Actividades extra para todos

El aumento de las extraescolares en España durante las últimas dos décadas es tan abrumador que los autores del mayor estudio sobre estas realizado hasta la fecha —Juan Manuel Moreno, catedrático de Didáctica y Organización Escolar (UNED), y Ángel Martínez, economista investigador en el Centro de Política Económica de Esade— han decidido bautizarlo como Educación en la sombra en España. Las cifras son contundentes: el desembolso de las familias en extraescolares para el curso 2019-2020 llegó a los 1.700 millones de euros, y de entre todos los hogares españoles con hijos en edad escolar, casi la mitad de ellos recibieron clases particulares (47%), tanto en la educación pública (46,5%) como en la concertada (50,1%).

Un informe del Ministerio de Cultura ya estableció en 2009 que el 90% de los alumnos de primaria (6-12 años) dedicaba sus tardes a actividades deportivas, idiomas, música o baile, algo que sigue ocurriendo debido, en muchos casos, “a la falta de políticas de conciliación familiar y laboral”, explica Mari Carmen Morillas, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) Francisco Giner de los Ríos. Para muchas familias, aclara, la única opción de lograr dicha conciliación pasa por apuntar a sus hijos a actividades extraescolares. “Hay niños que entran a las 7.00 al cole, con el desayuno, y salen, si tienen alguna actividad extraescolar, a las 17.30; son horarios que superan incluso los [laborales] de los adultos”. Algo que choca, esgrime, con lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, que España suscribió en 1989 y reconoce su “derecho a jugar y su derecho al ocio, al tiempo libre y al esparcimiento, y es algo que debería respetarse y debería garantizarse”, explica Morillas.

Pero el foco del debate sobre estas actividades está cambiando. Ya no radica tanto en si los niños están sometidos a demasiada carga, sino en la brecha de desigualdad que generan las llamadas extraescolares de refuerzo (clases particulares sobre materias curriculares) en función del estrato social de cada familia. Según la investigación de Esade, tanto en la red pública como en la concertada el gasto medio por alumno de los hogares más ricos triplica al de los hogares más pobres. Desequilibrio que se agudiza (en gasto anual por alumno) en la educación privada, y especialmente en la ESO y bachillerato, etapas en las que el volumen de estudiantes que recibe estas clases supera el 60%. La tipología de estas también muestra segmentación. Mientras las familias con más capacidad de gasto lo dedican, sobre todo, a actividades que amplían y perfeccionan conocimientos (principalmente, idiomas), con el objetivo, indica el informe, de proporcionar ventajas competitivas a sus hijos, las familias más desfavorecidas recurren sobre todo a clases de refuerzo y recuperación que eviten el retraso o fracaso escolar.

Fallos estructurales

Dentro de un buen sistema educativo esto no debería ocurrir. “Los niños deberían tener suficiente con la formación que se da en el colegio”, afirma Ana Cobos, presidenta de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE), “máxime en un país como España, que es uno de los que tienen un mayor número de días lectivos y de horas de permanencia en el centro”. Y, añade, “porque cualquier estudio de psicopedagogía indica que los niños necesitan un tiempo para el descanso, para el juego, para la convivencia con sus hermanos, vecinos y padres”. Esto es un síntoma, a su juicio, de que el sistema educativo adolece de algunas cuestiones.

“Se ha notado un aumento progresivo de alumnos que reciben clases particulares en secundaria y bachillerato, en su gran mayoría de materias curriculares como inglés o matemáticas, y después de la pandemia la progresión ha sido notable”, confirma Esteban Álvarez, presidente de la Asociación de Directores de Secundaria y Formación Profesional de Madrid (Adimad). ¿Cuál es el motivo? “Yo creo que es un fallo estructural en el sistema educativo. Si los alumnos necesitan más horas de las que ya reciben para alcanzar los conocimientos que se les pide, es señal de que no lo consiguen con las horas lectivas, que debería ser lo habitual”. Y achaca esto a dos motivos: que se potencie, en el caso de la educación concertada, el sistema de doble red, algo que considera “una fuente de financiación paralela”, y en segundo lugar, “un claro desajuste entre lo que se les pide a los alumnos y el tiempo lectivo en el que se les facilita el acceso a estos conocimientos”.

Frente a voces que piden mayor exigencia, más necesidad de esfuerzo o temarios más densos, Álvarez contrapone que el número de horas lectivas tiene un límite. “Los alumnos que están en la sección bilingüe, y supone el 40% de los alumnos de secundaria y bachillerato en Madrid, ya tienen 32 horas lectivas a la semana”, advierte. No solo eso. Los estudios establecen que el nivel de atención de los alumnos baja progresivamente según avanza la mañana, y “personalmente considero que más de seis horas continuadas no es aconsejable para los chavales”, añade. Y el necesario refuerzo vespertino aporta más carga. “Más allá de dos o tres horas por la tarde es una barbaridad” porque, considera Álvarez, impide además que los adolescentes tengan otro tipo de actividades más lúdicas, “más propiamente extraescolares [deportivas, artísticas], que les permitan tener un poco de vida y puedan formarse como seres humanos”.

Más inversión

Esta realidad propicia, a su juicio, el problema de desigualdad que describe el informe de Esade respecto al refuerzo extraescolar, y que Álvarez corrobora. “Solo aquellas familias que tienen recursos suficientes pueden afrontar estas clases particulares, mientras aquellas otras que, aun necesitándolo, no pueden acceder a ellas se ven claramente perjudicadas”. Una segmentación que requiere ser atendida si, avisa Álvarez, queremos hablar realmente de educación universal y de auténtica igualdad de oportunidades. “Establecer esas actividades no para completar lo que se debiera hacer por la mañana, sino para solventar dificultades o aprender de otra manera, de forma más lúdica, más motivadora, en grupos más pequeños, sí sería sensato”, y ayudaría a reducir esa brecha.

Algo que requiere voluntad de las administraciones y “una mayor inversión en educación”, apostilla Ana Cobos. No solo para mejorar los dos factores primordiales para una educación de calidad: la formación del profesorado y el número de alumnos por docente y orientador, quizá el gran lastre del sistema educativo español. “Mientras en Finlandia la ratio es de un orientador por cada 250 alumnos, que es la que recomienda la Unesco”, explica la presidenta de COPOE, “en España estamos en ratios de unos 800 alumnos”. Esa mayor dotación presupuestaria también permitiría, explica Esteban Álvarez, potenciar los programas de apoyo que funcionan, con éxito, dentro de la enseñanza pública.

Uno de ellos es el Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) desarrollado por el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas. Planes gratuitos de acompañamiento a alumnos que presentan dificultades en el aprendizaje, tanto en primaria como en la ESO, que se realizan en el mismo centro —responsable de solicitarlo—, y que se materializan en “clases de refuerzo fuera del horario lectivo en las que los niños pueden hacer los deberes con un mentor que los ayuda, en grupos de no más de 10 alumnos”, explica Cobos, quien lamenta que este apoyo no se prolongue en bachillerato al no ser enseñanza obligatoria.

Otro ejemplo de éxito, que Álvarez propone extender a materias curriculares, es el Programa de Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte (IPAFD), financiado por la Comunidad de Madrid y que suele concederse a los centros que lo solicitan. Por un precio anual reducido para las familias se ofrecen a los alumnos clases semanales de una o dos horas sobre diferentes disciplinas deportivas (26 durante el curso 2022-2023), e impartidas por especialistas de las federaciones deportivas madrileñas. Tienen una gran acogida, reconoce el presidente de Adimad, quien a la vista de los resultados del informe de Esade se pregunta: “¿Por qué no un programa público de actividades de este tipo [para disciplinas académicas], que además facilitaría la conciliación familiar en los casos de secundaria y bachillerato? Permitiría que aquellos alumnos que, por cualquier circunstancia, tienen alguna dificultad puedan irla superando”.