España en los programas electorales | Un modelo territorial para después del ‘procés’

Un terremoto político, con epicentro en Cataluña, sacudió la democracia española en el otoño de 2017, y sus efectos siguen condicionando el debate institucional y los programas electorales. La intentona del procés independentista fue desarbolada, legalmente en cuestión de horas —las que tardó el Gobierno en aplicar el artículo 155 de la Constitución e intervenir la autonomía— y judicialmente en cuestión de dos años: en 2019 cinco de los cabecillas de la declaración de independencia fueron condenados por sedición, otros cuatro por sedición y malversación y tres por desobediencia; el resto permanecen huidos de la justicia. Pero ahora queda gestionar el posprocés —sus líderes insisten en que antes o después habrá otro— y aclarar la relación que el Gobierno central debe tener con los nacionalismos en los distintos territorios. Esa cuestión sigue monopolizando el debate sobre el modelo territorial en España que, sin embargo, tiene otros muchos frentes abiertos desde hace décadas: las enormes desigualdades entre comunidades en la prestación de servicios públicos, el déficit en infraestructuras de transporte en algunas zonas o la despoblación del interior.

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Explicaciones Rodríguez: políticas territoriales

Cataluña y las pulsiones nacionalistas

El Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, sostenido gracias a pactos parlamentarios con el nacionalismo catalán (ERC) y vasco (PNV y EH Bildu), se ha pasado buena parte de la legislatura defendiendo sin matices que la única vía para evitar otro procés era “desjudicializar” el anterior y “hacer política”. En función de lo primero indultó en 2021 a los nueve condenados a prisión y reformó en 2022 el Código Penal para intentar rebajar las penas a quienes aún estaban pendientes de juicio, negociando esa reforma expresamente con sus potenciales beneficiarios: los líderes de ERC. En función de lo segundo montó en 2018 una “mesa de diálogo” entre el Ejecutivo y la Generalitat. Pero esa mesa no ha dado ningún fruto y hace seis meses quedó congelada, después de sólo cinco reuniones.

Ahora, el PSOE, aunque sostiene que el resultado de su política ha sido la recuperación de “la convivencia” en Cataluña, ha hecho desaparecer de su programa cualquier referencia a la mesa de diálogo con la Generalitat. El documento para el 23-J recoge sólo una genérica apelación al “diálogo” y a la “cogobernanza” con todas las comunidades. Además, se fija como “objetivo último” el de “constitucionalizar los avances realizados” en materia de “descentralización” del Estado, sin dar detalles ni plazos de esa hipotética reforma de la Constitución.

Mientras, ERC eleva la presión sobre Sánchez —“Si hace cuatro años el precio de la investidura fue la creación de un espacio de negociación, hoy ese precio debe subir”, tuiteó Gabriel Rufián hace un mes— y la patata caliente del regreso a España del prófugo Carles Puigdemont sigue sobre la mesa, aún pendiente de la justicia europea. Mucho más tranquilo ha estado para este Gobierno y los anteriores el frente vasco, donde el PNV hace tiempo que optó por aparcar los órdagos rupturistas —tras el amago del plan Ibarretxe, avanzadilla también fallida del procés catalán— y entregarse a la estrategia pactista aun manteniendo la retórica del nacionalismo. La pulsión nacionalista en otras comunidades —Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra— se ha manifestado en los últimos años, principalmente, en el avance de políticas lingüísticas tendentes a dar mayor presencia a las lenguas cooficiales en la enseñanza y la administración públicas, en ocasiones en detrimento del castellano, sin llegar en ningún caso a la inmersión total que rige en Cataluña y que vulnera numerosas sentencias judiciales.

La bandera del diálogo con la Generalitat que ha enfriado el PSOE en su programa la enarbola Sumar, que define a España como “realidad plurinacional” y “país de países”. La nueva plataforma política, liderada por Yolanda Díaz, puntualiza que los acuerdos salidos de ese diálogo tendrían que ser sometidos a una votación entre los catalanes, aunque no aclara si se está refiriendo a un referéndum de contenido soberanista o solo a una reforma del Estatuto de Autonomía y su correspondiente referéndum de ratificación. El PP se centra en recuperar el delito de sedición, y la anterior formulación del de malversación, en el Código Penal, introduciendo también nuevos delitos para castigar la “deslealtad institucional”. En esa propuesta coincide Vox, un partido con un discurso netamente nacionalista que, para frenar a los otros nacionalismos, defiende además devolver al Gobierno central las competencias plenas en educación, sanidad y seguridad, e ilegalizar los partidos y asociaciones que “persigan la destrucción de la unidad territorial de la nación y su soberanía”.

En cuanto a la política lingüística, la derecha promete “garantizar” que, en los territorios con más de una lengua oficial, el castellano sea vehicular (de uso docente) en la escuela, junto a las otras lenguas; la izquierda no entra en ese debate.

Desigualdades entre comunidades

España es un país sumamente descentralizado, con 17 comunidades autónomas (más Ceuta y Melilla), seis de ellas con lengua cooficial y dos con un sistema de financiación especial —País Vasco y Navarra—. Un Estado en el que la gestión de muchas de las materias que más condicionan la vida de los ciudadanos (sanidad, educación y servicios sociales) está en manos de las autonomías. Son ellas las que, bajo un paraguas de leyes marco comunes, deciden qué presupuesto destinan a cada política y qué medidas concretas aplican para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales.

En 2015, un estudio publicado por la Fundación BBVA y dirigido por el catedrático emérito de la Universitat de València Francisco Pérez García alertaba de las profundas diferencias en la prestación de esos servicios, que “cuestionan el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades en España”. “Las diferencias de gasto por habitante entre comunidades son a veces superiores a las que se observan entre España y otros países de nuestro entorno”, subrayaba el informe.

En este contexto, y con las enseñanzas que dejó la pandemia, el PSOE promete una Ley de Cohesión Territorial que establecería “un marco común para incentivar la cooperación en materia de prestación de servicios esenciales”. Además, quiere “continuar el proceso de desconcentración de sedes de entidades públicas estatales y autonómicas” (que hasta ahora se ha limitado a organismos de nueva creación) y promete “impulsar el debate” para fijar una inversión mínima del conjunto de Administraciones del 7% del PIB en sanidad, del 5% en educación y del 2% en servicios sociales.

El PP aboga por delimitar “con mayor precisión el marco competencial de cada una de las administraciones, evitando los solapamientos innecesarios”, e implantar “indicadores de evaluación” para medir “la eficacia y eficiencia de las distintas administraciones en la prestación de servicios públicos”. Sumar quiere una “segunda descentralización” en favor de los ayuntamientos, y “un plan de acción para el medio rural” con recursos presupuestarios “específicos y continuados”. Y todos los partidos se comprometen a acometer la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde hace una década.

Vox, que acaba de entrar en varios Gobiernos autonómicos en coalición con el PP, aboga por “desmontar el sistema autonómico, poniendo fin a las duplicidades administrativas”, y defiende “un Estado unitario administrativamente descentralizado”, sin detallar en qué consistiría.

En cuanto al déficit de infraestructuras de transporte y comunicación en algunas comunidades, todos los programas recogen mejoras en la red ferroviaria. Los socialistas se comprometen a que la Alta Velocidad llegue a Asturias este año y a Almería en 2026, y a “seguir trabajando” en la conexión de Extremadura. El PP coincide: “Nos comprometemos a impulsar la modernización y mejora de las infraestructuras ferroviarias clave, de forma especial la conexión con Extremadura”. Y defiende “el transporte a demanda desde pequeños municipios a los municipios de referencia”. Sumar cree que el ferrocarril debe ser el “eje vertebrador de España”. Vox promete “unificar” procedimientos para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos “con leyes de ordenación y coordinación”.

Despoblación

La inmensa mayoría de la población española (aproximadamente, 41 de sus 48 millones de habitantes) vive apretada en el 30% del territorio —grandes ciudades y zonas de costa—, mientras el interior se vacía. De los 8.100 municipios, cerca de 5.000 han perdido población en las últimas dos décadas, y el envejecimiento de las zonas rurales se ha disparado un 30%, según datos de la secretaría de Reto Demográfico del Gobierno. En esa España vacía la prestación de servicios públicos básicos se complica enormemente por la dispersión de la población a atender.

Todos los partidos admiten ese problema, aunque las propuestas que ofrecen para resolverlo son bastante inconcretas. El PSOE promete una “cartera de servicios básicos de calidad a menos de 30 minutos del lugar de residencia”, planes de transporte rural “a demanda” para personas con dificultades de movilidad y “líneas de ayudas” para proyectos de bioeconomía en el mundo rural, así como un “plan estratégico” para el impulso de la vivienda rural. El PP plantea una Ley de Desarrollo Rural para “garantizar” los servicios básicos en las zonas más despobladas. Apuesta igualmente por un “proyecto piloto” de fiscalidad específica para los emprendedores del medio rural, la rebaja del IBI por compra de vivienda y una reducción de costes laborales para la contratación en Soria, Cuenca y Teruel. Sumar defiende el “impulso de proyectos” de rehabilitación y recuperación de pueblos abandonados, y, al igual que los socialistas, promete que, “a medio plazo”, “todos los habitantes del medio rural tengan acceso a los servicios esenciales en un tiempo máximo de treinta minutos” de su domicilio. Y Vox promete incentivos fiscales a empresas y “garantizar la rápida conexión de cualquier núcleo rural con servicios públicos básicos como centros sanitarios o educativos”.

PSOE

- Ley de Cohesión Territorial y fomento de la colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas.
- Fomentar la relación entre las propias comunidades. El objetivo último debe ser
constitucionalizar los avances realizados hasta el momento, que vienen a reflejar la
progresiva descentralización del sistema y, paralelamente, el reforzamiento de los
instrumentos de cooperación.
- Aprobar en el plazo máximo de un año un nuevo sistema de financiación autonómica.
- Proponer que la inversión del conjunto de Administración Públicas en Sanidad sea como mínimo un 7% del PIB, en Educación del 5% y en Servicios Sociales del 2%.

PP

- Recuperar el delito de sedición en el Código Penal. Regular otras conductas de deslealtad de las instituciones dirigidas a poner en peligro la paz y el orden constitucional, ya sea mediante la convocatoria de referendos o consultas no autorizadas o maquinaciones dirigidas a socavar el crédito de España en la comunidad internacional. Recuperar la malversación en su formulación anterior a la reforma de 2022.
- Delimitar con mayor precisión el marco competencial de cada una de las administraciones, evitando los solapamientos innecesarios.
- Ley de Desarrollo Rural para garantizar los servicios básicos en las zonas más despobladas.

Vox

- Desmontar el sistema autonómico, poniendo fin a las duplicidades administrativas.
- Devolver al Gobierno central las competencias plenas en educación, sanidad y seguridad.
- Ilegalizar los partidos políticos, asociaciones u organizaciones de cualquier tipo que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía.
- Suspensión inmediata de la autonomía de aquellas comunidades cuyos gobiernos utilicen recursos e instrumentos del autogobierno regional “para atentar contra la unidad de España”.
- Garantizar la rápida conexión de cualquier núcleo rural con servicios públicos básicos como centros sanitarios o educativos.

Sumar

- Impulso de una mesa de diálogo entre el Gobierno del Estado y la Generalitat de Cataluña. Avanzar hacia un nuevo pacto territorial, votado por la ciudadanía de Cataluña.
- Acordar un nuevo modelo de financiación autonómica que incluya un suelo fiscal para prestar unos servicios públicos de calidad.
- Extender la promoción y uso de la pluralidad lingüística al conjunto del España, no solo a las comunidades autónomas con lengua propia.
- Servicios esenciales a no más de media hora. El objetivo de esta medida es que todos los habitantes del medio rural tengan acceso a los servicios esenciales en un tiempo
máximo de treinta minutos. Se trata de un objetivo a medio plazo.

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