La Casa Orsola, la guinda a una década de jungla inmobiliaria en Barcelona

Barcelona lleva una década de desbocado frenesí de compraventas de edificios enteros que derivan en expulsión de vecinos. Primero (y desde mucho antes) fue en el distrito de Ciutat Vella, el más presionado por el turismo, con vecinos mayores e indefensos ante inversores que convertían edificios de calles estrechas de piedras centenarias en hoteles o pisos turísticos. Luego el capital (tanto local como extranjero) saltó al Eixample, la cuadrícula noble de fincas regias y clases medias y medias-altas. El conflicto de la Casa Orsola, comprado por el Ayuntamiento y la fundación Habitat 3 para blindar a sus inquilinos, es el punto álgido de una década de jungla inmobiliaria en la ciudad que también ha disparado la respuesta vecinal, del Sindicato de Inquilinas, y las compras por parte del Gobierno municipal. Está por ver qué impacto tendrá en los fondos de inversión, que, entre las regulaciones del mercado y la contestación, están perdiendo interés. Mientras, a falta de recuento oficial de edificios comprados y vecinos expulsados, sí hay otras Casas Orsola que levantan la mano y testimonios a manos llenas.

Como el de Carme Vidal, jubilada que pide aparecer con nombre falso, harta de líos. Como inquilina, ha pasado dos veces por la compra del edificio donde vivía por parte de fondos de inversión que han echado a los vecinos cuando se les terminaban los contratos. En 2017 fue en la calle de Parlament, cuando la reforma del mercado de Sant Antoni situó el barrio en el ojo del dinero que aterriza en calles peatonalizadas donde las panaderías mutan en bakeries, los bares llaman brunch al desayuno del que se levanta con resaca, y las bodegas se llenan de clientes que hablan inglés. En 2023, a Vidal le pasó lo mismo en Consell de Cent, también reurbanizada y muy cerca de Casa Orsola. Lo que más le duele es que en los edificios donde vivía “nadie quiso luchar y los vecinos buscaron soluciones individuales”. Ella “de milagro” encontró un alquiler que puede pagar del que dice que solo saldrá con “los pies por delante”. Se emociona con el desenlace de Casa Orsola. “Lo que han aguantado tiene mucho mérito... la presión ha sido muy fuerte. Esta gente tiene mucho poder”, dice y sabe de lo que habla.

En el Sindicato de Inquilinas, que en Barcelona nació en 2017, de la mano del tsunami de los alquileres y lucha por la regulación y contra las grietas que los caseros encuentran para esquivarla (como los contratos de temporada), llaman “desahucios invisibles” a las mudanzas no deseadas. El Instituto de Investigación Urbana IDRA, reveló que en la capital catalana y en Madrid un tercio de los cambios de piso de inquilinos lo son. En el Eixample, las asociaciones vecinales han estudiado la magnitud del fenómeno. La de la Derecha del distrito señaló en un estudio que desde 2016 el 20% de las fincas de propiedad vertical ha cambiado de manos (ocho cada año) y que la zona ha perdido habitantes. La asociación de la Izquierda del distrito cuantifica y ha situado en un mapa los 44 los edificios comprados por inversores desde 2017. “Esto no hay Ayuntamiento que pueda comprarlo”, alerta Xavier Riu, de la asociación. “Hay que desincentivar estas maniobras especulativas: topando todos los alquileres, eliminando los beneficios fiscales de SOCIMIS y similares, y manteniendo la obligación de que el 30% de los nuevos pisos sean sociales [una herencia de la ex alcaldesa Ada Colau que el actual edil, Jaume Collboni, quiere flexibilizar excluyendo las rehabilitaciones]”, considera. Solo en 2021, el mismo año que la Casa Orsola cambió de manos, el Ayuntamiento contabilizó 30 transacciones en el Eixample por 260 millones de euros.

La adquisición de Casa Orsola por el consistorio y la fundación Habitat 3, una entidad social que gestiona vivienda social en Cataluña, ha costado 9,2 millones de euros pagados a medias. Ha sido la primera con una fórmula mixta, público-privada. Pero el Ayuntamiento ha comprado viviendas históricamente, una práctica que fue masiva durante los dos mandatos de Colau: para blindar vecinos o para destinarlos al parque público. En total, fueron 1.600 por más de 150 millones de euros, entre pisos sueltos, casas históricas y edificios enteros, casi 50, el mayor de 114 viviendas, comprados con el derecho de compra preferente que tiene la administración. Preguntado el Ayuntamiento, no responde al estado actual de este parque, que en algunos casos tenía que ser reformado.

Las primeras compras de la ex líder de los comunes fueron calificadas por el propio Gobierno municipal de “excepcionales para proteger el derecho a la vivienda”. Fue en 2017. La primera fue un edificio de la calle Leiva “para frenar la venta a un fondo inversor y la expulsión de los inquilinos” vulnerables. La segunda, tres escaleras en Ciutat Vella, a dos pasos de La Rambla, en la calle de Lancaster: 41 pisos en un temerario mal estado, sin cédula de habitabilidad, y cuyos inquilinos tenían contratos fraudulentos: eran presa fácil de echar. La entonces concejal Gala Pin calificaba el momento de “Vietnam inmobiliario”. Jordi Callejo, vecino de la finca, explica que después de años de trámites, los edificios están en obras y los vecinos realojados en viviendas municipales. En 2017 como ahora otras fincas amenazadas reclamaron al Ayuntamiento que las comprara, como la de la calle Entença, frente a la cárcel Modelo, cuando cerró y el mercado inmobiliario de la zona se calentó. Todos sus vecinos acabaron marchándose menos Joan, que tiene contrato indefinido, confirma Iman, una de las vecinas que se fue.

En la comparecencia del viernes para anunciar la compra de Casa Orsola, el alcalde Collboni, preguntado por el futuro de otros tantos respondió que “hay que ir estudiando cada caso”, pero advirtió de que “los recursos son limitados” y apostó por cambios legislativos estructurales que “cambien las reglas del juego”. La presidenta de Habitat 3, Carme Trilla, relató el debate que hubo en el patronato sobre la compra de Casa Orsola, donde los actuales inquilinos no tienen la condición socioeconómica de vulnerables. “Nuestra misión es conseguir vivienda social. Es cierto que [Casa Orsola] no es el perfil, pero si el riesgo de perder las viviendas se puede entender como vulnerabilidad residencial, no lo es de ingresos, pero sí es vulnerabilidad”.

La Generalitat también ha comenzado a comprar paquetes de vivienda a grandes tenedores. En verano pasado el Govern de Pere Aragonès anunció la compra de varios edificios con inquilinos de La Caixa (algunos ahora declarados en huelga), y en noviembre el president Salvador Illa cerró la operación, que será compleja de gestionar y suma 452 pisos. La semana pasada, el Govern socialista anunció la adquisición de 743 pisos al fondo Divarian, la operación “más grande hecha nunca mediante el derecho de tanteo y retracto”, celebró la consejera Sílvia Paneque sobre viviendas ocupadas dispersadas por toda Cataluña en las que hay familias vulnerables, con contrato o sin él.

La lucha y la compra de la Casa Orsola, símbolo de los inquilinos y su confrontación con los fondos de inversión es un hito en las crisis habitacionales que golpean Barcelona periódicamente. Si tendrá consecuencias y de qué envergadura está por ver. De momento, el Sindicato de Inquilinas ha convocado un encuentro de “bloques en lucha” la tarde del próximo lunes 17 frente a la Casa Orsola. La cita coincide con la víspera de la fecha prevista para un desahucio que no se producirá.