Así se vacía de vecinos un barrio de Barcelona

El barrio de la derecha del Eixample de Barcelona sufre una lenta pero constante pérdida de vecinos desde hace 50 años: si en 1970 tenía 71.600 habitantes, ahora tiene 44.000 (y 33.000 camas turísticas o a precios inasequibles para los vecinos de siempre). El Consejo de Barrio de la Derecha del Eixample de Barcelona fue escenario este jueves de la alerta general lanzada por la Asociación de Vecinos (y en particular por los vecinos del número 243 de la calle de Mallorca) sobre la pérdida y la lenta mutación de habitantes que viven de alquiler. La asociación ha presentado la actualización de su Informe de Gentrificación y Vivienda de Lujo en el barrio, que comprende desde la calle de Balmes hasta Nàpols por los lados, y Ciutat Vella y Còrsega por arriba y por abajo. El trabajo constata que de las 607 fincas de propiedad vertical del barrio, 116 (el 20%) han cambiado de manos (o son gestionadas por grandes empresas que ofrecen sus servicios a los caseros) desde 2016, lo que ha impactado en los inquilinos, muchas veces expulsados. Bien porque no se les renuevan los contratos, bien porque suben a un precio que no pueden asumir. Son ocho fincas al año, de media. El mismo informe ofrece la cifra sobre la pérdida de vecinos desde 1970 y la proporción entre éstas 44.000 personas y las 33.000 camas turísticas o “de lujo” que hay: 57% y 43%.

“Se está vaciando el centro de la ciudad. Compra de edificios enteros, finalización de contratos, expulsión de vecinos... Está pasando y todo el mundo mira hacia otro lado, hay como una ley del silencio”, señala el presidente de la Asociación de Vecinos, Jaume Artigues. “Son desahucios invisibles de vecinos”, remacha.

Los vecinos de la finca de la calle de Mallorca, entre el paseo de Gràcia y el paseo de Mercader, de 15 viviendas, han explicado que el edificio fue comprado en julio por parte de “un fondo buitre de apellidos catalanes y otro propietario”. “El edificio tiene mal mantenimiento y no pasa la inspección técnica. Fuimos una presa fácil”, explica la vecina Gemma Tramullas (25 años de alquiler en la finca) en nombre de la comunidad. “De un día para otro, nuestras casas han pasado por varias manos, nuestros pisos aparecen descaradamente anunciados en portales inmobiliarios mientras nos cruzamos con desconocidos que hablan inglés, ruso o francés y visitan los pisos que ya están en obras”, relata lamentando “un proceso colonizador en pleno siglo XXI que destruye vidas y redes vecinales, nos ocupa todo el tiempo y afecta la salud física y mental”. Tramullas ha explicado casos de pisos que el mismo día que se firmaba la compra se revendían a fondos de inversión y aparecen anunciados en portales de Estados Unidos. O lo ocurrido en el ático: “Sufrió un incendio hace cinco años, ha permanecido vacío desde entonces y aparece anunciado por 2,6 millones de euros, un precio que será superior después de las obras”.

Los afectados han lamentado que ellos, los sindicatos de inquilinas y la ayuda mutua “están haciendo el trabajo que deberían hacer los poderes públicos” y han apelado “a la responsabilidad del ayuntamiento, que asegura que impulsa medidas para que los vecinos puedan seguir viviendo en sus barrios”. Y han pedido al Ayuntamiento que medie con la propiedad y que revise todo el proceso: si hubiese podido ejercer la compra preferente de la finca, y si las licencias de obras concedidas son regulares, teniendo en cuenta los déficits del edificio. El concejal del Eixample, Jordi Valls, ha asegurado que toma nota del caso y que analizará todos los puntos que piden los vecinos y les “acompañará”. “Pero no solucionaremos el problema de la vivienda el año 2024″, ha dicho. “No sé si se estudió el tanteo y retracto, yo no estaba, es una buena medida pero no resolverá el problema, el Ayuntamiento no tiene la capacidad de ejecutar todos los tanteos que le llegan a la mesa, depende de los recursos que tengamos”.

“Un ático que sufrió un incendio hace cinco años y permanece vacío y con las paredes negras, aparece anunciado por 2,6 millones de euros”

El trabajo de la asociación de vecinos analiza la casuística de 116 fincas de un solo dueño (y otras 15 sobre las que tienen puesto un ojo) desde 2016: dirección, fecha en la que tuvieron noticia de cambios, quien es el propietario (o sociedad gestora de los alquileres), por cuánto se vendió, la fecha, si se han pedido licencias de obras, cuántos inquilinos había y cuál ha sido el destino de los pisos de los que se han marchado. A veces son todos, otras algunos, otras la información es incompleta. De cada finca, además, incluyen enlaces a anuncios de portales inmobiliarios, inmobiliarias o fondos de inversión que informan de operaciones u ofrecen viviendas reformadas (una a una o reformas integrales) a precios elevados. A veces para comprar, otras son pisos turísticos y otras alquileres de temporada.

La asociación de vecinos aclara que cuando habla de que “la vivienda de lujo forma parte de la especulación inmobiliaria se refiere “a un eufemismo de un mercado muy amplio, donde el lujo está en el precio”. Artigues señala que “los operadores se han diversificado enormemente, comprando propiedades pero también ofreciendo servicios de gestión inmobiliaria sin que suponga cambios en el registro de la propiedad”. “Increíblemente el registro no es obligatorio y lo gestiona el Colegio de Registradores, una entidad privada de derecho público”. El representante vecinal asegura que pueden pasar años hasta que se registra un cambio de nombre de la propiedad. O que otras veces no se conoce el propietario hasta que vuelve a ser vendida. “Es difícilmente controlable gracias a la dejadez de funciones de las propias administraciones públicas, que durante muchos años han defendido el no control de los mercados”, lamenta.

El informe de la asociación vecinal alerta de la “falta de una análisis profunda de la crisis de la vivienda” y lanza propuestas para “combatir los intereses económicos que explotan el sector en perjuicio de la población”. Así, señala la necesidad de una regulación y “mecanismos de control efectivo” de los apartamentos turísticos o de lujo (con contratos de temporada que esquivan la regulación de precios). También pide una revisión de la fiscalidad, al entender que “actualmente beneficia a las sociedades de inversión“, propone crear nuevos impuestos locales sobre cuestiones como el derecho de vuelo o el techo edificable (la capacidad que un edificio tiene de crecer en altura si no ha agotado los metros previstos en el planeamiento).