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Soldado de Kirchner

El Gobierno argentino encara el inicio de año con una preocupación básica: cómo garantizar unos ingresos fiscales suficientes que permitan hacer frente a los gastos corrientes en época de desaceleración del crecimiento y, además, en un año electoral (legislativas) que reclamará el empleo de cantidades excepcionales. Se anuncian tiempos difíciles, y la pareja presidencial, Cristina Fernández y su esposo, Néstor Kirchner, ha optado, antes que nada, por reforzar el equipo, colocando a personas de total confianza en los puestos clave. El nombramiento más significativo se produjo el último día de año: Ricardo Echegaray, "un soldado de Kirchner" como se define él mismo, o un "pingüino" como se denomina en el mundillo porteño a quienes trabajaron con los Kirchner en la lejana provincia de Santa Cruz, ocupó la presidencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el equivalente aproximado de una agencia tributaria.

Echegaray será el encargado de poner en práctica la polémica ley sobre blanqueo de capitales evadidos que la presidenta anunció el pasado 25 de noviembre, que se aprobó a toda velocidad en diciembre y que supone en la práctica una amplia amnistía fiscal. Según lo anunciado, todo el dinero en moneda extranjera o nacional que se encuentre depositado en el exterior del país (o guardado bajo un colchón) podrá volver a Argentina o salir a la luz sin penalización alguna. Incluso si no regresa, pero se declara, ese capital pagará sólo un 8% de impuestos y quedará "blanqueado".

El dinero que salga a la luz dentro del país pagará el 6% de impuestos si no se invierte, el 3% si se coloca en títulos públicos y el 1% si se destina a la compra de inmuebles o a inversiones agroganaderas o industriales. Los contribuyentes no deberán declarar la fecha de la compra de los activos (incluidos inmuebles) que blanquean y quedan liberados del pago de los impuestos omitidos y de toda acción civil, penal, administrativa o profesional que pudiera corresponder. En el caso de sociedades, abarca a los accionistas y a los profesionales que certificaron los balances.

La idea es dar la batalla, arañando de donde sea, para completar las necesidades de recaudación. Los últimos datos del año, hechos públicos esta semana, admiten diferente presentación, pero no esconden una debilidad estructural importante.

Formalmente, el Gobierno argentino se declara muy satisfecho porque la recaudación en todo 2008, el balance anual, se incrementó en un 34,8% respecto a 2007. Un examen más detallado de las cifras indica que buena parte del aumento se debió a los desorbitados precios que alcanzó la soja en la primera mitad de 2008, lo que lanzó durante un tiempo a la estratosfera las retenciones a la exportación. Lo peor es que en el último mes del año ha habido una caída espectacular de ingresos, marcando, quizá, la tendencia para 2009 o al menos una preocupación muy seria para los próximos meses. Además, buena parte de los analistas económicos señalan que la recaudación de la seguridad social ha experimentado un aumento muy débil, por debajo de la inflación si no fuera gracias a los 930 millones de pesos (unos 270 millones de dólares) de aportes extraordinarios que supuso la nacionalización de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensiones (AFJP).

Ricardo Echegaray se hace cargo, pues, de la recaudación fiscal en un momento de incertidumbre. Abogado de 42 años, padre de tres hijos y funcionario de Aduanas de carrera, Echegaray se vinculó muy pronto a Rudy Ulloa, el chófer histórico de Néstor Kirchner, convertido en potente empresario, y famoso por su lealtad al ex presidente argentino, que le ha encargado tareas difíciles y comprometidas. La última, que cumplió con éxito, fue hacerse cargo de las subvenciones al campo, un sector extremadamente sensible.

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