El Gobierno de Portugal estudia nuevos ajustes presionado por la calle y la troika

El Consejo de Ministros de Portugal se encuentra reunido esta mañana con el objetivo de perfilar nuevas medidas de austeridad que sustituyan a la propuesta de bajada de sueldos general que tuvo que retirar la semana pasada ante la contestación social en la calle. El pasado viernes, después de que miles de personas rodearan pacíficamente el edificio donde se reunía el Consejo de Estado, el Gobierno anunció que retiraba la polémica subida de cotizaciones para todos los trabajadores, que en la práctica significaba una bajada general de sueldos de un 7%. En la reunión de hoy comienza el debate del que deberán surgir nuevas propuestas para lograr esos ingresos.

El próximo sábado está convocada una nueva manifestación por parte del sindicato CGTP. A la misma se han adherido los que convocaron la gran manifestación de hace 15 días, por lo que se espera que sea masiva. El Gobierno está presionado, por un lado por esta manifestación, y por otro, porque el 8 de octubre hay una nueva reunión del Eurogrupo, en la que debe ser aprobada el último tramo del rescate financiero y donde se tendrán en cuenta las medidas que se aprueben hoy.

La prensa portuguesa especula con una subida de impuestos, especialmente el de patrimonio y uno sobre transacciones financieras. Pero la parte del león recaerá sobre el impuesto de la renta.

El primer ministro adelantó el pasado viernes que los pensionistas y funcionarios que ganan más de 1.100 euros, a los que el Gobierno retiró hace un año las pagas extras, volverán a contar con una de ellas. A cambio, y para compensar el agujero de 2.000 millones de euros que esta devolución deja en las tambaleantes y exprimidas arcas del Tesoro portugués, Passos Coelho advierte de que va a subir el Impuesto de la Renta para todos los trabajadores y, además, gravar más las transacciones de capital y las tasas sobre el Patrimonio.

Han hecho falta varias circunstancias para que Passos Coelho, hasta ahora descrito por muchos como el alumno ejemplar de la troika hasta considerarle como más troikista que la misma troika, levantara el pie: en primer lugar, una sentencia del Tribunal Constitucional que, en julio de este año, declaraba ilegal la retirada de las pagas extras a los funcionarios y pensionistas por considerar que la medida era discriminatoria. Passos Coelho prometió una medida alternativa (y equitativa) para no perder ni un punto en el impulso del déficit y hace 15 días, el siete de septiembre, comparecía en televisión para anunciarla. Ciertamente, equiparaba a todos. Pero en el recorte: los funcionarios y pensionistas se enteraron entonces de que sus pagas extras no regresarían y el resto de los trabajadores supieron que perderían un 7% de su salario a partir de enero. A cambio, las empresas cotizarían menos, para, según el Gobierno, detener la escalada del paro.

Entonces, con todos esos frentes abiertos, el Gobierno vio cómo se le abría otro aún más importante e imprevisto: el sábado 15 de septiembre, sorpresivamente, convocados por una red difusa y algo chapucera de asociaciones civiles, cientos de miles de personas hartas de ajustes y de saber que van a vivir peor cada día que pasa salieron a la calle a gritar que se acabó. El Gobierno responde hoy, sabiendo que el sábado que viene volverán a salir.