Hanna Arendt.

Existen numerosas pruebas incontrovertibles frente a aquel exterminio que pretendía no dejar ninguna. Y la muerte de Videla nos lo vuelve a recordar. Y nos advierte de nuevo que frente al olvido e indiferencia hacia los terrores organizados, solo caben políticas públicas de memoria basadas en archivos, museos y educación. Enseñar esa historia reciente y transmitir a los más jóvenes valores de tolerancia y libertad.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.