El Gobierno argentino impulsa una amnistía fiscal

El mismo día en que el dólar cotizó en el mercado ilegal de cambios de Argentina a 10 pesos, casi el doble que en la plaza oficial, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció este martes una amnistía fiscal para todos los dólares no declarados ante Hacienda. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, el mismo que lideró la operación de reestatalización del 51% que Repsol tenía en la petrolera YPF, dijo que Argentina se encuentra en una “situación holgada en disponibilidad de dólares” y con este blanqueo de capitales "se busca atraer los dólares fuera del sistema formal a la economía productiva". Sucede que los que quieran blanquear divisas no registradas deberán suscribir dos nuevos títulos públicos que creará el Gobierno, uno para financiar inversiones de YPF y otras obras de infraestructura y otra para dinamizar el mercado inmobiliario, que en general opera en moneda norteamericana y que se ha derrumbado desde que en octubre de 2011 las autoridades argentinas impusieran fuertes restricciones a la compra de esos billetes.

“Cincuenta años de devaluaciones recurrentes llevaron a no confiar en nuestra moneda”, explicó Kicillof. "En promedio, cada argentino tiene en el país unos 1.200 dólares (en efectivo)", explicó el viceministro, que ofreció una inédita conferencia de prensa conjunta con todo el equipo económico de Fernández, incluidos el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el jefe de la agencia tributaria, Ricardo Echegaray, y la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Los cinco venían reuniéndose periódicamente en los últimos días con Fernández ante la subida del 48% del dólar en el mercado marginal en lo que va de 2013. "Un informe de 2006 del Banco de la Reserva de Nueva York ubicaba a la Argentina como uno de los países con mayores tenedores de dólares en el público, unos 40.000 millones, y se calcula que ese monto se triplica fuera del país, la mayor parte no declarado” a la agencia tributaria, contextualizó Kicillof.

Ante la elevada inflación (en la actualidad, del 22% anual) había expectativas de devaluación del peso en 2011, pero entonces el Gobierno argentino restringió la compra de dólares a solo los que viajan y con cupos limitados. Desde entonces el mercado ilegal, que siempre existió para los grandes defraudadores de impuestos, comenzó a crecer por que los que tenían declarados sus ingresos solo allí conseguían dólares para ahorrar, comprar inmuebles o viajar al extranjero con más divisas que las autorizadas por Hacienda. Es así que la cotización del dólar en el plaza ilegal no dejó de subir hasta los 10 pesos, el llamado dólar Messi, muy por encima de los 5,23 del segmento legal, que es el que rige para exportadores e importadores.

El Gobierno argentino insiste en que el mercado marginal es pequeño y no incide en la economía. Economistas ortodoxos y heterodoxos coinciden en su reducido tamaño, pero advierten de que impacta no solo en el mercado inmobiliario sino también en empresas o individuos que prefieren especular en esa plaza ilegal en vez de concretar inversiones reales o en multinacionales que aumentan sus precios para girar divisas a sus casas matrices a través de un mecanismo legal de fuga de capitales —mediante compra de bonos o acciones que cotizan en el exterior— en el que el dólar cotiza a 9,47 pesos. La demanda de dólares sube en estos mercados paralelos ante la duplicación de la cotización en el último año, frente a la escasa cantidad de empresas o personas dispuestas a venderlos.

El Gobierno de Fernández ya había hecho otra amnistía fiscal en 2008, en plena crisis mundial, y muy similar a la que el Gobierno de Mariano Rajoy promovió en España en 2012 para resolver la crítica situación de las arcas públicas. Esta vez, a diferencia de aquella, los que se acojan no pagarán ni un solo impuesto retroactivo, pero deberán suscribir los títulos públicos.

El blanqueo de capitales coincide con la polémica sobre supuesto lavado de dinero de un empresario cercano a los Kirchner, Lázaro Báez, que ha sido imputado por ese delito por un fiscal el pasado viernes. Sin embargo, el jefe de la agencia tributaria aclaró en la rueda de prensa que ni él ni otros querellados o imputados por lavado, trata de personas o narcotráfico podrán acogerse. “No puede Báez y no puede (Héctor) Magnetto”, aludió Echegaray al consejero delegado del Grupo Clarín, el conglomerado de medios de comunicación con el que el Gobierno argentino libra una batalla sin cuartel. El funcionario tributario también descartó que puedan sumarse otros investigados por presunto blanqueo, como otros dos accionistas de Clarín, José Antonio Aranda y Lucio Pagliaro, el banco británico HSBC, el empresario y diputado opositor Francisco de Narváez; otro ejecutivo, Eduardo Eurnekian; un conductor televisivo, Ricardo Fort; un famoso peluquero, Roberto Giordano, y un futbolista del River Plate, Jonathan Botinelli. “Tenemos una amplia lista de personas (excluidas de la amnistía)”, aclaró Echegaray. Tampoco podrán recibir el perdón impositivo los funcionarios nacionales, provinciales y municipales ni sus familiares.

El Gobierno de Fernández también busca con esta medida reactivar dos sectores en problemas, el inmobiliario y el energético. En el caso de las propiedades, el Ejecutivo había intentado sin mayor éxito que las transacciones se hicieran en pesos, pero ahora promoverá un título público en dólares para que sirva como moneda de cambio en las operaciones. En cuanto a la energía, la necesidad de divisas para comprar las crecientes importaciones que necesita Argentina son una de las razones de las restricciones cambiarias. También se han puesto barreras a otro tipo de importaciones para evitar la salida de divisas y por eso Kicillof destacó este martes que su país tiene “un superávit comercial cuantioso”.

Un día antes del anuncio del equipo económico, Fernández descartó una devaluación del peso durante su gobierno, que finaliza en 2015, porque consideró que tendría un negativo impacto social. En general, las bruscas depreciaciones del peso aceleran la inflación. Sin embargo, algunos economistas consideran que para evitarlas el Gobierno debería reducir la subida de precios y dejar que el peso se deprecie un poco más rápido que el ritmo actual.

La amnistía fiscal debe ser aprobada por el Congreso, donde el kirchnerismo domina ambas cámaras. La oposición ha recibido la noticia con críticas. “El Gobierno busca amortiguar la fuerte caída de reservas (del Banco Central) de 8.000 millones de dólares desde el inicio del cepo (control) cambiario (octubre de 2011), tentando a los ahorros en negro. Es el segundo blanqueo de capitales del kirchnerismo y, sugestivamente, lo anuncian en medio de crecientes escándalos por presunto lavado de dinero de gente muy cercana al poder”, opinó el diputado Alfonso Prat-Gay, de la Coalición Cívica. “Por primera vez se presenta todo el equipo económico en pleno y lo hacen con una medida absolutamente coyuntural que busca comprar tiempo y que no resuelve ninguno de los problemas de fondo que aquejan a la economía nacional: la inflación, el atraso cambiario (aumento de costes en dólares), la caída del empleo y los inaceptables niveles de pobreza que siguen casi tan altos como cuando asumió (el poder) Fernández, en 2007”, añadió Prat-Gay, expresidente del Banco Central.

Un veterano exministro de Economía y actual embajador argentino en Francia, Aldo Ferrer, se diferenció de la presidenta argentina al sostener que “no hay que reducir el debate a devaluación o no devaluación” porque “una devaluación fuera de contexto no soluciona ningún problema”. Consideró que "hay controles sobre los movimientos de capitales que son fundamentales", pero reconoció que "la cotización paralela es una perturbación”. Si bien destacó que “la situación del país es razonablemente sólida”, advirtió: "No estamos en una situación menos compleja que la que nos llevó a la crisis de 2001".